Este 4 de febrero se cerró una de las causas más emblemáticas en materia de defensa medio ambiental con el fallo unánime que la Corte Suprema determinó para clausurar de forma definitiva la megaminera binacional de Barrick Gold, Pascua Lama. Pese a que el cierre ya había sido decretado por el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta el 2020, la multinacional continuó haciendo sondajes en el sector del rajo del mismo proyecto, lo que motivó un recurso de protección por parte de la comunidad que preliminarmente fue desestimado por la Corte de Apelaciones de Copiapó. Con este triunfo sobre los hombros, la abogada Ana Timm, aseveró que el trabajo de la organización no termina aquí en cuanto fiscalizarán que la clausura, esta vez, se realice efectivamente.

Si bien la integrante de la comunidad de Huasco Alto y directora de la Dirección de Equidad de Género de la Universidad de Playa Ancha ve complejo el proceso de cierre de Pascua Lama por las magnitudes que posee, valoró que la Suprema mandatara a la Superintendencia de Medio Ambiente y al Servicio Nacional de Geología y Minería a actuar coordinadamente para supervisar el cumplimiento del cierre, entregando lineamientos claros en torno a que ello no puede significar una mera revisión de la información que entrega la empresa y considerando “la apertura de un sumario administrativo, si correspondiese”.

Un fallo firmado por las ministras Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, y por el ministro Sergio Muñoz que la comunidad organizada celebró y agradeció considerando que fueron 20 los años en los que exigieron el cierre de la minera ubicada en la cordillera de Huasco Alto en la Región de Atacama y cuya trayectoria estuvo marcada por una serie de polémicas dado el impacto medioambiental que provocaba al contaminar los cauces de agua producto de la extracción.

Así las cosas, para colmo de la comunidad, Timm comentó que la empresa en el marco de su defensa por el recurso de protección, argumentó que los sondajes perpetrados fueron con fines investigativos y para recolectar información geológica con la finalidad de entender de mejor manera el comportamiento del yacimiento. Una afirmación que la jurista aquilató como una burla. 

“La empresa de un modo que para nosotros era absolutamente irrisorio argumentaba de que los sondajes no tenían que ver con el proyecto Pascua Lama pero la misma empresa, ocupando la misma zona donde está el proyecto, utilizando las herramientas del proyecto, hacía sondajes que no tienen que ver con Pascua Lama y ellos argumentaban que es parte de las indagaciones que pueden hacer de los derechos de concesiones que tienen en el lugar“, indicó.

Si bien la empresa arguyó que utilizaron un total de 13 sondajes que “no generaron consecuencias negativas” a los cuerpos de hielo, flora, fauna y al ambiente local, la comunidad organizada del Valle del Huasco en su comunicado publicado posterior al fallo aseveró que estos fueron 29. Una irregularidad, señaló Timm, que la comunidad pudo detectar de manera extraoficial y al observar una nula fiscalización de las autoridades frente a la actividad, decidieron adoptar las acciones legales.

“Cuando se presentó el recurso, se hicieron los alegatos, la Corte de Apelaciones de Copiapó no acogió el recurso entonces presentamos una apelación y la Corte Suprema por unanimidad acoge el recurso y dice lo que para nosotros era de toda lógica y sentido común y es que las únicas acciones que puede hacer el proyecto Pascua Lama en el lugar son aquellas que sean dirigidas al cierre del proyecto”. 

Precisamente la resolución que acogió la presentación interpuesta por Edith Ardiles y Abdón Escobar establece que la empresa “ha incumplido la sanción de clausura a la que se encuentra obligada, ejecutando obras incompatibles con el plan de cierre aprobado por la autoridad”. Un pronunciamiento histórico bajo el parecer de la jurista considerando las dificultades con las que se encuentran las organizaciones de la sociedad civil al momento de intentar que las instituciones se inclinen hacia sus demandas.

“Muchas veces cuando llevamos este tipo de causas tenemos importantes pruebas, tenemos importantes conocimientos pero así todo, de la contaminación, del daño al medio ambiente, del daño a las comunidades, cuesta mucho acreditarlo judicialmente y uno se pregunta por qué es tan difícil algo que tiene tanta prueba, que tiene tanto sentido común, que es tan importante, entonces que la Corte Suprema haga este fallo que es unánime y que diga que acá hay una orden de cierre y que se tiene que cumplir frente a toda la argumentación absurda de la empresa, no se deja engañar por este formalismo tremendamente enraizado que armaron”, sostuvo.

Con este respaldo de una instancia tan relevante como la Suprema, indicó la abogada, se les abre la posibilidad de vigilar y exigir el cierre del proyecto de Barrick Gold que “ha dado una cuenta muy clara de que vulnera constantemente la legalidad vigente”, criticó. Un motivo por el cual proyecta un gran desafío de aquí en adelante en la búsqueda de que esto se implemente. “Para eso hay un plan de cierre que tenemos que cumplir y fiscalizar que esto se realice del modo menos dañino posible al territorio”, señaló.

El caso en su totalidad es una evidencia de la importancia que puede llegar a asumir la sociedad civil organizada para efectos de velar por la sobrevivencia de los ecosistemas y el buen vivir. Así lo sostuvo Timm subrayando en eso la necesidad de que los y las profesionales vayan en apoyo de las comunidades para la superación de sus conflictos.

“Creo que es muy importante que las abogadas, las académicas, todas las distintas personas que por sus profesiones pueden contribuir a la defensa de los territorios nos pongamos a la retaguardia de las comunidades que efectivamente viven en el territorio y que tienen muchísimo saber, que normalmente son quienes primero se informan, hay veces que con sólo mirar cómo está el río se sabe que algo está sucediendo o a veces tienen trabajadores que denuncian anónimamente lo que sucedió a alguien de la comunidad y luego ahí está nuestro trabajo de ponernos a disposición”.

En ese sentido dijo creer que “si se ha podido criticar con eficacia el proyecto Pascua Lama, ha sido por el rol que la sociedad civil, que las comunidades han tenido y en ese sentido creo que es importante en que avancemos a modelos en que las comunidades efectivamente tengan mayor capacidad de gestión, de gobernanza, de cuidado y de defensa del territorio. Mientras eso no sucede, creo que es muy importante que las personas que apoyamos este tipo de causas seamos especialmente cuidadosas en que nunca un proceso judicial llegue a afectar esos procesos de empoderamiento, de construcción de saber y de lucha territorial”, sostuvo.