Fue una semana marcada por las elecciones presidenciales de Nicaragua y su aterrizaje en la política nacional. En conversación con nuestro medio, el académico de la Facultad de Derecho y Coordinador Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, abordó la situación actual en el país de Centroamérica y cuestionó el cuidado por parte de los organismos internacionales al respeto y protección de los derechos humanos.
¿Qué está ocurriendo en Nicaragua desde la perspectiva de los derechos humanos?
En Nicaragua veo un proceso de autoritarismo que se ha ido consolidando en los últimos años, ya de una manera cada vez más peligrosa, y tiene su momento culmine ahora, en esta elección, donde el Gobierno adoptó un conjunto de medidas que claramente deslegitiman el proceso democrático.
Pero esto tiene pasos anteriores y particularmente a nivel internacional se hizo mucho foco en la situación de Nicaragua el 2018, donde hubo manifestaciones públicas que fueron severamente reprimidas y, de alguna manera, la persecución a los opositores. Desde ese momento en adelante, ha ido en aumento.
¿Qué respuesta se espera de la Organización de Estados Americanos, en medio de las críticas por la gestión e imparcialidad del secretario general, Luis Almagro?
Lo que uno debiera esperar es una acción coordinada de los distintos países de la región donde, ojalá, todos asumieran una postura en torno a que Nicaragua tiene que tener una salida y una solución democrática a su crisis. Obviamente, la OEA, que es el espacio creado para este tipo de crisis, está fuertemente deslegitimada, particularmente por la posición que ha tenido el secretario general, Luis Almagro, durante todo su mandato.
Almagro le ha hecho un tremendo daño a la OEA y la credibilidad del sistema interamericano. Por lo tanto, lo que uno esperaría aquí es el liderazgo de los países de la región y, particularmente, de los países que hoy están gobernados por coaliciones progresistas o de izquierda porque, lo que está sucediendo hoy día en Nicaragua al igual que lo que sucede en Venezuela, le hace un daño muy fuerte a los gobiernos progresistas en la región y, en general, a las fuerzas de izquierda.
En ese sentido, debiera haber una postura muy clara de los gobiernos regionales y generar una presión directa sobre Ortega y todo su entorno para revertir esta tendencia autoritaria tan marcada que está teniendo el gobierno nicaragüense.
A su juicio, ¿cuál debe ser la respuesta de la comunidad internacional ante esta crisis?
Como siempre en estas crisis, es una situación compleja. Por una parte, está claramente constatado que hay un cuadro de violación de derechos humanos. Ha habido un proceso electoral con persecución a los opositores, con candidatos presidenciales que fueron detenidos sin garantías mínimas. Pero la respuesta internacional debería ser una respuesta política muy fuerte de aislamiento al régimen de Ortega y generar la presión necesaria para que se dé paso a un proceso electoral legítimo que permita resolver, democráticamente, la situación en Nicaragua, descartando medidas de fuerza como una intervención.
Obviamente, eso debe ser descartado. Pero también debe ser descartado que Ortega siga profundizando el autoritarismo en el país. Por lo tanto, la respuesta internacional debiera ser una fuerte presión política y económica a fin de generar condiciones para una elección democrática.
Más allá de lo ocurrido en Nicaragua, en el último tiempo se han conocido diversas denuncias de violaciones a los derechos humanos a nivel latinoamericano. En ese sentido, ¿cómo está la protección de los derechos humanos en la región?
La región vive momentos difíciles desde la perspectiva de derechos humanos y desde la salud de sus sistemas democráticos. Lo que nosotros estamos viendo hoy día es que luego de varias décadas de estabilidad democrática y de un esfuerzo constante por ampliar y profundizar la protección de derechos humanos, al menos en los últimos 5 ó 6 años, hay un fuerte retroceso en materia de derechos humanos y calidad de la democracia en la región.
Esta regresión autoritaria tiene distintos signos políticos. Por una parte, hay regresión autoritaria en países gobernados por alianzas de izquierda, como Nicaragua o Venezuela. Pero, por otra parte, también hay una fuerte regresión autoritaria en países gobernados por la derecha. Chile, Colombia y Bolsonaro en Brasil, en Centro América los caso de El Salvador y Guatemala. También vemos signos muy preocupantes en este sentido.
Lo más grave, desde una perspectiva de derechos humanos, es que se vuelve, de alguna manera, a normalizar las violaciones de derechos humanos. Se vuelve a normalizar la represión política frente a la protesta social. Se va normalizando la persecución a periodistas que buscan revelar esta situación regresiva, también a opositores se les está persiguiendo en distintos lugales. Incluso, en distintos países de la región se ha perseguido a académicos.
Entonces, es un momento preocupante y acá el mensaje es muy claro para la ciudadanía en toda América Latina. Tiene que haber un fuerte compromiso ciudadano por ponerle límites a quienes quieren volver a los momentos más oscuros y tristes del autoritarismo en la región.
¿Se puede esperar una nueva ola migratoria de nicaragüenses que abandonen su país y partan al exilio debido a esta situación política?
Ese es un proceso que ya se ha dado, el proceso de salida de muchos nicaragüenses de Nicaragua al exilio. Muchos de ellos perseguidos políticamente. En Centroamérica, particularmente en Costa Rica, eso ya lo están viviendo hace un tiempo. Cuando estas crisis democráticas y de persecución a la población se hacen más fuertes, se generan presiones migratorias importantes, por eso es tan urgente que haya una acción regional coordinada para poder enfrentar estos procesos migratorios producto de situaciones políticas o crisis humanitarias como la de Venezuela y ahora en Nicaragua. Esto debiera ser una preocupación regional.
Estados Unidos ya amplió las sanciones al gobierno de Ortega. Incluso, algunas voces internacionales hablan de una posible intervención y otros critican la tibieza de la actual administración. En ese contexto, ¿qué podría esperarse del Gobierno de Biden?
Estados Unidos, desde el Gobierno de Trump, lideró este proceso de regresión autoritaria. El propio discurso de Trump antiderechos es el que permitió, de alguna forma, potenciar liderazgos regionales como el de Bolsonaro en Brasil, el de Duque en Colombia o el del propio Piñera acá en Chile.
En ese sentido, uno podría haber pensado que un cambio de gobierno en Estados Unidos bajo la administración demócrata hubiese significado un cambio fuerte y un compromiso con la democracia más fuerte. Pero, evidentemente, eso no ha ocurrido y Estados Unidos sigue apoyando, particularmente, a los gobiernos autoritarios de derecha en la región. Eso es una mala noticia para la democracia y los derechos humanos en Latinoamérica.