Abogados querellantes en casos de trauma ocular a raíz de los disparos de perdigones por parte de Carabineros, expresaron su nula confianza al peritaje entregado por el Instituto de Investigación y Control del Ejército que determinó que los proyectiles estaban compuestos mayormente por caucho con lo que la defensa de los funcionarios pretende que sean absueltos de estas imputaciones.

El abogado que representa a los uniformados, Javier Martínez, subrayó al diario El Mercurio que el informe de la entidad castrense que dirige el coronel Francisco Silva, echa por tierra el estudio dado a conocer por el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, en el que se establece que la masa de los perdigones están compuestos por materiales que potencialmente pueden generar un daño a la salud de quienes son impactados con estos proyectiles.

Sobre el informe, uno de los querellantes en casos de ataques con escopeta por parte de Carabineros, el abogado Cristián Cruz, sostuvo que “nos genera cero confianza lo que pueda determinar el IDIC”.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el penalista comentó que “el IDIC es parte del Ejército; el Ejército altamente cuestionado en temas de probidad. Y justamente un peritaje tiene que venir de una entidad o de una persona seria, creíble, transparente. Y el IDIC viene de una institución altamente cuestionada en materia de probidad, seriedad, ni hablar de respeto a los derechos humanos”.

En ese sentido, Cruz insistió en que se trata de proteger derechos fundamentales y castigar a quienes cometieron este tipo de actos de carácter alevoso al tratarse del disparo contra decenas de personas que perdieron uno o sus dos ojos, además de quedar con otras heridas en sus cuerpos, producto del disparo a quemarropa de estos cartuchos durante las protestas sociales.

“Esto más bien parece un arreglo entre personas imputadas, uniformados de verde con el Ejército con toda la carga que ello implica”, indicó Cruz, quien agregó que “pensábamos que el Ejército algo había cambiado en estos últimos tiempos. Pero esta situación, entre gallos y media noche nos parece de una gravedad extrema”.

Por otra parte, estimó que “obviamente que quien pagó por un peritaje o que lo solicitó, no iba a aceptar un resultado desfavorable a sus pretensiones”.

Sobre este punto coincidió otro de los querellantes en los casos de violaciones a derechos humanos cometidos durante el estallido social por parte de funcionarios policiales, el abogado Lorenzo Morales, quien sostuvo que antes de conocer el contenido del informe se debe dar a conocer cuánto costó el documento solicitado a la entidad dependiente del Ejército.

“El peritaje es un documento, pero también tiene que ver con la experticia del perito. Yo creo que es un perito que tiene un interés en la finalidad del objetivo que se le encargó. Habría que ver cuánto costó este peritaje y si hubo transacciones incluso, por el interés que estoy manifestando”, indicó Morales.

Recordemos que luego de las declaraciones del Presidente Sebastián Piñera el sábado 19 de octubre de 2019 cuando sostuvo que Chile estaba en “guerra contra un enemigo poderoso”, se designó al general de Ejército Javier Iturriaga como jefe de la Defensa Nacional en la Región Metropolitana, misma institución que hoy a través del IDIC da a conocer este peritaje que busca desvirtuar lo señalado por las indagaciones no tan sólo de la Universidad de Chile sino también de las universidades Austral y de Valparaíso que llegaron prácticamente a las mismas conclusiones respecto al potencial daño que provocan estas municiones debido a su composición.

(Imagen: Christian Aguilar – Facebook: Polizon)