Dieciséis años tenía José Huenante el año 2005 cuando desapareció luego de ser detenido por funcionarios de Carabineros la madrugada del 3 de septiembre. Un hecho que ocurre en circunstancias que el joven se encontraba bebiendo cerveza con amigos en un sitio eriazo de la población Mirasol en Puerto Montt. Ahí es donde el grupo fue interceptado por tres patrullas de la institución y José es dirigido al vehículo 1375 de la 5ta Comisaria. Dieciséis años han transcurrido de ese día y hasta hoy nada se sabe del paradero del adolescente.

Como es habitual para quienes nacen en condiciones de vulnerabilidad, José tuvo un encuentro temprano con las instituciones. Su infancia la desarrolló en el hogar de menores de la Fundación Mi Casa, entidad colaboradora del Sename y ubicada en la localidad de Pelluco. Al salir de la residencia, sus tíos Jaime Nahuelquín y María Huenante se hicieron cargo de su custodia y mantención. Posteriormente, José abandonó sus estudios y en el contexto de su desaparición, se dedicaba a envasar erizos en una pesquera del puerto.

Posterior al hecho hubo tres años de silencio e inactividad. Según han relatado los familiares de José, Carabineros se negó preliminarmente a recibir la denuncia de presunta desgracia asegurando que lo probable era que el adolescente estuviera “tomando por ahí”. María Huenante, incluso, dio a conocer el hecho que un Carabinero de guardia la obligó a firmar un desistimiento del reclamo que había presentado a quienes no acogieron su denuncia, con la advertencia de que sería detenida en caso que no acatara.

Del mutismo relativo a la desaparición del joven también fue cómplice la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos en cuanto la denuncia comenzó relativamente a mediatizarse durante el 2009. Antecedentes que dejan ver las dimensiones del abandono hacia José.

Al respecto la presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, rememoró el caso considerándolo como uno de los más emblemáticos del país al ser la primera desaparición forzada en democracia, en circunstancias que Chile se jactaba por la salida que tuvo de la dictadura de Pinochet.

“Hablar de José Huenante primero es tremendamente doloroso, es enfrentarnos una vez más a la desaparición forzada  de un niño, de un adolescente de 16 años que ya no es victima de la vulneración sistemática de los derechos humanos pero es victima de la impunidad que se negocia y se transa y que permite que sea tan poco el valor a la vida, al respeto de los derechos humanos que Carabineros de Chile sin ningún pudor, seguramente lo asesinan y luego esconden su cuerpo y hacen toda acción para impedir que aquí se pueda investigar y conocer la verdad”, aseveró.

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El caso de José está colmado de vicios e irregularidades perpetradas por las policías. El año 2009 cuando asume participación la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, se develó que Carabineros había adulterado el kilometraje del auto policial que se llevó al joven mapuche, se modificó el número de detenidos durante esa madrugada de dos a uno y el registro de actividades realizadas entre las 2:15 a las 6 de la mañana, desapareció.

El ex abogado querellante de la familia de José, Luis Correa, señaló que una de las primeras dificultades con las que se encontró al asumir el patrocinio fue la intención de la Fiscalía de inhibirse de la investigación penal para enviar el caso a la Fiscalía Militar.

“Eso no era menor porque era cerrar el capítulo de investigación u homicidio calificado respecto de José y sólo llevar a la justicia militar las falsificaciones de instrumentos públicos, adulteraciones del kilometrajes, del libro de detenidos. O sea Fiscalía Militar lo que hace es abrir esta investigación desmarcándose de alguna manera de la investigación principal”, relató.

Asimismo, se da cuenta de la venta por parte del radiopatrulla 1375 en el cual estuvo el adolescente la última vez que fue visto, lo que constituyó una grave obstaculización al esclarecimiento de la desaparición, señaló Correa.

“Es de manual en un investigador penal que debe haberse levantado el sitio del suceso, haber hecho las muestras de ADN, todas las cosas que son necesarias para dar con los responsables. Hubo mucha complicidad del Ministerio Público con el Ministerio del Interior de esa época”, mencionó.

La dilación de la investigación y las barreras que una a una se fueron encontrando en el proceso dan cuenta de una intencionalidad clara de enterrar los acontecimientos en torno al último destino de José. En eso, hay un consenso relativo a la relación que existe entre las categorías sociales que José reunía y a la falta de acceso a la justicia. Así lo ilustró la abogada de derechos humanos, Karina Riquelme.

“Lo que se ha observado en las investigaciones en donde hay víctimas que provienen del pueblo mapuche o del pueblo chileno pobre es que el Ministerio Público y las policías no tienen la misma rapidez en investigar cuando las víctimas provienen de esos espacios. Es un hecho que se ha visto en distintos casos en que se han denunciado traumas oculares o muertes (…) Esto quiere decir que quienes tienen obligación de entregar ese acceso a la justicia como es el Ministerio Público, como es el Poder Judicial no lo realizan de manera efectiva, existen sesgos clasistas y racistas en esas instituciones que generan que no se produzca un acceso a la justicia eficaz como es la que tiene que realizarse a tiempo”, criticó.

Para Lorena Pizarro, esos sesgos son los que permiten una lógica torcida que determina que la vida de un joven de 16 años en este país valga nada “porque es pobre, porque es de origen mapuche, porque si fuera un joven de otro origen social con más recursos, seguramente se habría investigado y habrían puesto todos los recursos del Estado para encontrarlo”, aseveró.

Para Erika Hennings, presidenta de Londres 38 – espacio de memoria que ha buscado dignificar y relevar el caso de José Huenante por medio de intervenciones públicas- los casos de personas detenidas y desaparecidas en democracia han evidenciado aún más barreras para desarrollar sus investigaciones por parte de las instituciones y una particular voluntad de individualizar los casos que en el fondo, repercuten en toda la ciudadanía.

“Creemos que hay una tremenda deuda y falta de compromiso de los gobiernos sucesivos desde la Concertación pasando por los gobiernos de Piñera, para qué decir, respecto de esta temática de la complicidad con la que se dan los pactos de silencio y con la intencionalidad siempre de restringir o reducir la temática de la desaparición forzada a la víctimas directas o a los familiares, como si fuese una temática privada en consecuencia que nos damos cuenta, año tras año, que afecta al país todo”, lamentó.