En Chile aún existen deudas en materia de derechos humanos. Así lo señaló el director ejecutivo de Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos, quien en conversación con el periodista Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis, hizo un repaso por algunos de los temas que espera sean abordados por la administración del Presidente electo Gabriel Boric que asume el próximo viernes.

El abogado recordó que en el caso del estallido social, la administración del Presidente Sebastián Piñera no fue capaz de enfrentar las demandas de la población que eran un cúmulo de derechos que para la mayoría de la gente no era posible acceder como a la educación, a la salud, a la vivienda, a vivir en un medioambiente libre de contaminación, entre otros.

Al contrario, Bustos puntualizó que la respuesta se tradujo en una severa represión que derivó en graves violaciones a los derechos humanos, que se tradujeron en 8 mil 827 denuncias, de las cuales sólo siete han llegado a sentencias condenatorias contra los funcionarios policiales o castrenses que estuvieron involucrados en los hechos.

Por eso, a su juicio “hoy día hay un panorama de mucha impunidad y el Estado de Chile, no sólo el Gobierno entrante, el Estado de Chile en su conjunto tendrá que hacerse cargo de este panorama sombrío que nos deja esta administración y estas tremendas deudas”.

A eso se suman otras herencias complejas como “el conflicto del Estado con el pueblo mapuche, la manera en que se ha abordado la inmigración en el último periodo, pero en general estos cuatro años. Pareciera ser que los conflictos políticos y cuestiones que tienen que ver con el ejercicio del derecho de las personas se aborda con Estados de Excepción, con restricciones de derechos. Esperamos que esa forma de abordar los conflictos políticos y cuestiones que tienen que ver con ejercicios de derechos, cambie radicalmente ojalá desde el día 11 de marzo”.

Sobre las responsabilidades de la actuación policial durante el estallido social, Bustos subrayó que hubo “actos y omisiones, a nuestro juicio del Gobierno, de Carabineros, de los altos mandos de Carabineros y también después una respuesta insuficiente de distintos órganos del Estado, del sistema de justicia, del Ministerio Público y de órganos auxiliares para que estas causas se investigaran de manera exhaustiva y oportuna. Por lo tanto, la verdad es que no hubo solo un problema de represión, sino también hubo un problema de hacerse cargo de esas violaciones a los derechos humanos”.

En ese sentido indicó que hay una importante cuota de responsabilidad de los altos mandos de la policía uniformada la que sostuvo que debe ser sometida “a una reforma profunda, estructural a esa institución, pero también a otras instituciones del Estado para que se hagan cargo adecuadamente cuando haya violaciones a los derechos humanos, de investigarlas y sancionar. Esperamos que ese tipo de reformas se lleven adelante en el próximo Gobierno”.

Reconocimiento del Ejército: valioso aunque insuficiente

Consultado respecto al documento dado a conocer por el Ejército donde asume su responsabilidad en el complot en conjunto con la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA), además de los asesinatos de miles de chilenas y chilenos los días posteriores al golpe de Estado, el director ejecutivo de Amnistía Internacional dijo que era un paso importante, pero que aún no da pistas en lo más importante que es conocer el paradero de los detenidos desaparecidos.

“Es un informe sin duda valioso desde la perspectiva que reconoce con mucha autocrítica las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar. Es un informe que señala como inaceptable que aún no se haya entregado los cuerpos de las personas detenidas desaparecidas, que plantea como una vergüenza los asesinatos de ex generales como Prats, como Schneider, señala que es una vergüenza para el ethos militar y por cierto que eso es valioso. Poder avanzar hacia un país donde las violaciones a los derechos humanos no vuelvan a ocurrir también parte por pasos como este”, planteó Rodrigo Bustos.

Además, recordó que al momento de darse a conocer el Informe Rettig en 1991, el Ejército con Augusto Pinochet a la cabeza, señaló que era todo mentira y que la institución castrense no tenía de qué pedir perdón al país. “Han pasado más de 30 años y por cierto hay una evolución”, agregó el abogado.

De todas formas, precisó que si bien “estos pasos son relevantes, no son suficientes, porque tienen que ir acompañados de acciones concretas. Es fundamental que se siga avanzando en verdad, en justicia, se entreguen los cuerpos de las personas detenidas desaparecidas, se colabore con el accionar de los ministros en visita que están investigando estas causas y todo eso tiene que ocurrir en el próximo tiempo”.

Sobre el futuro para la sociedad en materia de derechos humanos, Bustos subrayó que hay un trabajo importante que está desarrollando la Convención Constituyente, aunque destacó que hay una labor que le tocará abordar a la futura administración que encabezará desde el próximo viernes el Presidente Gabriel Boric.

“Que lleve adelante una agenda en materia de derechos humanos robusta, que tenga que ver por cierto con las deudas respecto de las graves violaciones de derechos humanos de la dictadura cívico-militar y del estallido social, pero no solamente quedándose en ello. hay mucho que avanzar en materia de educación de derechos humanos, en reforzar la institucionalidad de derechos humanos en nuestro país y todo lo que tiene que ver con los derechos de los grupos discriminados tradicionalmente en nuestro país. Por cierto los derechos de las mujeres, pero también los derechos de las disidencias sexuales, de los niños, niñas y adolescentes, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, las personas solicitantes de refugio e inmigrantes, las personas adultas mayores. Ojalá se avance en una agenda robusta en esa materia”, concluyó el representante del organismo internacional.