Una de las principales consecuencias que ha dejado la emergencia sanitaria del Covid-19 ha sido la crisis económica en lo referido a un aumento en la tasa de desocupación. Según las declaraciones de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) hasta en dos años más no se podrán igualar las cifras de empleo que existían antes de la paralización de actividades que produjeron las medidas sanitarias de la pandemia. Un déficit que repercute mayoritariamente en las mujeres.

Según las proyecciones de la OIT, es más probable que sean los hombres quienes recuperen los niveles de empleos que tenían previo al 2019 en relación a las mujeres, considerando que durante el 2020 el empleo disminuyó 5 por ciento para ellas y 3,9 por ciento en el caso de los hombres. En América Latina y el Caribe la desocupación femenina llegó al 14,3 por ciento durante el 2020, según los datos del organismo.

En Chile la tasa de desocupación cayó a 9,5 por ciento según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) logrando bajar de las dos cifras luego de doce meses. No obstante, la brecha en términos de género sigue siendo consistente, la tasa de desocupación de las mujeres se situó en 9,7 por ciento y la de los hombres en un 9,3 por ciento, decreciendo 2,0 y 3,3 puntos respectivamente.

Si bien la feminización del desempleo y de la pobreza es una realidad previa a la emergencia sanitaria, ésta la ha recrudecido, lo que entraña una contradicción considerando que en el mismo contexto urgió el despliegue de la labor en casa y las atenciones de cuidado que históricamente realiza la mujer. Una situación que lleva a pensar que la superación del desempleo femenino está en clave de reconocimiento del trabajo que efectivamente se ejecuta, pero que no se remunera.

Al respecto, la vicepresidenta de la Mujer e Igualdad de Género de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Karen Palma, sostuvo que la precariedad del empleo “tiene que ver necesariamente con un tema de ausencia de una política de Estado que permita que mujeres puedan reincorporarse a sus trabajos habituales y de los cuales fueron desvinculadas o tomaron la opción de dejar por no tener quién pudiera hacerse cargo de los cuidados en general”.

En ese sentido, Palma consideró relevante avanzar en el reconocimiento del trabajo doméstico en cuanto es necesario terminar con la visibilización que cultural e institucionalmente se tiene de esta labor, sumado al hecho de que la evidencia empírica ha demostrado que esta reivindicación vendría a aportar más riquezas al país.

“Ya hay estudios que prueban que el reconocimiento de la economía doméstica influye directamente en el desarrollo de los países y en un aumento en el PIB pero también hay que decir que lo que hace es equilibrar la cancha porque efectivamente hasta ahora el empresariado solo asigna el trabajo más visible, el que se la asigna principalmente a los hombres que es el trabajo público, pero no asume una carga que debiera asumirse por el empresariado y por el Estado que es ese trabajo invisible, que tiene que ver con los cuidados y con que otros permitan tener las condiciones para entregar fuerza laboral. Obviamente esto impactaría en la economía, en el mercado interno y también entregaría la posibilidad de desarrollo a las mujeres trabajadoras”, afirmó.

Un estudio de ComunidadMujer estimó en $44 billones al año el valor económico del trabajo doméstico y de cuidado que no es remunerado en Chile, lo que demuestra que el aporte de mantener un hogar estaría muy por encima del aporte que hace el sector minero, el comercio, la industria y los servicios financieros y empresariales para la economía del país.

No es aventurado interpretar que las mujeres se han hecho cargo de los flancos que deliberadamente ha dejado al descubierto el Estado y el empresariado. Bajo el marco de la pandemia esto ha significado un duro golpe en las vidas habituales de las mujeres que han debido hacerse cargo de la situación sanitaria de sus hijos, padres y enfermos, señaló Palma.

“Si bien los movimientos feministas y las mujeres han levantado luchas respecto a lo que ha sido el reconocimiento del trabajo doméstico, durante esta pandemia se ha demostrado que no existe una política clara para respetar y poder avanzar en esa materia y que efectivamente el mayor costo se lo han llevado las mujeres trabajadoras, donde no ha existido ninguna condición para la mantención de su empleo y ya lo dicen a propósito de la medición de la pobreza, donde la principal población que hoy día ha sufrido esta agudeza y este retroceso tiene que ver principalmente con las mujeres”, sostuvo.

