Ya forman parte del nuevo texto constitucional nuevas normas sobre el sistema de justicia y el Estado Regional, con lo que se llegó a un total de 50 normas ya ingresadas oficialmente al borrador de la nueva Constitución. En tanto la mayoría de las normas votadas en el Pleno sobre medio ambiente fueron rechazadas y volverán a ser revisadas por la comisión.

Esta semana, por su parte, se inició el debate sobre los derechos sociales en temas como la educación y la salud.

•  Normas sobre Medio Ambiente vuelven a comisión

La Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Comunes y Modelo Económico presentó, la semana pasada, 40 normas para votación del pleno, correspondiente al primer bloque temático referido a los derechos de la naturaleza, derechos de los animales, democracia ambiental, los bienes naturales comunes y emergencia climática. En la primera ronda de votaciones, 6 normas resultaron aprobadas por los 2/3, sin embargo, al momento de la votación en particular, solo 1 inciso de una norma más un epígrafe fueron aprobados por el quórum mínimo de 103 convencionales.

Con ese escenario, solo la norma que dice que “El Estado promoverá el diálogo, cooperación y solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la Naturaleza”, pasó oficialmente a formar parte del borrador del nuevo texto constitucional. El resto, tanto las rechazadas en general como en particular, están siendo revisadas por la comisión para ser ingresadas en un nuevo informe —en una última oportunidad — a la votación del Pleno.

¿Qué fue lo que pasó? Entre los argumentos esgrimidos para el rechazo estaba que muchas de las normas tenían problemas de redacción jurídica, como también que se excedían en materias propiamente constitucionales. Ante ello, el Colectivo Socialista, el Colectivo del Apruebo, los Independientes No Neutrales y la derecha, advirtieron estas fallas en las normas que impedían ser votadas a favor, pese a que, en el discurso general, la gran mayoría de las y los convencionales se ha mostrado a favor de incluir derechos como el de la naturaleza, los animales, y otorgar mayor regulación a los bienes comunes naturales. Ante ello, un arduo trabajo se viene por delante a la comisión para revisar prácticamente todas las normas rechazadas, a las que se suma la deliberación del otro bloque temático —que ya se esté llevando a cabo— y en cual se están trabajando temas como los estatutos mineros, energéticos y los derechos de agua.

• Derechos sociales entran a la discusión

Este lunes la Comisión de Derechos Fundamentales abrió la primera etapa de debate de —quizás— uno de los temas más esperados por la ciudadanía y que, en gran medida, fue el que más estuvo presente dentro de las demandas que dieron origen al estallido social de 2019, y que culminó con la realización de este proceso constituyente: los derechos sociales. De este modo, en el primer bloque de temas se escucharán, en audiencias públicas, la presentación de diversas normas de iniciativa popular que fueron ingresadas a la comisión en educación y salud.

Quien abrió los fuegos de la discusión fue el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, quien, en representación de las Universidades Estatales, presentó la iniciativa de norma orientada al fortalecimiento de una educación pública, laica gratuita y de calidad. En su intervención, explicó por qué el país necesita robustecer el rol de lo público y de las universidades estatales, por ejemplo, con mayores aportes basales para el sistema educativo chileno.

En tanto, este jueves llegará al Pleno el primer informe de normas sobre Derechos Fundamentales para ser deliberado y votado. Se trata de 50 artículos que dicen relación con principios generales para estos derechos, como también a derechos como los sexuales y reproductivos, a la honra, la libertad de asociación, libertad de emprender actividades económicas, derecho de propiedad, de religión, entre otros.

• Nuevas normas en Justicia se despachan al texto constitucional

Durante la semana pasada, el Pleno también revisó los segundos informes de normas que fueron rechazas en las votaciones tanto en general como en particular, correspondientes a temáticas sobre los sistemas de justicia y las formas de Estado.

