Este martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el informe “Situación de Derechos Humanos en Chile” sobre la visita in loco, realizada del 25 al 31 de enero de 2020, con el propósito de conocer las causas y las consecuencias del estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019.

En el documento, la CIDH destaca que durante el estallido social se registraron hechos donde hubo un uso excesivo de la fuerza por parte del Estado, en detrimento del ejercicio al derecho a la protesta pacífica.

Al respecto, Radio y Diario Universidad de Chile dialogó con el Comisionado de la CIDH, Joel Hernández García, quien confirmó violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido y recordó que 31 personas perdieron la vida producto de la violencia, cinco de ellas por acción directa de agentes del Estado.

“El hallazgo que encontró la Comisión fueron hechos donde hubo exceso del uso de la fuerza en contra de manifestantes que se tradujeron en daños tanto a la vida como a la integridad de las personas. Aquí es muy importante señalar que, conforme existe documentación, lamentablemente cinco personas perdieron la vida por acción directa de agentes del Estado y hubo otras 26 muertes en el marco del estallido social”, precisó el representante.

Además, el comisionado agregó que cientos de personas resultaron heridas, en particular, personas con lesiones oculares.

Joel Hernández García sostuvo también que el Estado chileno está al debe en materia de reparación a las víctimas, por lo que dicho ítem es un desafío para las autoridades nacionales.

“El informe reconoce los avances que ha hecho el Estado chileno para avanzar en materia de reparación, pero lo que la Comisión resalta en su informe es que la reparación de las violaciones ocurridas en el estallido social representa un desafío para el Estado chileno, existen avances pero todavía se tienen que seguir implementando medidas para poder llevar a cabo una debida reparación a las víctimas”, sostuvo.

Además, el Comisionado de DD.HH. de la CIDH para Chile se refirió a la situación de los llamados “presos del estallido”. Al respecto, confirmó que hay decenas de personas que no han tenido un debido proceso, pues no se justificaría su prisión preventiva, ante lo cual llamó a las autoridades a apegarse a las normas estipuladas por los organismos pertinentes.

“Para agosto del 2021, alrededor de 30 personas detenidas durante el estallido social siguen en prisión preventiva, y aquí existe un estándar interamericano de limitar la prisión preventiva a situaciones realmente excepcionales, y toda persona que ha sido detenida tiene el derecho al debido proceso, a garantías judiciales, al acceso expedito a la Justicia. Este es el reto que identifica la Comisión y el llamado es a que los procesos puedan realizarse con estricto apego al estándar interamericano y que exista la debida diligencia”, puntualizó Hernández.

En total son 60 recomendaciones las que sugiere la CIDH, entre ellas, que el Estado se abstenga de aplicar la “Ley de Seguridad del Estado como medida restrictiva no idónea” y modificar la legislación para prohibir que las Fuerzas Armadas participen en hechos de esta índole.

El informe completo lo puedes leer aquí