Los datos de la cláusula para la venta de la propiedad en manos del Presidente Sebastián Piñera a Carlos Alberto Délano por Minera Dominga, no fueron conocidos en la indagación realizada en 2017 y que impulsó el fiscal Manuel Guerra, situación por la cual el mandatario fue sobreseído de esa causa iniciada con la querella que presentó en la época el diputado comunista Hugo Gutiérrez.
Dicha condición establecía que para el traspaso no debía declararse de exclusión la zona donde se emplazaría el controvertido proyecto minero que espera ser emplazado en la comuna de La Higuera en la Región de Coquimbo y por la cual se realizó un pingüe negocio entre el jefe de Estado y su amigo empresario y dueño hasta hace algunos años del Grupo Penta, el cual fue sellado en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes.
Para el diputado Marcelo Díaz, “la información que hemos conocido ahora que el contrato original establece la venta de la parte de la familia Piñera de la Minera Dominga incluía esta famosa cláusula que establecía que el tercer pago se haría efectivo siempre y cuando no se protegiera ambientalmente a Punta Los Choros, a Los Choros y la Reserva Pingüino de Humboldt, es de tremenda gravedad y amerita que la Fiscalía haga lo que tiene que hacer: investigue penalmente si se cometieron acá delitos”.
A eso agregó que esto “reafirma la pertinencia de manera definitiva de la acusación constitucional que presentaremos contra Sebastián Piñera”.
Para el diputado DC Gabriel Silber, “esto echa por tierra el principal argumento del propio Presidente señalando que estos antecedentes, la existencia del contrato ya era conocida por parte de la justicia. En consecuencia, si este tema ya era grave, hoy día es gravísimo tener a la primera autoridad de la República investigada por un eventual cohecho”.
Silber coincidió en que la acusación constitucional contra el Presidente Piñera “toma más fuerza que nunca”, subrayó.
En tanto, el diputado por la Región de Coquimbo, Daniel Núñez, consideró que esta “revelación es muy importante y que abre nuevas perspectivas y la justicia debería entonces reabrir la investigación penal o generar una nueva contra Sebastián Piñera, ya que el juicio que lo absolvió no contaba con todos los antecedentes que hoy se conocen”.
El legislador comunista indicó que “los delitos de cuello y corbata, los delitos que comete gente poderosa, con poder político o económico, son gravísimos y no pueden quedar en la impunidad. Por eso es que esto refuerza también, la importancia que tiene, la trascendencia de la acusación constitucional que los diputados y diputadas de oposición estamos impulsando en la Cámara”.
Mientras, desde Renovación Nacional el diputado Jorge Durán sostuvo que “se debe investigar caiga quien caiga”. “No es posible que se haga vista gorda de antecedentes tan complejos para la transparencia y la democracia de nuestro país”, recalcó.
