A raíz de la pandemia del coronavirus fue que en tiempo récord el Congreso tramitó la ley 21.220 que regula la modalidad de trabajo a distancia y el teletrabajo, cuya entrada en vigencia comenzó a partir de abril del año pasado.

Un hecho que ha significado un cambio de paradigma en el entorno laboral, donde empresas y trabajadores han tenido que adecuarse para cumplir sus funciones de manera remota, dada la situación sanitaria.

Sin embargo, esta nueva modalidad aún tiene desafíos pendientes que resolver a más de un año de entrada su vigencia.

La presidenta de la Federación de Trabajadores de Call Center y dirigenta de la CUT, Tamara Muñoz, acusó irregularidades en la aplicación de la iniciativa. Esto, porque “lo que permitió fue un chantaje y un abuso permanente de los empleadores”, puesto que ha conllevado a “rebajar muchas condiciones de los trabajadores, asumir los costos en la implementación tanto en herramientas de trabajo como en los costos operacionales del teletrabajo”, aseveró.

Además, Muñoz apuntó a un estudio realizado elaborado por el Instituto de Estudios Laborales de la CUT en la que se demostró que había “trabajadores que tenían asignaciones de colación o de locomoción que fueron cambiadas por bonos teletrabajo”, agregando que “entonces, lo que nosotros logramos constatar es que aquí hubo un ahorro de las empresas y aumentaron sus utilidades a costa de los trabajadores”.

Por otro lado, la líder de la FETRACALL indicó un menoscabo a la labor sindical, dado que se privilegiarían acuerdos individuales por sobre los colectivos.

“Ha sido bastante difícil hacer sindicalismo cuando una de las partes de la ley señala que los empleadores deben posibilitar que exista organización sindical, que a los trabajadores deba permitírseles ir a las empresas, pero eso tampoco ha ocurrido hoy en día. Entonces, tienes una ley que dice muchas cosas y otorga derechos, pero que no tiene piso para cumplirlas”, expresó Muñoz.

Por lo que apuntó la responsabilidad a la Dirección del Trabajo por no realizar las fiscalizaciones suficientes para evitar esta problemática.

En el Gobierno, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, enfatizó en que el teletrabajo llegó para quedarse, aunque también reconoció la necesidad de que la nueva ley se aplique correctamente.

“En el primer año de vigencia de la ley la Dirección del Trabajo solo recibió 300 denuncias de parte de trabajadores por eventuales incumplimientos a la normativa. Para este segundo año la DT ha dispuesto a partir de este mes de septiembre un plan nacional de fiscalización de oficio. Esto quiere decir que, no obstante, no existan denuncias de parte de trabajadores, la DT realizará controles y fiscalizaciones de manera aleatoria”, expresó la autoridad.

Asimismo, Arab remarcó que “esta ley es muy importante que se cumpla, que trabajadores y empleadores conozcan sus derechos y que se respeten, por ejemplo, el costo del teletrabajo, como el pago de internet, es de cargo del empleador y si hay alguno que no está cumpliendo con la normativa, los trabajadores deben denunciarlo ante la Dirección del Trabajo”.

Para el sociólogo y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Giorgio Boccardo, las irregularidades en el cumplimiento de la ley de teletrabajo se deben en parte a aspectos que, comparado con otros países, la legislación chilena deja “muy a nivel general en términos de regulación”.

En el caso del pago de los insumos el también investigador de la Fundación Nodo XXI expresó que “pese a que hay indicaciones después en el reglamento de la ley que se establecieron posteriormente, hay muchas que quedan en la ambigüedad. Las cosas más obvias pueden ser tu computador, la cuenta de internet, tu celular, pero también está la cuenta de la luz, el agua, cuando estás en tu casa por ejemplo requieres de calefacción adicional, esos elementos finalmente lo que estaban haciendo algunas empresas era ofrecerte un bono de cinco mil, diez mil pesos para los gastos extras que siempre lo ajustaban al mínimo”.

En ese sentido, Boccardo mencionó que las empresas no se han hecho cargo de ofrecer y financiar un puesto de trabajo “seguro y ergonómico”. “Eso implica no solo el pago de las cuentas, sino que también tú tengas herramientas ergonómicamente testeadas y condiciones en tu hogar que te permitan ejercer con los criterios que el propio Instituto de Seguridad Laboral establece para un puesto de trabajo”, afirmó.

Una situación de precariedad que estos últimos dos años está generando un aumento de las enfermedades laborales físicas y mentales, de acuerdo al académico.

De modo que, pensando en el período post Covid-19, destacó la importancia de que la normativa sea profundamente revisada y esgrimió la opción de que incluso se pueda implementar una jornada un poco más reducida, con más responsabilidad de las empresas que la aplican y con mucha capacidad de fiscalización.