En el marco de la segunda conmemoración del llamado estallido social, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) se refirió públicamente al balance en materia de derechos humanos en estos dos años.
Según se lee en el texto del comunicado difundido este 16 de octubre, la institución estima que las “justas y legítimas demandas que multitudinariamente se expresaron a partir del 18 de Octubre, aún no son escuchadas. Aún persiste el abuso institucionalizado, la grosera desigualdad y un modelo político y económico incompatible con los derechos humanos, a la vez que continúa la falta de credibilidad en las instituciones”.
Además, señalan, se ha mantenido la represión policial con consecuencias graves en la integridad física de los manifestantes. “Cabe tener presente que la última víctima de trauma ocular, se produjo por el accionar de Carabineros, en contra de Cristián Millapán, el 24 de abril del presente año”.
Por otra parte, la Comisión también criticó la gestión del Gobierno en materia sanitaria al afirmar que salvo el proceso de vacunación, “la estrategia sanitaria respondió más a resguardar los intereses empresariales que a la debida protección del derecho a la Vida y la Salud de los habitantes de nuestro país, provocando miles de muertes que pudieron haberse evitado”.
En el documento, los dirigentes de la CCHDH se refirieron también al balance dado a conocer el viernes por el Instituto Nacional De Derechos Humanos que señala que de las 3.072 querellas presentadas, sólo 4 han recibido sentencias condenatorias, y ninguna representó una condena de cumplimiento efectivo en cárcel para los agentes del Estado acusados.
“A su vez, el comportamiento asimétrico de los órganos mandatados por ley para investigar y administrar justicia, esto es, el Ministerio Público y el Poder Judicial, se expresa en la permanencia aún –en inaceptables condiciones carcelarias- de casi un centenar de jóvenes privados de libertad con ocasión de la revuelta social, producto del abuso de la prisión preventiva, la vulneración de la presunción de inocencia y las formalizaciones arbitrarias, entre otras trasgresiones al derecho al debido proceso. También ha afectado la invocación abusiva de la Ley de Seguridad del Estado por parte del Ministerio del Interior, en su afán de perseguir y castigar a quienes legítimamente expresaron su rebeldía durante el estallido social. Sin embargo, a pesar de su urgencia ética, jurídica y social, el Proyecto de Ley sobre Indulto General que persigue otorgarles su libertad, poniendo término así a dichas graves violaciones a sus derechos humanos, sigue estancado en el Senado injustificadamente”.
La institución indica que, debido al escaso e incluso nulo avance en los procesos judiciales por violaciones a los DD.HH., presentaron junto a otras organizaciones internacionales una denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en orden a que se investigue y determine la responsabilidad penal del Presidente de la República, Sebastián Piñera y otras autoridades políticas y policiales, en la comisión de crímenes de Lesa Humanidad ocurridas durante la revuelta social.
“Un reciente Informe de una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, concluyó que los crímenes contra la Humanidad cometidos, obedecían a una política de Estado. La reciente acusación constitucional deducida en contra del presidente de la República, y la investigación iniciada por el Ministerio Público en su contra, por hechos constitutivos de delitos asociados a la compraventa de la Minera Dominga, no hacen sino confirmar el fundado cuestionamiento que tanto a nivel nacional como internacional, se le hace a quien detenta el cargo de mayor responsabilidad en el país”, se lee en el texto.
A la vez, el documento también hace referencia al reciente Estado de Emergencia decretado por el Gobierno en la Macrozona Sur, y asevera que éste “resulta contrario a los lineamientos y directrices señalados por los organismos internacionales para enfrentar el conflicto mapuche. Sólo la negociación y el diálogo que permita satisfacer las justas reivindicaciones territoriales del pueblo mapuche así como el establecimiento de un Estado Plurinacional, permitirán que la Paz en la zona se cimiente en bases sólidas y duraderas”.
La CCHDH manifestó sus expectativas respecto del proceso constituyente iniciado de modo que pueda sentar “las bases de una convivencia democrática entre todos los habitantes del territorio nacional, fundado en el respeto y garantía de los derechos humanos, que es la demanda mayoritaria expresada durante la revuelta social”.
“Para ello, la Convención Constitucional, como órgano del Estado, tiene el deber de redactar el nuevo texto constitucional teniendo como marco referencial obligatorio, los derechos humanos contemplados en los diversos tratados internacionales sobre la materia, suscritos y ratificados por el Estado de Chile, en virtud del principio de Derecho Internacional que impone a los Estados la obligación de cumplir lo pactado so pena de incurrir en responsabilidad internacional”.
La Comisión a la vez hizo un llamado a los manifestantes a ejercer su derecho de manera pacífica y “sin aceptar provocaciones de la represión estatal. No queremos que aumente la larga lista de víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas en estos dos años”.
Finalmente, el documento expresa la inquietud de los miembros de la Comisión respecto de la “la explosiva proliferación y normalización creciente, de los discursos negacionistas, xenófobos y neofascistas, a cuyos cultores, -incluidos algunos que ocupan cargos de elección popular ó aspiran e ellos-, se les da tribuna permanente en los medios de comunicación masivos, bajo el pretexto de respetar la libertad de expresión”
“Dichos discursos, no sólo son contrarios a los principios y normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que el Estado de Chile se encuentra obligado a respetar, sino que además, contrarían los anhelos y sueños mayoritarios de quienes aspiran formar parte de una convivencia democrática fundada en el pleno respeto y garantía de los derechos humanos, única forma de alcanzar la Paz social y la plena Dignidad de cada uno de sus integrantes”, concluyen.
