A un año del fallo que decretó el cierre de la mina Pascua Lama, la comunidad del Valle del Huasco vuelve a advertir graves vulneraciones por parte de la empresa Barrick Chile a la provincia. Esto en cuanto las operaciones de la faena han continuado posterior al decreto de clausura. Se acusa además que en la actualización del plan de cierre, la compañía pretende reintegrar las aguas contaminadas a los ríos y afluentes.
El proyecto ha sido sometido a la férrea oposición de los habitantes de la provincia al evidenciarse por años la grave contaminación que provocó en los cauces de agua producida por la extracción minera. Por este motivo es que en septiembre del 2020 el Tribunal Ambiental decretó el cierre definitivo de la mina. Pese a esa deliberación, hoy la Asamblea por el Agua del Huasco Alto vuelve encender las alertas.
El motivo radica en que la empresa pretende incorporar en el plan de cierre una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el mes de octubre proponiendo un estudio del funcionamiento actual de los caudales y la calidad del agua de las altas cuencas con miras a restituirlas de manera natural a los ríos y afluentes sin considerar su alta contaminación.
Al respecto la ex vocera de la asamblea y ahora convencional constituyente del distrito 4, Camila San Juan Standen, señaló que con esto Barrick Chile se desentiende del compromiso adoptado en la RCA del 2006 en la que se disponía un monitoreo de las aguas durante cien años. Ahora la empresa busca irse sin realizar la inversión de tratamiento, acusó la representante de la comunidad.
“La empresa está postulando y diciéndoles a las comunidades que todas las aguas que hoy día sabemos que se producen del proyecto, que se contaminan por la intervención que ya hizo de tan solo un 1% de los estériles que están ahí, del rajo que ya hizo, no provoca contaminación, cuando en su RCA original ellos decían que la intervención que iban a provocar iba a durar más de cien años, y estamos de acuerdo, no se hizo el proyecto en su magnitud total pero lo que ya hicieron nos contaminó y esa intervención va a seguir por años. Incluso nosotros seguimos sosteniendo que va durar los cien años que ya declararon“, acusó.
Pese a que los tratamientos de agua realizados por la empresa han sido estériles en términos del alto impacto ambiental que ha repercutido en la provincia y en la salud de los habitantes del Huasco, la constituyente aseveró que no se puede permitir que la empresa se vaya lanzando el agua contaminada a los afluentes y sin hacerse cargo de la contaminación.
Constanza San Juan, convencional de la Asamblea Constituyente Atacama.
A esto se suma una interpelación a la empresa por la vulneración del fallo del Tribunal Ambiental al continuar con las intervenciones en el ecosistema y no materializar el cierre de la faena. Se acusa la realización de 13 sondajes entre noviembre del 2020 y mayo del 2021 en la misma zona de tajo, sumamente dañada por la mina. Por esta situación la asamblea interpuso un recurso de protección que no llegó a buen término en la Corte de Apelaciones de Copiapó, sin embargo, aseguró San Juan, “se recurrió a la Corte Suprema y eso está caminando”.
Al respecto el vocero de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto, John Meléndez, consideró incomprensible que la empresa haya continuado con la intervención de la zona.
“El fallo cuando se declaró el cierre total de Pascua Lama a nuestro entender lo que dijo la Superintendencia es que ese lugar es muy frágil y está tan intervenido que no da para más intervenirlo entonces no entendemos cómo ellos de nuevo hacen 13 sondajes donde está toda la sensibilidad de los glaciares que ya están contaminados, con tierra y polvo y que hay caminos alrededores donde ellos volvieron a meter maquinarias, 13 sondajes, 13 plataformas y todo lo que implica el movimiento de camiones, de todo lo que es asociado a estos sondajes”, sostuvo.
Las intervenciones lograron ser descontinuadas una vez que intervino el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (SERNAGEOMIN) al cursar una multa a la empresa. No obstante las operaciones que se continuaron encuentran asidero en las disposiciones de la actual Constitución, señaló San Juan, en la medida que Barrick arguye que “al ser dueño del suelo y como el Estado no le ha expropiado, ellos pueden seguir haciendo sondajes y exploración cuando y como quieran”.
“Eso a nosotros nos parece algo que es inentendible, incomprensible, porque eso está vulnerando el fallo y no puede ser que la empresa se sostenga en el Código Minero, en la Constitución para seguir en la impunidad y seguir dañando a las comunidades. Esas son cuestiones importantes que estamos poniendo o pretendemos poner en los contenidos que se vienen en la nueva constitución en cuanto a que el subsuelo sea entendido como un bien común y que aquí las pertenencias mineras no pueden ser entregadas a perpetuidad como también ocurre con el agua y tienen que haber lugares protegidos sobre todo en las grandes cumbres donde están los glaciares y donde nacen los ríos”, aseveró.
Por otro lado, Meléndez añadió que Barrick continúa entregando dinero a la comunidad como una señal que se ha interpretado por la asamblea como un método para captar la fidelización de los habitantes con la compañía. Una estrategia permanentemente cuestionada por las organizaciones medioambientales dado que daña y fragmenta el tejido social de los movimientos.
“Barrick sigue haciendo lo mismo que hizo cuando llegó que es dividir a las comunidades entregando estas platas, de alguna manera plata fácil porque cualquier persona que postule se la dan, entonces lo que genera es división social como siempre lo ha hecho, más allá que digan que está dentro de sus compromisos, que siguen siendo un vecino para la comunidad pero, para nosotros siguen haciendo división con este proyecto incluso estando en el plan de cierre”, criticó.
Finalmente la asamblea exige a la Superintendencia de Medioambiente y a SERNAGEOMIN, entes de gobierno encargados de ejecutar la clausura por mandato del Fallo del Primer Tribunal Ambiental, a que efectúen el cumplimiento de la decisión de la justicia “siguiendo su espíritu de resguardo estricto de las comunidades y ecosistemas, y en diálogo permanente con las comunidades”, redactan en su declaración.
“La empresa ha dicho que se va demorar cinco años en concretar el cierre pero este proceso tiene que ser participativo con la comunidad. No puede ser que de nuevo el Estado le entregue la facultad a una empresa que ha sido criminal y que ha quedado al descubierto, no puede ser que ellos mismos sean quienes entreguen las soluciones. Necesitamos un Estado fortalecido, que fiscalice, que sea protagonista también en ejecutar los fallos y las sentencias, y que de verdad dé seguridad a las comunidades porque no sacamos nada con tener fallos buenos para las comunidades y su buen vivir si no se cumplen“, concluyó San Juan.
