Este miércoles, un grupo de convencionales presentó una iniciativa de norma constitucional para que el Estado pague la deuda histórica a las profesoras y profesores, deuda originada por el incumplimiento de la Ley Nº 3.551 de 1981, que dispuso un reajuste del sueldo base al sector público, estableciendo en su artículo 40 una ‘asignación especial’ no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación.
Entre los convencionales que presentaron la normativa se encuentran Wilfredo Bacian, Malucha Pinto, Paulina Valenzuela, Giovanna Grandón, Isabel Godoy, Elsa Labraña, y Erick Chinga.
En palabras de Wilfredo Bacian, constituyente representante del pueblo quechua, la iniciativa presentada da cinco años de plazo al Estado para que pague lo adeudado a las y los profesores afectados.
“Obliga al Estado a buscar soluciones concretas para el pago de la deuda histórica que se debe a las y los profesores de Chile. Es así que el Presidente de La República tendrá un plazo de tres meses para presentar un proyecto de ley y el órgano legislativo tendrá tres meses para tramitar, obligatoriamente, esta iniciativa para que, en un plazo de cinco años, se pague la deuda histórica”.
“Esta iniciativa es un mínimo de justicia para las y los profesores”, agregó al convencional.
Por su parte, el presidente metropolitano del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, agradeció la iniciativa emanada desde la Convención, afirmando que es un acto de reparación.
“Es de total justicia, agradecemos, de mucho corazón, esta iniciativa de los convencionales. Creemos que es un acto ético, de reparación, un acto de sanar una herida que el profesorado de Chile tiene. La deuda es con 80 mil profesores, 20 mil han fallecidos, por lo que esperamos, cuando salga la ley, que esta norma incluya a los herederos como un gesto de justicia con quienes se fueron, y también justicia para esos 60 mil profesores y profesoras que tienen pensiones de miseria y a veces andan mendigando para satisfacer sus necesidades básicas. De corazón agradecemos y valoramos muchísimo esta iniciativa”.
Según lo reconoció el Parlamento, hay 84.002 docentes afectados por el incumplimiento de la Ley (incluye jubilados, retirados y fallecidos).