El pasado 13 de octubre, la publicación en el Diario Oficial que confirmó el inicio de  un proceso de licitación de 400 mil toneladas de litio sorprendió a la comunidad científica del país, y aparecieron voces que incluso señalaron que esta decisión del Ministerio de Minería obedecía a razones políticas.

A grandes rasgos, el llamado del Ejecutivo contempla los “Contratos Especiales de Operación”, una de las cuatro figuras que permiten realizar la extracción de este mineral. Las otras tres se permiten si es realizado por el “Estado”, “por sus empresas” o “por medio de concesiones administrativas”. Al utilizar la figura antes señalada, se lograrían acuerdos hasta el año 2050 con empresas privadas, nacionales o extranjeras, para vender el mineral del litio como materia prima, como carbonato de litio o hidróxido de litio, lo que causó preocupación transversal por los indicios de privatización de este recurso y al efecto que tendría en el medio ambiente.

En ese contexto, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con dos expertos de esta temática, para comprender las reales dimensiones de la industria del litio, cuál es su importancia en la actualidad y cómo es la afectación que produce en el medio ambiente donde es extraído y que hoy, en Chile, particularmente se desarrolla en el milenario Salar de Atacama.

Para el académico del Departamento de Física de la Universidad de Chile, Marcos Flores, la relevancia actual de este mineral no metálico se basa, principalmente, en el avance sostenido de la electro movilidad, que ha sido empujado por las restricciones que impone el calentamiento global, lo que provoca que el litio sea una pieza fundamental por el tipo de baterías que permite generar.

“La mayoría de los dispositivos funciona con baterías de litio, de ion litio. Entonces, el poseer una concesión para la explotación en Chile, hace que todas las importantes industrias de minería no metálica estén interesados en ellos. ¿Por qué en Chile? No es una cosa de retórica. Porque nosotros estamos en el triángulo del litio, que abarca Chile, Bolivia y también Argentina, donde contamos aproximadamente con el 35% de las reservas mundiales. Entonces, parece bastante atractivo que alguien quisiera instalarse a explotar el litio”, afirma Flores.

Incluso, el Doctor en Física detalla que los cambios anunciados por las compañías automotrices, que aseguraron para el año 2030 no producir vehículos que funcionen a combustión fósil, provocará que “todos estos autos van a ser eléctricos y para ellos, otra vez, las baterías de litio van a ser como una pieza fundamental”, indicó el experto.

Marcos Flores.

En la misma línea, la convencional constituyente por la Región de Antofagasta, Cristina Dorador, aseguró que actualmente el planeta atraviesa una crisis climática “sin precedentes”, causada por la gran emisión de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono y metano, que provocan un calentamiento global que genera grandes cambios en el clima, lo que, a su juicio, podría aminorarse con el uso del litio a través de la electro movilidad.

“Una de las salidas para evitar un colapso mayor respecto de los cambios climáticos, porque eso va a afectar de forma profunda nuestra existencia en el planeta, es que se eliminen o se bajen las altas emisiones de efectos gases. Gran parte de los contaminantes tienen que ver con la quema de combustibles fósiles, tanto en industrias como en automóviles. Por lo tanto, la electro movilidad, es decir, esta transición energética desde combustibles fósiles a energía renovable surge como una alternativa muy importante para esta transición y ahí el litio juega un rol crucial, porque el litio es parte fundamental de las baterías de ion litio que almacenan energía”, afirma la bióloga.

El mal llamado ‘oro blanco’

Actualmente, el litio en Chile es considerado por la Constitución como un mineral estratégico y la única manera de explotación es cuando el Estado otorga permisos de explotación a través de licitaciones. En esa línea, se desarrolló la convocatoria anunciada por el Ministerio de Minería para explorar y producir las 400 mil toneladas de litio, inicialmente con adjudicaciones de exploraciones geológicas, estudios y desarrollo que durarían hasta nueve años, se sumaría a los 20 años de plazo para la producción del material.

Sin embargo, este anuncio provocó reacciones en la esfera política, ya que el constituyente Daniel Stingo (Frente Amplio) pidió bajar esta licitación en medio del Proceso Constituyente que, incluso, podría nacionalizar este mineral, y la diputada del Partido Socialista, Daniella Cicardini, aseguró que esta situación fue un “amarre de última hora de este Gobierno de un negocio millonario y que entrega un recurso estratégico del país”. Además, la parlamentaria acudió a la Contraloría por “las tremendas dudas que nos genera las consecuencias de este llamado a pocos meses del fin del gobierno”.

