Como un acto inédito en la historia de Chile calificaron parlamentarios de oposición que impulsaron el proyecto de nulidad de la cuestionada Ley de Pesca, conocida también con el nombre del entonces ministro de Economía durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera cuando se aprobó la iniciativa en el Congreso, el ex dirigente de la UDI Pablo Longueira.
La comisión unida de Constitución y Pesca determinó por 13 votos a favor, cuatro en contra y una abstención aprobar la propuesta que busca la anulación de la normativa que calificaron como de origen ilícito ya que como quedó demostrado en la investigación judicial, las empresas pesqueras pagaron importantes sumas de dinero a parlamentarios principalmente de la UDI para que legislaran a favor de los industriales, entre ellos Asipes -que involucró a la senadora Jacqueline Van Rysselberghe- y Corpesca donde fueron condenados el ex senador Jaime Orpis y la ex diputada Marta Issasi.
Para uno de los impulsores de la iniciativa, el diputado comunista Daniel Núñez, “acá lo que se está haciendo es que se está anulando una ley que tiene un vicio de origen, una ley que nace de un acto corrupto y que por lo tanto carece de legitimidad para poder ser ley de la República. Y estas no son suposiciones, no son conjeturas. Hoy día en Chile hay dos ex parlamentarios que están condenados por estos actos de corrupción. Uno debería estar preso, el ex senador de la UDI (Jaime) Orpis y si no está preso es simplemente por una leguleyada. Y también una ex diputada, Marta Issasi, también de la UDI, quienes fueron coimeados, sobornados para presentar indicaciones que beneficiara en este caso a una empresa como es Corpesca”.
El legislador criticó la actuación del Gobierno durante el debate del proyecto de nulidad, la que dijo estuvo centrada en “avalar la corrupción”.
“Lo que resulta más escandaloso de la discusión que tuvimos hoy día es que sea el Gobierno a través del ministro (de Economía) Lucas Palacios -ex militante de la UDI- y el subsecretario (de la Presidencia Máximo) Pavéz, también militante de la UDI, quienes haya relativizado estos actos de corrupción”, indicó Núñez.
El parlamentario por la Región de Coquimbo agregó que “el ministro Lucas Palacios tuvo el descaro en la comisión unida de decir que hay parlamentarios que ‘habrían incurrido en actos de corrupción’, es decir, desconoce los propios fallos de la Justicia. Y un Gobierno que relativiza la corrupción la avala y eso es gravísimo”.
Además, Núñez indicó que buscarán generar un acercamiento con la Convención Constituyente para establecer en la propuesta de nueva constitución que sea el Parlamento el que pueda anular una norma cuando se demuestre que su origen está vinculado con hechos ilícitos.
“Queremos hacer un diálogo desde el Congreso con la Convención Constitucional porque creemos que lo que hemos hecho también es un precedente muy importante para la redacción de la nueva constitución. Cuando hay leyes ilegítimas, cuando hay leyes nacidas de actos de corrupción, debe haber mecanismos constitucionales para anular”, concluyó el diputado.
Ahora el proyecto deberá ser revisado por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados para continuar su trámite legislativo.