Una serie de condiciones para definir el apoyo o no a un proceso de descarbonización al año 2030 planteó el ministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet. El secretario de Estado concurrió el miércoles a la Comisión de Minería y Energía, donde su presidenta, Yasna Provoste Campillay (DC), le pidió un pronunciamiento al respecto.

Dicha instancia discute hoy un proyecto de ley, ya aprobado por la Cámara de Diputados, que adelanta el cierre total de todas las carboneras al año 2025.  Sin embargo, simultáneamente el 13 de octubre los cinco senadores integrantes de la comisión presentaron un proyecto que establece como plazo definitivo el año 2030, incluyendo toda generación energética  al Sistema Eléctrico Nacional “cuya fuente primaria sea la combustión de sustancias fósiles”, lo cual incluye el gas. La iniciativa es una opción intermedia entre el plazo del 2025 y el acuerdo voluntario entre el gobierno y la Asociación de Generadoras que establece un cronograma de descarbonización al 2040.

A la pregunta específica sobre el proyecto, Jobet planteó tres circunstancias que deberían confluir para establecer el año 2030 como límite para retirar todas las termoeléctricas a carbón.

Primero, dijo, “debiéramos distinguir en un proyecto el carbón del gas, tienen situaciones completamente distintas.  Hay números que muestran que al 2030 podríamos funcionar sin carbón pero yo no he visto simulaciones que muestren que digan que podemos funcionar sin gas” expresó.  Agregó que asimismo “habría que entender bien el efecto patrimonial en quienes hicieron esas inversiones” refiriéndose a las eléctricas que operan las generadoras a carbón.

Y en tercer lugar, planteó que “como es difícil predecir como evoluciona la tecnología y el desarrollo del sistema en 10 años, cualquier proyecto que ponga una fecha taxativa, como el 2030, a mi juicio la ejecución de esa fecha tendría que estar sujeta un informe previo del Coordinador Eléctrico que pueda verificar que las condiciones están”.

El primer punto, el del gas, choca directamente con el proyecto de los senadores, ya que éste habla de terminar no sólo con la generación a carbón en el sistema eléctrico sino con todas las fuentes de combustible fósil, permitiendo sólo renovables.

Asimismo, lo planteado por Jobet colisiona con  lo establecido por propia Política Energética vigente, cuya actualización fue coordinada por el Ministerio de Energía y que establece el fin de la carboelectricidad al año 2030.

Y también choca con la explícita recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE; OECD por sus siglas en inglés), que Chile integra desde 2010. Para enfrentar la crisis climática el organismo multilateral se ha autoimpuesto la descarbonización termoeléctrica total al año 2030, como un mecanismo para avanzar en el cumplimiento de los compromisos asociados al Acuerdo de París.