La alimentación es un derecho humano, y así fue proclamada en la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948). Bajo esa premisa, desde marzo de este año, el Grupo Transdisciplinario para la Obesidad de Poblaciones (GTOP) de la Universidad de Chile, junto al apoyo de académicos y académicas de diferentes disciplinas de la Casa de Bello, elaboró una serie de instancias de diálogo y reflexión que tuvo como objetivo final generar una propuesta que contemple el derecho a la alimentación en la nueva Constitución.

El documento establece una propuesta concreta en torno a cómo debiese quedar consagrado este derecho en el nuevo texto constitucional, que ya se está comenzando a debatir al interior de la Convención, específicamente, en la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico.

Así, desde el GTOP se propone que la nueva Carta Magna considere que “toda persona tiene el derecho fundamental a una alimentación inocua, saludable y sostenible, que cubra sus necesidades biológicas, nutricionales, culturales y sociales. El Estado tiene el deber de garantizar en forma progresiva, continua, permanente y con equidad de género, la disponibilidad y el acceso físico y económico, a alimentos que satisfagan este derecho, así como el ejercicio de la soberanía alimentaria de los pueblos”.

El texto también agrega que “los elementos que lleva implícito este derecho se resumen en los conceptos de seguridad y soberanía alimentaria, haciendo referencia a la disponibilidad y acceso económico y físico a alimentos saludables, inocuos, y nutritivos, pero también a que las decisiones productivas y de consumo sean soberanas de los pueblos”.

Esta propuesta constitucional fue dada a conocer en un conversatorio organizado por el GTOP junto a la Unidad de Redes Transdiciplinarias (VID) de la Universidad de Chile. La actividad se realizó este jueves 28 de octubre, y contó con la presencia del Rector de nuestro plantel, Ennio Vivaldi; Zoila Bustamante, presidenta de La Corporación Observatorio del Mercado Alimentario (CODEMA); Florián Flores, presidente de la Asociación de Ferias Libres; Francisca Rodríguez presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales; y un grupo de convencionales, a quienes se les hizo llegar el documento para ponerlo a disposición del órgano constituyente, como un aporte de la Universidad de Chile al debate que se iniciará en torno a este importante tema.

Lorena Rodríguez, académica de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile e integrante del GTOP, comentó la relevancia de abordar la cuestión alimentaria que hoy no cuenta con ningún tipo de garantía constitucional. “La idea de este conversatorio fue discutir un derecho que no existe en la actual Constitución y la tremenda necesidad que tenemos de abordar nuestros problemas alimentarios y nutricionales. Estamos hablando de sistemas alimentarios, de un conjunto de actores y actrices de una gran cadena que contribuyen a que nuestra población tenga mayor bienestar y calidad de vida”, señaló.

Por su parte, el Rector Ennio Vivaldi destacó la importancia de abordar el tema alimentario bajo una mirada transdiciplinaria. “Creo que hay pocos ejemplos más elocuentes de la necesidad de este enfoque transdisciplinar que el tema nutricional. Esto va desde las imposiciones que se hagan a las industrias productoras de alimentos, a iniciativas legales muy importantes, como el etiquetado que advierte a la población lo que está consumiendo. Pero también está toda la dimensión sicológica y sociológica que está involucrada en lo que las personas piensan, las parte médica, y un largo etcétera de factores”, indicó.

Esta propuesta constitucional fue dada a conocer en un conversatorio organizado por GTOP junto a la Unidad de Redes Transdiciplinarias (VID) de la Universidad de Chile.

En tanto, Francisca Rodríguez, representante de la Asociación de Mujeres Rurales, expuso la necesidad de resaltar la dimensión de la soberanía alimentaria. “Cuando definimos soberanía alimentaria, la definimos como un derecho. No puede haber derecho a la alimentación si es que no hay soberanía alimentaria. Es un principio que los campesinos y campesinos estamos dispuestos a defender. La soberanía alimentaria es una filosofía de vida”, afirmó.

Zoila Bustamante, dirigente de La Corporación Observatorio del Mercado Alimentario (CODEMA), comentó por su parte que “es importante que quede plasmado el derecho a la alimentación saludable, porque de afuera llegan productos baratos que se entregan a los niños en los colegios, a adultos mayores, pero de mala calidad”.

Visión de los y las constituyentes

En la actividad participó un grupo de convencionales, quienes expusieron sus diferentes puntos de vista respecto a cómo se debería abordar este tema dentro de la amplia gama de derechos que se empezarán a discutir. Si bien, según el índice establecido en el reglamento, la situación alimentaria será vista por la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, no se descarta que también pueda ser incluido dentro de los derechos fundamentales. En ese plano, para los y las convencionales presentes claramente se debe hablar de la alimentación como un derecho.

Eric Chinga, constitucional diaguita de escaño reservado, destacó que el derecho a la alimentación debe asegurar alimentos, pero también abordar qué tipo de alimentos estamos consumiendo: “Se tiene que instalar el derecho y la protección de la alimentación en la nueva Constitución. La convención debe resguardar el derecho a no pasar hambre, pero también qué es lo que se come. Se debe generar una soberanía que permita saber qué es lo que se consume, y qué es lo que se trae de afuera de Chile también”.

La convencional Ivana Olivares (distrito 5) concuerda en que el derecho a la alimentación debe ir de la mano de la soberanía alimentaria: “El derecho a la alimentación debe quedar garantizado, pero de la mano de la soberanía alimentaria. En la Comisión de Medio Ambiente vamos a abordar este tema, que es parte del temario aprobado en el reglamento. Es un tema que tiene que ver con la economía, las aguas, las tierras y eso nos lleva a la alimentación. Hay varios constituyentes que estamos por consagrar este derecho”.

En tanto, la convencional María Elisa Quintero (distrito 17) señaló que es relevante considerar la variable salud dentro del debate: “Yo vengo del área de salud, por lo que pongo, después de la seguridad alimentaria, asegurar la salud de las personas. Y eso es lo bueno de trabajar en grupos interdisciplinarios para ver las distintas visiones. Es importante la salud como todos los derechos humanos y, por supuesto, que está la alimentación y la nutrición como base”.

Asimismo, Ingrid Villena (distrito 13) apuntó la necesidad de consagrar este derecho desde el punto de vista legal, pensando, por ejemplo, en las pensiones de alimentos para las madres: “El derecho a alimentación va desde el cultivo, la alimentación, pero también hay que incorporarlo como un derecho, como una obligación de los padres o del Estado de proporcionar una alimentación para el buen vivir y la proyección de vida de cada ser humano de esta tierra. El derecho a la alimentación lo podemos encontrar desde demandas de pensiones de alimentos y, además, de las mujeres que son gestantes, que también tienen el derecho de demandar al progenitor”.