Como uno de los factores fundamentales de la actual crisis migratoria de ciudadanos venezolanos considera un grupo de organizaciones sociales, de derechos humanos y personalidades de diversos ámbitos de la vida nacional el bloqueo y las sanciones económicas aplicadas de manera unilateral por los Estados Unidos contra Venezuela, país de donde según las cifras de entidades internacionales han salido unos cinco millones de personas en los últimos años.

En una declaración de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, sostienen que hasta ahora la respuesta de las autoridades chilenas ante la llegada de migrantes de ese país ha sido únicamente desde una perspectiva política y mediática, sin colocar por delante la defensa de los derechos humanos de las personas que llegan por diferentes vías, incluyendo cruzando la frontera de manera irregular, como establecen los tratados y acuerdos internacionales.

“Hasta este momento la política migratoria por parte del Gobierno ha sido usada como un arma política y se ha caracterizado por la arbitrariedad en las reconducciones, dilaciones, fallas y hasta cierre del sistema para los trámites migratorios, dentro y fuera del país; trayendo consigo aumento de ingreso de los migrantes por pasos no habilitados, problemas de orden público, ajusticiamientos y violencia en manos de civiles, vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, tráfico de migrantes, trata de personas, muertes en frontera, estado de indefensión, dificultando o impidiendo su inserción en la vida social y productiva del país, violando así los derechos humanos de esta población”, precisan en el documento.

En la declaración señalan que “exhortamos al gobierno electo del Presidente Gabriel Boric a tomar medidas tendientes a la resolución de uno de los factores fundamentales de la diáspora venezolana. Es necesario atender a la crisis económica, política y social generada por las medidas unilaterales impuestas por los Estados Unidos contra Venezuela. El bloqueo a la economía de Venezuela, debe ser reconocido como uno de los factores mayormente generadores de una crisis social que ha conducido al éxodo de una parte de la población de dicho país”.

Además, recuerdan que “en febrero de 2020, Venezuela presentó ante la Corte Penal Internacional una denuncia (remisión) para que se investiguen los graves delitos cometidos contra la población venezolana por parte del Gobierno de Estados Unidos, debido a la imposición de un bloqueo económico y de medidas unilaterales denominadas, eufemísticamente, ‘sanciones’”.

El grupo de artistas, intelectuales, académicos y organizaciones humanitarias precisan que en julio de 2020 la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) “concluyó respecto de Venezuela que: ‘El aumento de las sanciones económicas y financieras ha exacerbado la crisis económica y social preexistente al mermar recursos que podrían haberse utilizado para proteger más adecuadamente los derechos económicos y sociales y hacerlos plenamente efectivos”.

Mientras, “la Relatora Especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales, en febrero de 2021, instó ‘al Gobierno de los EE.UU. a terminar la emergencia nacional relativa a Venezuela, reconsiderar y levantar las sanciones impuestas al sector público venezolano, revisar y levantar las sanciones secundarias impuestas a terceros países y abstenerse de imponer sanciones respecto al suministro de diésel que pudieran provocar una crisis humanitaria de proporciones sin precedentes”.

“Considerando todo lo anterior, es que solicitamos públicamente al gobierno entrante, a través de la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, que encabece una acción diplomática decidida y tendiente a eliminar las criminales medidas de boicot a la economía venezolana, condenadas por la normativa internacional y causante de una de las crisis humanitarias más agudas ocurridas en nuestro continente”, indican los firmantes.

Para el grupo, “solo el fin del bloqueo norteamericano a Venezuela, y su consecuente reconocimiento del derecho a la autodeterminación en la resolución pacífica de los conflictos internos, permitirá avanzar en la superación de la crisis económica y social, que redundará claramente en la disminución de las tasas migratorias venezolanas, que tanto se exhiben afectando a nuestro país”.

Finalmente, subrayan que “debemos recordar que nuestra propia historia nacional es inequívoca a este respecto. La intromisión norteamericana en América Latina ha traído consigo desestabilización, dolor y crisis, generando graves perjuicios para el desarrollo de nuestra región”.

Entre los firmantes se cuentan a los académicos de la Universidad de Chile María Emilia Tijoux, el doctor Sergio Aliaga y el historiador Sergio Grez Toso, el presidente de la Comisión Chilena de DDHH, Carlos Margotta, el Movimiento de Acción Migrante, la Comunidad de Bolivianos en Iquique, la Federación de Trabajadores de Call Centers, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, el presidente de la ANEF José Pérez Debelli, entre otros dirigentes sociales y sindicales del país.