La propuesta de norma constitucional impulsada por el Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile en colaboración con los convencionales que la patrocinan, tiene como eje central el derecho de los pueblos a la memoria y la herencia cultural, estableciendo este derecho a como un elemento “clave para que las comunidades construyan y decidan sobre su historia y herencia cultural de forma autónoma”, así como también un “instrumento vinculado a la protección cultural y jurídica de los derechos humanos”.

Además, la propuesta menciona que el reconocimiento del sentido amplio de la “historia profunda”, la cual, según se expone, abarca desde la memoria previa a la invasión europea hasta el presente y  valora genealogías, relaciones y transformaciones, incluyendo culturas con o sin registros escritos, “es clave para la conformación de las identidades actuales y su proyección futura”, por lo que es necesario “recuperar, proteger y conocer esta memoria que dignifica e integra nuestra herencia cultural precolonial – histórica precolombina y etnográfica -”.

La finalidad de esta norma es que se establezca el deber del Estado de “proteger, promover, consagrar y conservar el derecho de los pueblos a su memoria, así como a la construcción, producción, creación y goce de sus propias culturas e historicidades”.

Además se promueve que dentro del derecho a la memoria se integren diferentes aspectos, como por ejemplo garantizar el derecho de las comunidades a construir su memoria y decidir sobre objetos, lugares y paisajes que conforman su herencia cultural; y reconocer el carácter colectivo de la memoria, poseedora de mecanismos y formas de construcción a través de relatos, objetos y lugares.

A eso agregan la necesidad de garantizar la co-construcción de conocimientos y memorias estableciendo relaciones horizontales y colaborativas entre comunidades, distintos grupos de interés y el Estado, mediante la toma de decisiones dialogadas; y proteger y asegurar la historicidad, la reparación y justicia histórica, entre otros.