En justicia, el Pleno finalmente aprobó la norma relativa a la consagración del pluralismo jurídico, con lo que ya pasó a formar parte del texto constitucional. El artículo que fue aprobado por 113 votos a favor, 39 en contra y 2 abstenciones establece que “el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los Pueblos Indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Estos deberán respetar los derechos fundamentales que establece esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte. La ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales”.  También en tema de justicia, se aprobó la norma relativa a la inamovilidad de los jueces, quedando así: las juezas y jueces son inamovibles. No pueden ser suspendidos, trasladados o removidos sino conforme a las causales y procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes”. Con ello, se eliminó, entre otras causales, la que señalaba que sería el Consejo de la Justicia el que tendría la facultad de remover a los jueces o juezas. Con ello, ambas normas ya pasaron oficialmente al borrador del nuevo texto constitucional.

•  Estado Regional ya toma forma

Luego que el Pleno aprobara la idea general de instaurar un nuevo modelo de Estado Regional, pero a su vez rechazara algunas normas más específicas sobre las atribuciones que tendría cada nuevo organismo ad hoc para esta nueva institucionalidad, en esta segunda ronda de votaciones del nuevo informe emanado de la comisión de Estado, finalmente se logaron aprobar varios artículos que comienzan a otorgar cuerpo y firma a esta nueva concepción de Estado.

Uno de los detalles por aclarar era sobre las Asambleas Regionales aprobadas para formar parte de este nuevo Estado, pero en donde habían quedado pendiente la mayoría de sus atribuciones. Con lo aprobado por el Pleno, se considera que estas asambleas se definirán como “el órgano colegiado de representación regional que, en conformidad a la Constitución, está dotado de potestades normativas, resolutivas y fiscalizadoras”, sus integrantes serán elegidos “por sufragio universal, directo y secreto” (135 votos) y ejercerán sus funciones por cuatro años, pudiendo ser reelegidos inmediatamente sólo una vez”.

Entre sus atribuciones se aprobó que estas asambleas pueden “aprobar, modificar o rechazar el presupuesto regional, el Plan de Desarrollo Regional y los Planes de Ordenamiento Territorial, como así también la de fiscalizar los actos del Gobierno Regional según el procedimiento establecido en el Estatuto Regional”. Ahora, en torno a otros elementos de este sistema, se rechazó la idea de crear un a Contraloría General Regional, tema que quedó ya absolutamente descartado.

Dentro de las facultadas de este nuevo modelo de regiones autónomas se aprobó que cada una establecerá su organización administrativa y funcionamiento interno en el marco de las competencias fiscalizadoras, normativas, resolutivas, administrativas y las demás establecidas en la Constitución y las leyes, y que este “debe respetar los derechos fundamentales y los principios del Estado social y democrático de derecho reconocidos en los términos establecidos en la Constitución. También, cada región sí podrá tener atribuciones para la creación de empresas públicas.

Con todo, este nuevo cuerpo institucional regional quedaría compuesto, hasta ahora,  por la Gobernación Regional y la Asamblea Regional.

• Nuevos diálogos ciudadanos

Una nueva instancia de participación ciudadana fue la que abrió esta semana la Convención, con el llamado a iniciar los Encuentros Constituyentes de la Convención. ¿En qué consisten? Son diferentes encuentros o cabildos que se pueden llevar a cabo entre el 18 y el 26 de marzo y que se harán en forma simultánea en las distintas comunas y regiones del país, y que tienen como fin debatir y entregar información en torno a las diferentes propuestas de normas que se encuentran en pleno proceso de discusión al interior de la Convención Constitucional, invitación que está abierta a todo quien desee participar incluyendo niñas, niños y adolescentes.

Los encuentros se pueden llevar a cabo de forma presencial, virtual e híbrida. Ellos consideran un momento de contextualización inicial, la entrega de información del avance del proceso constituyente, los resultados de la primera etapa de participación popular de la Convención, entre otras temáticas que puedan surgir. Todas estas conversaciones serán, posteriormente, sistematizadas en informes que se entregarán a través de las Relatorías de Participación Popular y que servirán de nuevos insumos para el debate constitucional.