La tarde de este jueves, la Contraloría General de La República informó que no tomó razón del Decreto 249 con el que el Gobierno pretendía integrar a las Fuerzas Armadas a las tareas de prevención y orden público en la Macrozona sur. Esto, debido a la inconstitucionalidad de la medida.

“La Contraloría General de la República representó (no tomó razón) por inconstitucional el Decreto 249 enviado por el Ejecutivo este jueves 30 de septiembre, que buscaba autorizar a las Fuerzas Armadas para cumplir labores de prevención y control de orden público en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco”, se lee en un comunicado del organismo.

En el texto se argumenta la inconstitucionalidad de la medida debido a que en la Carta Fundamental vigente las tareas de orden recaen, exclusivamente, en las policías.

“De acuerdo a la Constitución Política de la República, dichas labores están a cargo exclusivamente de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. En virtud de tal disposición, no es posible autorizar mediante un decreto labores de prevención y control de orden público a las Fuerzas Armadas, existiendo otras vías institucionales para dicho objetivo”.

Todo esto ante el documento del Gobierno que señala, en su artículo primero, que “autorízase la colaboración de las Fuerzas Armadas para apoyar a las autoridades civiles competentes y a las policiales en relación a actividades que se vinculen con la prevención del porte, la tenencia y el tráfico ilícito de armas de fuego, la criminalidad organizada, el narcotráfico y el terrorismo”.

Con esto, La Moneda sufre un revés respecto de su política contra la violencia en La Araucanía.