Como una iniciativa que “acerca la posibilidad de alcanzar acuerdos transversales en la Convención”, definió un grupo de constituyentes de los colectivos RN – Evópoli e Independientes, Apruebo y Socialista, la decisión de unir fuerzas para respaldar dos propuestas de norma constitucional presentadas por Cristián Monckeberg, referidas a la garantía constitucional del acceso a ciudades inclusivas e integradas y al derecho a la vivienda digna.
Entre los constituyentes que sumaron sus firmas a dichas iniciativas se encuentran el integrante del colectivo Apruebo Fuad Chahín (DC); del colectivo Socialistas Andrés Cruz (Ind – PS); Hernán Larrain y Bárbara Rebolledo de Evópoli; y Paulina Veloso, Luciano Silva, Álvaro Jofré, Patricia Labra, Ruggero Cozzi y Raúl Celis de RN.
Las propuestas apuntan a incorporar en el capítulo de Bases de la Institucionalidad el deber del Estado de propender al desarrollo de ciudades de inclusivas, integradas, sustentables y equilibradas con el medio natural, así como incorporar el acceso a una vivienda digna como un derecho, bajo criterios de equidad.
Para Cristián Monckeberg, “tal como lo es la salud, tal como son las pensiones, tal como lo es la educación, también entendemos que la vivienda juega un rol relevante y por eso lo queremos llevar a la instancia constitucional, porque sabemos que los temas de vivienda no se van a resolver de la noche a la mañana, pero frente a un déficit que aumenta, estamos hablando de más de 600 mil viviendas y más de 90 mil familias que viven en campamentos, se requiere de una prioridad y un mandato claro desde la Constitución”.
Por su parte, el convencional demócrata cristiano Fuad Chahín afirmó que “hay mucha esperanza puesta en que la nueva Constitución consagre el derecho a la vivienda digna, como un derecho exigible ante el Estado y que, por lo tanto, el Estado tenga que priorizar políticas habitacionales que sean de Estado y no dependan de un gobierno de turno y que llegue no sólo a los sectores vulnerables, sino que también a la clase media, que sobre todo en el último tiempo está viendo cada vez más difícil poder ser propietario de su vivienda”.
En el caso de las ciudades, la propuesta constitucional también incluye el deber para el Estado de asegurar procesos de planificación urbana con participación ciudadana efectiva y territorialmente desconcentrados.
Respecto a la importancia de este acuerdo, Monckeberg apuntó que “cuando vemos que hay transversalidad en estas materias, que son anhelos ciudadanos, que son urgentes, también nos da la esperanza de que vamos a construir una Constitución, como lo hemos señalado permanentemente, que sea realmente una casa para todos”.
