Una vez más las gestiones empresariales del Presidente Sebastián Piñera lo colocan en la mira, esta vez por la vinculación con el proyecto de Minera Dominga, de la que fue parte como propietario de Andes Iron que pretende construir el proyecto en el sector norte de la comuna de La Higuera a través de Mediterráneo Fondo de Inversión.

Según publica el medio electrónico Ciper Chile, Piñera y su familia estuvieron involucrados con la iniciativa a través de la empresa gestionada por Administradora Bancorp, que controlaba un tercio de la propiedad de Minera Activa Uno Spa, dueña de Minera Dominga.

La publicación de Pandora Papers donde se dan a conocer más de 11 millones de documentos de los negocios en paraísos fiscales por parte de líderes mundiales, señala que parte de la triangulación entre Piñera y Délano se hizo precisamente en un paraíso fiscal, las Islas Vírgenes, negocio que reportó a los inversionistas incluyendo al mandatario chileno ganancias del mil por ciento en 18 meses.

Ante la revelación periodística, desde el mundo político surgieron las críticas a la gestión del Presidente Piñera. Uno de ellos fue el diputado de Renovación Nacional Jorge Durán, quien declaró que lo conocido durante esta jornada “genera muchas dudas e incertidumbres. Por lo mismo, es importante aclarar y despejar toda duda si existe o no existe algo ilegal o irregular en esta famosa venta”.

Sin embargo, el ministro vocero de La Moneda, Jaime Bellolio, sostuvo que “no hay nada nuevo”.

“Todos estos hechos fueron conocidos en su minuto por la Fiscalía, por los tribunales y quedó absolutamente claro que fue hecho en regla en la legislación chilena y que además el presidente Piñera no había tenido ninguna participación”, sostuvo Bellolio.

El ministro agregó que “es de público conocimiento además que el año 2009 el Presidente se desliga además de sus empresas y de sus inversiones y el 2010 hace un fideicomiso ciego. Luego, la venta de Dominga se produce en 2010 y esto fue investigado a raíz de una denuncia que hace a la Fiscalía un diputado del Partido Comunista y que finalmente tanto el fiscal como los tribunales tanto en la Corte de Apelaciones como en la Corte Suprema fallan que esto estaba ajustado a la ley”.

Desde la oposición en tanto varios parlamentarios coincidieron en que estudiarán el mérito de una acusación constitucional contra el jefe de Estado, considerando que colocó sus intereses económicos pasando por alto la institucionalidad del país.

“El Presidente Piñera usa la institucionalidad del Estado en beneficio propio, en este caso para incrementar su abultado patrimonio, su enorme fortuna. Porque hace poco más de un mes se convocó a una sesión extraordinaria de la comisión ambiental de la Región de Coquimbo precisamente para aprobar este proyecto cuando no había ninguna necesidad, ninguna urgencia y esto confirma que se hizo para favorecer directamente al Presidente de la República en términos personales”, comentó el diputado Marcelo Díaz .

El legislador agregó que “la gravedad de esta situación amerita evaluar todas las alternativas, incluida una acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera”.

En ese mismo sentido se refirió la diputada Marcela Sandoval, quien indicó que “Piñera nos tiene acostumbrados que sus intereses económicos están encima de todo. Ahora nos enteramos de conflicto de interés, evasión tributaria y además desprotección ambiental poniendo en riesgo uno de los ecosistemas con mayor diversidad del mundo como es el archipiélago de Humboldt y exponiéndola a una de sus operaciones económicas relacionada con la minera Dominga”.

En tanto, el diputado demócrata cristiano Gabriel Silber, comentó que es altamente grave que el Presidente Piñera haya sujetado la aprobación de un permiso ambiental a una operación económica de la cual participaba o tenía interés de carácter directo. Esto pone en entredicho la independencia de la autoridad del Presidente de la República y en consecuencia, desde la oposición vamos a pedir máxima transparencia respecto de las actuaciones de el Presidente Piñera, su familia o quienes lo representen en cuanto al proyecto Dominga y no nos vamos a inhibir de ninguna acción de fiscalización, ya sea desde una comisión investigadora o incluso a analizar el mérito de una acusación constitucional”.

(Imagen: Presidencia de la República)