Desde ahí que la privatización de este recurso, a juicio de Marcos Flores, pone al litio en el mismo nivel del cobre, que es vendido como materia primera por un bajo valor cercano a los 5 dólares la libra, y luego es comprado como tecnología por un monto superior cercan a los 200 dólares la libra, lo que no sería un buen negocio ya que tampoco existen alternativas para generar un mayor desarrollo aquí en Chile.

“Si tú me preguntas por qué quiere dejarse amarrado ese negocio ahora, la verdad es que desde el punto de vista de desarrollo del país, no tiene ni el más mínimo sentido. Es válido que mucha gente vincule esto exclusivamente a intereses económicos de la gente que está actualmente a la cabeza de dichas instituciones. Meramente están viendo esto como un mercado inmediato y que va a tributar, a dejar royalty en forma inmediata, pero no están viendo la proyección del país. De hecho, tengo entendido que tampoco se le está poniendo mucha atención al impacto medio ambiental que tiene la explotación del litio, porque pasa por desecar los salares”, afirma Flores.

Desierto de Atacama.

En ese sentido, Cristina Dorador sostiene que hay un interés de dos formas que se dividen, en primer lugar, en la alta demanda del litio como una oportunidad de negocio al explotar este mineral y, en segundo término, del aprovechamiento de las narrativas de la minería que utilizan el cambio climático y la electro movilidad como una alternativa de negocio. No obstante, no existe una preocupación real por el medio ambiente.

“Para poder alcanzar esta carbono neutralidad se requiere de distintos metales, de cobre y litio, y elementos, entre otros. Por lo mismo, estos elementos se encuentran en Chile, un país productor, y en esta lógica de crecimiento indefinido, es una tremenda noticia para las personas que tienen esa lógica de crecer, crecer y crecer, porque así también se puede lograr ser competitivos y ser los primeros en el mercado. Sin embargo, en ningún momento se cuestiona de dónde vienen estos minerales, cuáles son sus consecuencias locales y también sus consecuencias a largo plazo”, cuestiona la doctora en Ciencias Naturales.

En esa línea, la explotación en Chile y Sudamérica se produce desde el agua, transformándola en otro tipo de minería, ya que no se realiza desde la roca o desde el suelo. En ese sentido, Cristina Dorador explica que este proceso bombea las salmueras del Salar de Atacama y éstas se concentran en piscinas de evaporación que están en la superficie y ahí se va concentrando el litio. Lo mismo ocurrirá, en algún tiempo, en el Salar de Maricunga. Esta situación, para Dorador, provocará efectos ecosistémicos que probablemente sean irreversibles.

“Estamos hablando que en un desierto, del Desierto de Atacama, además uno de los más áridos del mundo, se usa el agua fósil, el agua que está ahí milenaria, para obtener este mineral. Entonces, los equilibrios que ocurren en los ecosistemas con extremos como este salar, son muy frágiles”, sostiene Dorador.

Incluso, explica que la tremenda intervención de las mineras en el Salar de Atacama, visible desde el espacio y en constante expansión territorial, ya ha generado profundos impactos en el ecosistema.

“A través del estudio de imágenes satelitales, en las últimas dos décadas se puede apreciar cómo el aumento del área superficial de extracción de litio tiene implicancias en tres parámetros importantes. Primero, el aumento de la temperatura del suelo en la cuenca. También el aumento de la evaporación, la pérdida y disminución de la superficie vegetacional. Además, las mismas comunidades indígenas han dado a conocer distintos aspectos que les han afectado, como que hay árboles que se han secado. Ellos notan que hay menos agua en los pozos”, expone.

Además, Dorador afirma que la empresa Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) ha incumplido sus propias resoluciones de calificación ambiental, que fueron aceptadas al momento de su aprobación, pero también sostiene que la actual normativa ambiental es insuficiente para la magnitud de la explotación que existe en el país.