Para la Coordinadora Feminista 8M la existencia del trabajo no remunerado es parte de la declaración de guerra que realizó el gobierno de Sebastián Piñera hacia los pueblos, pero bajo los esquemas de la vida cotidiana. Culturalmente, es parte del mandato social la división sexual del trabajo que determinó que la labor no remunerada sea desempeñado en gran medida por las mujeres, señaló la vocera Pamela Valenzuela.

“Las mujeres vimos como el sistema del trabajo que existe en Chile y el modelo de empleo no tiene capacidad para poder sostener frente a una situación como la que implicó la cuarentena por Covid. Fueron aproximadamente dos millones de personas las que quedaron desempleadas, más de la mitad de esas fueron mujeres y también como ocurre siempre con el trabajo, el trabajo feminizado es también el más precarizado porque pareciera ser que existe este mandato. Nosotras no lo decidimos así, los trabajos no remunerados son principalmente hechos por mujeres y esto se traspasa al resto de las actividades. Nosotras siempre vamos a ser junto a las disidencias las que tengamos menos salario y peores condiciones de trabajo en comparación a un varón en un empleo formal”, objetó.

En ese sentido, las propuestas de la organización feminista van en la línea de cambiar la forma de organización del trabajo, en cuanto es un modelo que precariza, disgrega, discrimina y que en el marco de la pandemia, con el gobierno de Piñera, fue exacerbado a través de reformas que permitieron el subcontrato, la disminución de salarios, la desvinculación de parte de las empresas, en relación a beneficios sociales insuficientes.

“Debe dejar de existir el Código del Trabajo como existe actualmente y que exista una nueva legalidad en el trabajo, que reconozca y visibilice todos los trabajos, que cuide el empleo, donde el centro este en la vida de los, las y les trabajadores y que la Constitución se erija en términos de cautelar, reconocer y garantizar los trabajos no remunerados, los trabajos de cuidados, el derecho al trabajo digno y el derecho del tiempo para vivir, para el ocio, para el placer y para sostener la vida”, explicó Valenzuela.

De la misma manera, la vocera subrayó en la necesidad de establecer un sistema plurinacional de cuidados que implique una batería de programas y políticas públicas articuladas, donde se reconozcan los múltiples pueblos que constituyen los territorios y que reconozcan la diversa existencia de saberes en lo referido al cuidado.

La iniciativa congelada en el Congreso

El proyecto de ley que busca modificar la Constitución Política para incorporar un nuevo inciso tercero al artículo 19 N°16 del Capítulo III, que reconozca el trabajo doméstico y las labores de cuidado como una actividad económica que crea valor agregado, produce riqueza y bienestar social,-y que fue aprobado de forma unánime en abril de este año por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara- tuvo como antecedente las declaraciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y de la OIT, que sostienen que el desconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados es una forma de discriminación y violencia hacia las mujeres, lo que afecta también a la capacidad de inserción laboral femenina, las brechas salariales y las pensiones. 

No obstante, la iniciativa que se encuentra en la Comisión de Constitución no ha avanzado, señaló la diputada Gael Yeomans, quien presentó el proyecto junto a Karol Cariola, Natalia Castillo, Maya Fernández, Maite Orsini, Camila Rojas, Gabriel Boric y Gonzalo Winter. “Lamentablemente en el Congreso sigue sucediendo esto de que los proyectos de ley no sólo pasen por la Comisión de Mujeres, porque al parecer no se le da la prioridad a esa Comisión sobre los temas que sí son de su competencia y especialidad“.

“Considero que ese proyecto, así como otras iniciativas que permitan hacer frente a la necesidad de reconocer el trabajo doméstico y de cuidado como trabajo, de visibilizarlos y también de avanzar en corresponsabilidad en donde el Estado se haga cargo, son fundamentales para poder hacer frente a la necesidad de aumentar la participación laboral y a los desmedros que sufren las mujeres sólo por el hecho de ser mujeres”, aseveró.

Las labores de cuidado, considera la moción, debe ser considerado como “un derecho para quienes lo requieren y como un trabajo para quienes lo ejercen”.