La noche de este jueves el pleno de la Convención Constitucional votó el informe de la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, el cual contenía 38 artículos. De esos, la mayoría fueron rechazados al no obtener el quorum de dos tercios.

De esta forma, 32 artículos incluidos en el informe, correspondiente al 85 por ciento del articulado, deberán volver a la comisión para su revisión. En tanto, los seis artículos restantes serán votados en particular durante esta jornada.

Los artículos aprobados

El primer artículo en tener el visto bueno del pleno fue el referido a la crisis climática y ecológica y que establece que el Estado  reconoce la existencia de la crisis “como consecuencia de la actividad humana”.

En esa linea, se señala que “es deber del Estado desarrollar acciones y adoptar medidas en todos los niveles para la gestión de los riesgos, vulnerabilidades y efectos provocados por la crisis climática y ecológica”.

Si bien el texto sobre los derechos de la naturaleza fue rechazado, igualmente el pleno aprobó los “deberes del Estado con la Naturaleza”, así como una norma que señala que “es deber del Estado garantizar y promover los derechos de la Naturaleza, debiendo realizar todas las medidas necesarias de precaución, reparación, restauración y regeneración cuando exista o haya riesgo de degradación o daño ambiental”.

Otro artículo aprobado fue uno que consagra derechos para los animales y señala que “el Estado protegerá a los animales, reconociendo su sintiencia, individualidad y derecho a vivir una vida libre de maltrato”.

En ese mismo sentido se aprobó otra norma que propone que “el Estado fomentará una educación basada en la empatía hacia los animales y propenderá, a través de la ley, sus órganos y políticas públicas, al bienestar animal”.

Finalmente se aprobaron las normas que consagran el “derecho de participación ambiental” y establece que “se reconoce el derecho de participación vinculante e incidente en la toma de decisiones ambientales”, además del  derecho de acceso a la información ambiental que señala que “todas las personas tienen derecho a acceder a la información ambiental pública, que conste en poder o custodia del Estado, y de las empresas, instituciones y organismos que presten servicio al Estado”.