“Los proyectos no se hacen bajo el principio precautorio de conservar o preservar los ecosistemas y sus equilibrios, sino que se hacen con un fin económico y después se trata de remediar o de mitigar las afectaciones. Sin embargo, como estos ecosistemas son tan frágiles, probablemente los efectos sean irreversibles”, enfatiza Dorador.

En ese contexto, para Marcos Flores, el Estado de Chile adeuda una real presencia en el desarrollo de los procesos que abordan los recursos naturales del país. A su juicio, actualmente no existe una participación activa del Ministerio de Minería que vele por la buena explotación de recursos naturales, y también del Ministerio de Ciencias y Tecnología, que permita generar un acuerdo con todas las aristas de la extracción del litio, desde saber qué se hace con el mineral extraído hasta el desarrollo de tecnologías que permitan un avance científico en el territorio.

“Cada vez que se establece un proyecto minero, antes de la generación de la licitación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Medio Ambiente deberían estar ahí súper presentes con sus mejores expertos generando las licitaciones, velando por el medio ambiente y por el desarrollo tecnológico del país. Yo creo que en esas dos cosas, el Estado está al debe, como señalar con el dedo, directamente, al Ministerio de Minería y decirle ‘usted no puede hacer a puestas cerradas la generación de esta licitación, usted no puede hacer solo la generación de esa licitación’, tiene que haber necesariamente más actores que son primordiales”, sostiene Flores.

En medio de este debate, la importancia del Proceso Constituyente en este escenario actual que profundiza el modelo extractivista, permitirá un trabajo que pueda desarrollar una nueva Constitución ecológica que reconozca, desde un principio, “esta íntima relación que existe entre el ser humano y la naturaleza, que nosotros como humanos somos parte de la naturaleza y no estamos ajenos a ella, y por lo mismo, las decisiones que tomamos en nuestra existencia están afectando a todo el planeta”, explica Cristina Dorador.

Cristina Dorador.

Asimismo, el último informe del Panel Intergubernamental en Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), afirma que la principal razón del calentamiento global está asociada a las actividades humanas relacionadas con las industrias, por lo que las decisiones deben ser adoptadas tanto a nivel nacional como global, para resguardar el planeta y la calidad de vida de las comunidades, algo que espera llevarse a cabo en este Proceso Constituyente.

“Otra cosa es también la vida de las personas en el país, ya que cada vez más vemos cómo se han degradado distintas localidades por esta gran extracción de lo que sea. Si en el norte es la minería, en el sur es la salmonicultura, en la zona central las agroindustrias que ocupan mucha agua y hay localidades que no tienen agua. Entonces, también hay que garantizar el derecho humano del agua, su saneamiento y que exista agua para los ecosistemas. Por otro lado, el vivir en un ambiente sano y en equilibrio, entre otros derechos y normas que se van a poder redactar desde la Constitución”, explica Dorador.

Incluso, para Dorador, la futura Constitución que enfrentará esta realidad climática en los próximos 30 ó 40 años deberá alinear todas las cuestiones más profundas sobre modelos económicos y protección ambiental, y asegura que hoy es necesario un cambio de actitud en la relación con el medio ambiente.

“Uno de los temas más profundos y más complejos es cómo abordamos un modelo económico en un contexto de crisis climática que no implique seguir degradando más nuestros ecosistemas. Porque las soluciones que se dan, actualmente, son de la mano del cambio de materiales, pero no del cambio de forma de pensar cómo nos relacionamos con el ambiente ni tampoco nuestras prácticas de consumo. Entonces, es un tema un poco más profundo. No podemos no hacer nada ni quedarnos mirando para el lado pensando que esto lo van a resolver las futuras generaciones, si el problema está ahora”, manifiesta.

Resultados de la Comisión Investigadora por ITL: “Esta licitación tiene que ser anulada”

Sin embargo, la polémica sobre el recurso del litio también provocó la creación de una Comisión Especial Investigadora de los actos de la CORFO y de otras autoridades en relación con su intervención en el proceso de licitación para la creación de un Instituto de Tecnologías Limpias (ITL), cuya adjudicación se concretó en enero de este año, y los resultados establecieron que durante este proceso hubo tráfico de influencias, uso de información privilegiada, modificación y manipulación de los puntajes.

