Este miércoles la Comisión de Constitución del Senado aprobó en general la idea de legislar el proyecto de ley de indulto a los llamados presos de la revuelta.  Con los votos favorables de los senadores Francisco Huenchumilla (DC), Alfonso de Urresti (PS) y Pedro Araya (IND) se alcanzó la mayoría necesaria para que la iniciativa avance a la Sala con informe positivo. En contra se manifestaron los senadores oficialistas Luz Ebensperger (UDI) y Rodrigo Galilea (RN).

Al justificar su voto, la senadora Ebensperger expresó su total confianza en la labor de los Tribunales de Justicia de nuestro país, razón por la que, pese a empatizar especialmente con las madres de los detenidos que expusieron en las sesiones de la comisión, consideró que este proyecto de ley carece de sentido ya que , según expresó, en Chile se ha respetado el Estado de Derecho.

“Creo que lo que la Constitución asegura a todas las personas, tanto en nuestro país como internacionalmente a través de los tratados internacionales, el derecho a manifestarse pacíficamente. No está garantizado el derecho a, en esta manifestación de lo que se quiere dar a conocer, la violencia, ni menos el cometer delitos. No creo que la violencia deba ser validad como una manera legítima de actuar en política pues eso debilita la democracia”, indicó la congresista.

También desde la vereda de quienes votaron en contra, el senador Rodrigo Galilea, explicó que tanto desde la perspectiva de la técnica legislativa como del fondo del asunto, él es contrario a la dictación de una normativa que determine un indulto o amnistía a quienes fueron detenidos en el marco de las protestas sociales iniciadas el 18 de octubre de 2019.

“En Chile existe un pleno Estado de Derecho y se pueden hacer valer todas las defensas que establece la ley”, sentenció el parlamentario.

El senador De Urresti, junto con aprobar la idea de legislar este proyecto, hizo mención a la necesidad de buscar también mecanismos de compensación a quienes sufrieron daños patrimoniales producto de las protestas ocurridas desde octubre de 2019 en las distintas ciudades de nuestro país.

“Creo que esto es un avance, una posibilidad de, efectivamente, resolver una situación que apremia a decenas de familias. Los testimonios desgarradores que escuchamos no solo de sus defensores, sino también de académicos y familiares me llevan a  votar a favor y esperar que tanto en la Sala como en la votación en particular precisemos los aspectos en los que pueda haber dudas como lo han señalado distintos constitucionalistas y penalistas”.

Desde la Democracia Cristiana, el senador Francisco Huenchumilla fundamentó su voto a favor señalando que tanto la amnistía como el indulto son instituciones antiquísimas utilizadas por los gobernantes para restaurar la paz luego de un quebrantamiento del orden establecido. El legislador nuevamente hizo una relación histórica de las leyes de amnistía que se han aplicado en Chile e hizo una comparación de lo ocurrido en octubre de 2019 con la llamada “revolución de la chaucha” de 1957 luego del alza del pasaje en la locomoción colectiva, conflicto que también terminó con la dictación de una ley de amnistía.

Finalmente, el presidente de la instancia, senador Pedro Araya (IND) reiteró sus críticas a la labor del Ministerio Público en las investigaciones no solo en los casos de los presos del estallido, sino en general respecto de la persecución penal. Además, luego de votar favorablemente la idea de legislar, el parlamentario instó al Senado a trabajar en mejorar la técnica legislativa.

“Si este proyecto salta la valla de la votación en Sala del senado, probablemente tendremos que discutir si es un indulto o una amnistía. Este proyecto tiene una mala factura técnica, lo he dicho pública y privadamente, tiene complejidades bastante difíciles de resolver y hay una confusión o trata de entender por indulto general algo que a todas luces es una amnistía que, obviamente, tiene requisitos para su otorgamiento y efectos jurídicos distintos”.

Luego de aprobar la idea de legislar la moción parlamentaria, la comisión discutió los quórums de aprobación. El acuerdo final de la instancia parlamentaria fue que el articulado en general deba ser aprobado con quórum calificado, mientras que en el caso de las normas contenidas en los artículos 4° y 5° , por referir a normas orgánicas constitucionales requerirán el voto favorable de  4/7 de las y los senadores en ejercicio.