Un comunicado que expresa la posición sobre el nuevo escenario político que enfrenta el país redactaron 16 organizaciones defensoras y promotoras de los derechos humanos, al cual suscribieron otras 18 agrupaciones sociales secundando la misiva que pese a expresar la satisfacción respecto al resultado eleccionario presidencial, puso la alerta sobre la presencia del fascismo en Chile, subrayando la importancia de terminar con la concentración de los medios de comunicación e instó al nuevo gobierno a cumplir con las normas internacionales sobre derechos humanos, materializando entre otros asuntos, la libertad de “los presos y presas de la revuelta” y terminar con la militarización del Wallmapu.

Y es que si bien las organizaciones firmantes celebraron la derrota de José Antonio Kast en cuanto “glorificaba el pinochetismo, relativizaba los derechos humanos, propiciaba medidas misóginas y xenófobas, criminalizaba la protesta social y la causa mapuche y proponía profundizar el modelo neoliberal actual que sólo ha provocado grandes desigualdades sociales y una grosera concentración de la riqueza”, advierten que el fascismo sólo ha sido derrotado electoralmente y no así políticamente.

Esto porque “los grupos empresariales y los medios de comunicación que les pertenecen, especialmente de la TV, insisten en darle tribuna permanente a quienes profesan discursos de odio, negacionistas y antidemocráticos“, sostuvieron. Por este motivo se espera que la Convención Constitucional consagre la libertad de expresión garantizando el pluralismo informativo que permita terminar con la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, “hoy en manos de los grandes empresarios que los compran sólo para resguardar sus mezquinos intereses protegidos por el modelo neoliberal”, afirmaron.

Por otro lado, se valoró las declaraciones del presidente electo, Gabriel Boric, referentes a la necesidad de avanzar en verdad y justicia evitando la impunidad de los crímenes en contra de los derechos humanos cometidos durante la dictadura y la revuelta social, por lo cual se llamó a que estas intenciones se traduzcan en medidas concretas y eficaces tendientes a la consecución de estos propósitos.

De ese modo, la nueva administración debe priorizar la verdad, la justicia, la debida reparación y las garantías de no repetición, dando cumplimento a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, expresaron. Con esa disposición, añadieron, se debe hacer cargo de las deudas que se mantienen desde el período de transición, tras el cual 1.201 chilenos y chilenas se mantienen en condición de detenidos desaparecidos. 

En cuanto a las garantías de no repetición, “debe priorizarse la reestructuración de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, una profunda reforma del Ministerio Público y el Poder Judicial, la incorporación urgente de la formación de derechos humanos en la educación formal e informal y la implementación de políticas de Memoria realmente eficaces, que incluya un apoyo equitativo a los Sitios de Memoria“, se lee en la misiva.

Para lo anterior, estos contenidos deben consagrarse en el texto que propondrá la Convención Constitucional, pero además deben ser implementadas por el nuevo gobierno a través de políticas públicas e iniciativas legislativas. En cuanto a la potestad del poder ejecutivo, instaron a liberar a los presos y presas de la revuelta y a deponer la presencia de los militares en la Macrozona Sur.

“Desde ya, el presidente electo puede adoptar medidas para que el Proyecto de Ley sobre Indulto General avance en su tramitación legislativa, hoy estancada irresponsablemente en el Senado. En paralelo, el retiro de las querellas por Ley de Seguridad del Estado, y una declaración suya instando al Ministerio Público y al Poder Judicial a modificar la medida cautelar de prisión preventiva que mantiene privados de libertad a 70 niños y jóvenes manifestantes, aplicando la normativa internacional de derechos humanos que consagra la presunción de inocencia y establece que la prisión preventiva no debe ser la regla general, contribuiría sustancialmente al cumplimiento de este urgente propósito”.

Por otro lado, “el fin de la militarización del Wallmapu, el desistimiento de las querellas por Ley Antiterrorista interpuestas contra presos políticos mapuche, junto con el establecimiento de un diálogo eficaz con el pueblo mapuche, además del rediseño de una política migratoria acorde con los estándares internacionales de derechos humanos, deben ser una prioridad del nuevo Gobierno”, aseveraron.

Del mismo modo, se invitó al presidente electo a apoyar la presentación realizada el mes de abril ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional que busca perseguir la responsabilidad penal de las máximas autoridades políticas por la comisión de crímenes contra al humanidad durante la revuelta social.

En cuanto a la Convención Constitucional, se llamó a crear una nueva institucionalidad de derechos humanos que permita proteger debidamente a los ciudadanos frente a los abusos del Estado, creando el “Defensor del Pueblo”, consolidando el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y consagrando constitucionalmente al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a modo de establecer “un nuevo Estatuto legal que lo regule, modificando sus facultades y competencia, y la composición y forma de integración de su Consejo, la autoridad máxima”.

Finalmente las agrupaciones reafirmaron su propósito de incidir en el debate público para que la Convención Constitucional recoja las demandas mayoritarias expresadas durante la revuelta social y que por tanto, se ” tenga como marco referencial obligatorio al momento de redactar el nuevo texto, el respeto y garantía de los derechos humanos, única forma de avanzar hacia el establecimiento de una sociedad democrática verdadera y una Paz social fundada en la Justicia”.

La misiva fue firmada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos de Chile, la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta, la Comisión Ética contra la Tortura, la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular, la Coordinadora de Víctimas de Perdigones, el Centro de Formación Memoria y Futuro, la Fundación PIDEE, la Fundación Henry Dunant y el Grupo de Iniciativas por la Libertad de los Presos Políticos de la Revuelta, el espacio de memorias Londres 38, la Mesa Nacional Unitaria de Sobrevivientes Prisión Política y Tortura, la Red de Sitios de Memoria y la Agrupación de Mujeres Democráticas.