Incluso, los antecedentes serán remitidos a la Contraloría y al Ministerio Público, ante la posibilidad de eventuales delitos y posibles daños patrimoniales que se ha efectuado al Estado a través del uso de “información privilegiada por parte de altos cargos de CORFO y funcionarios del Gobierno, justamente para favorecer a la empresa que hoy tiene la licitación ganada”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de esta Comisión, el diputado Tomás Hirsch, aseguró que los resultados de la instancia indicaron una serie de irregularidades en el proceso de licitación de más de 193 millones dólares.

Tomás Hirsch.

“Aquí habían irregularidades muy grandes y muy importantes en esta licitación, que es la más grande que se ha realizado en Chile con recursos orientados a ciencias y tecnología. Es muy grave que, en esta licitación, no se haya considerado como fundamental la opinión de los expertos internacionales que valoraron con una nota más favorable al consorcio de universidades estatales chilenas por sobre un grupo de universidades extranjeras junto a dos universidades privadas, que son a quienes la CORFO les adjudicó el proyecto”, manifestó el parlamentario.

Asimismo, Hirsch sostuvo que durante el proceso, se rebajó el monto original a 143 millones de dólares, el mismo monto ofrecido por el consorcio ganador, “lo cual nos despertó tremendas sospechas respecto que de allí había una información privilegiada para favorecer a ese grupo de universidades privadas”. Además, afirmó que se ignoró la expertiz del consorcio de universidades públicas, cuyas instalaciones están ubicadas en la región de Antofagasta, donde se exporta el litio. 

“Nosotros llegamos a la convicción que esta licitación tiene que ser anulada y debe ser realizada nuevamente, con estándares y bases mucho más claros y más transparentes, y sin que después se hagan modificaciones que sean ocultas para las partes, que se notifique adecuadamente a todos los participantes para que, el que realmente gane, sea el que pueda desarrollar más la innovación y el desarrollo de las tecnologías verdes que busca este tipo de proyecto”, sostuvo Hirsch.

Incluso, el diputado aseguró que entre los invitados al proceso de investigación, sólo asistieron Eduardo Bitrán y Pablo Terrazas, ambos directivos de la CORFO, pero que Sebastián Sichel, el actual candidato presidencial del oficialismo y ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación durante la realización de este proceso, se negó a asistir ya que, según explica Hirsch, “adujo que no tenía información y que la Comisión y la invitación a él podía estar generado por motivaciones políticas”.

Además, Tomás Hirsch explica que los intereses políticos que aún hoy existen detrás del litio se arrastran hace años, principalmente desde que se conoció el financiamiento irregular de las campañas políticas a través de boletas de honorarios ideológicamente falsas generadas a nombre de SOQUIMICH, propiedad de Julio Ponce Lerou, ex yerno de Augusto Pinochet.

“El litio ha estado vinculado a las peores situaciones de corrupción, soborno y cohecho que ha conocido nuestro país en las últimas décadas. No nos olvidemos que litio y SOQUIMICH son casi sinónimos, y SOQUIMICH ha sido acá el gran financiador de campañas políticas y partidos políticos de lo que era el duopolio, tanto de la derecha como de la ex Concertación. Por lo tanto, los intereses que hay son gigantescos. El litio es un mineral absolutamente estratégico en el futuro de Chile y, en vez de mirarlo con un criterio de Estado, lamentablemente lo están mirando con un criterio del propio beneficio personal”, sostuvo el parlamentario.

En el mismo sentido, Cristina Dorador explica que toda la resolución de la Comisión Investigadora “es una noticia muy terrible, para la fe pública”, ya que no es la primera vez que los Gobiernos de Chile han estado involucrados en temas relacionados con el litio y la corrupción.

Además, la bióloga sostiene que la inversión del ITL ha sido la más grande de toda la historia de Chile en relación a la investigación y desarrollo científico, y la asignación al Consorcio AUI por sobre las universidades públicas y del CRUCH mostró “la falta de compromiso con los territorios donde están estas explotaciones, y también la falta de visión respecto a lo que se hace con los recursos, porque es una cantidad enorme de recursos y que, más encima, a costa del Salar de Atacama, se está privilegiando a ciertos grupos de intereses y que esté cubierto de corrupción, es inaceptable. Entonces, yo creo que acá también se ocupa todo este tema estratégico del litio para, lamentablemente, lucrar y que se beneficien algunas personas”, concluye la convencional por Antofagasta.