Este jueves, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) envió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, el Informe Final de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados respecto de la actuación del Gobierno, en relación con las violaciones de los derechos humanos cometidas a raíz del estallido social.
Así lo informó, este viernes, la propia organización encargada de velar por los derechos fundamentales en el país.
“Dicho Informe constituye un insumo relevante y complementario respecto de los hechos constitutivos de Crímenes de Lesa Humanidad denunciados el día 29 de abril 2021 ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, Comunicación en la que se denuncia al Presidente de la República Sebastián Piñera Echenique y demás autoridades civiles, militares y policiales, por Crímenes de Lesa Humanidad en el marco de la crisis de derechos humanos producida a partir de la denominada “revuelta social”, iniciada en el mes de octubre de 2019. La relevancia del Informe, es que emana de una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, un Poder del Estado distinto al Ejecutivo, autónomo e independiente, que además, es el constitucional y legalmente llamado a fiscalizar los actos del Gobierno”, se lee en un comunicado.
Según la CCHDH, la Comisión Especial Investigadora de la Cámara arribó a las mismas conclusiones que llevaron a la mencionada entidad y las otras tres organizaciones internacionales, a presentar la Comunicación ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Desde la CCHDH indicaron que, a partir de “octubre de 2019 en Chile ocurrieron graves, masivas y generalizadas violaciones a los Derechos Humanos, por lo que no son hechos aislados, excesos o errores puntuales. Estos hechos son parte de una política de Estado, cuyos actos de represión han tenido por finalidad castigar y desincentivar a la población civil que ejerce su legítimo derecho a la protesta”.
“Los actos cometidos por los agentes del Estado investigados constituyen actos ilícitos que, de acuerdo al Estatuto de Roma y a la ley N° 20.357, configuran crímenes de lesa humanidad”.
“Las autoridades (Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique y otras civiles, policiales y militares) que se han señalado como responsables políticos de estos graves, masivos y generalizados hechos, respecto al derecho penal internacional, particularmente el Estatuto de Roma, y en relación al derecho penal local, en concreto la ley N° 20.357, han incurrido en las responsabilidades señaladas en dichas normas, por su participación en estos actos”.
En el comunicado se señala, además, que la Comisión Chilena de Derechos Humanos, en tanto denunciante de estos hechos, coincide con el Informe de la Comisión parlamentaria en cuanto a la necesidad de perseguir y sancionar las graves, masivas y generalizadas vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en Chile, especialmente los crímenes de lesa Humanidad cometidos a partir del mes de octubre de 2019, y por tanto, “nuestra Institución espera que este insumo contribuya a abrir paso a la investigación formal y posterior juzgamiento de Sebastián Piñera y demás autoridades políticas, militares y policiales denunciadas, por parte de la Corte Penal Internacional”.
