El martes recién pasado, el Frente por el Patrimonio, organización que convoca a más de 150 entidades culturales del país, se reunió con los senadores Yasna Provoste y Carlos Montes y un asesor de la presidenta del Senado, Ximena Rincón, para manifestar su inquietud ante la tramitación del proyecto de ley de patrimonio cultural del Gobierno. 

En la reunión, las organizaciones advirtieron que la iniciativa posee distintos puntos críticos que afectan el desarrollo y la protección patrimonial, y que es relevante que el proyecto no sea tramitado en este gobierno, pese a las insistencias de las autoridades de turno. 

¿Cuál fue el resultado de aquella exposición? Finalmente, los senadores acogieron la preocupación de las organizaciones y se comprometieron a no tramitar la iniciativa. 

José Osorio, presidente de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, valoró el acuerdo alcanzado con las y los parlamentarios e indicó que “es relevante que los senadores y senadoras hayan escuchado la voz del movimiento social”, sobre todo, porque las organizaciones llevan casi cuatro años luchando en contra de este proyecto de ley a través de manifestaciones y presentaciones tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. 

“Este proyecto no puede seguir, porque en su origen no consideró algo que es muy grave: ni la consulta indígena previa ni un proceso serio de participación ciudadana y acorde a los estándares nacionales e internacionales para procesos en donde las comunidades diversas puedan expresar su opinión”, dijo el dirigente. 

“Entonces, estamos muy satisfechos por la respuesta de los senadores y senadoras, pero, indudablemente, estamos en alerta, porque siempre puede haber alguien y, me refiero en particular al Senado, que intente hacer algún tipo de maniobra de último minuto”, comentó.   

Desde su presentación en 2019, el proyecto de ley presentado por el Gobierno ha generado más de una crítica. Incluso, la futura ministra de las Culturas, Julieta Brodsky, expresó su rechazo a la normativa, indicando, por medio de su cuenta en Twitter, que el proyecto posee “graves errores en lo estructural y particular”.

¿Cuáles son los puntos en conflicto? Según lo expresado por los gremios, la reforma tiene inconsistencias de forma y fondo. Lo principal, dicen, tiene que ver con la falta de un proceso participativo y la omisión de la consulta indígena que exige el Convenio Internacional 169 de la OIT. 

Las críticas también apuntan al presupuesto contemplado en la iniciativa, es decir, cerca de 800 millones de pesos que, según las organizaciones, no alcanzarían para generar las transformaciones que se requieren. 

Otro punto tiene que ver con la generación de un modelo centralizado y burocrático de protección patrimonial que le impediría a las comunidades proteger aquellas zonas y barrios que son de su interés. 

“Este proyecto no puede seguir avanzando, porque tiene múltiples falencias. En primer lugar, es un proyecto que politiza la gestión del patrimonio”, afirmó Jorge González, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarias/os de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes (ANFUCULTURA). 

Según dijo el dirigente, hoy las declaratorias cuentan con facilidades para que los ciudadanos puedan presentar sus solicitudes a la vez que el Consejo de Monumentos Nacionales tiene un alto grado de representación ciudadana. 

De acuerdo a ello, sostuvo que la propuesta del Ejecutivo “lo que hace es cercenar la participación ciudadana, excluyendo a organizaciones que históricamente han participado en el Consejo de Monumentos: la Sociedad de Escritores de Chile (SECH) y la Asociación de Pintores y Escultores de Chile (APECH), e incrementa la participación de funcionarios del gobierno de turno”. 

Por otra parte, explicó que “el proyecto de ley logró saltar la barrera de la Cámara de Diputados de manera bastante mañosa”. Esto, ya que el Gobierno recurrió a “un subterfugio administrativo” para retirarlo de la Comisión de Cultura sin informe de aprobación, enviándolo a la Comisión de Hacienda. 

En esa línea, manifestó que es importante que las autoridades del nuevo gobierno retiren la urgencia que hoy posee la iniciativa: “Lo que esperamos es que el nuevo gobierno retire la urgencia que tiene en este momento el proyecto y se busquen las mejores medidas administrativas para poder llevar adelante este tema. Lo que nos ha comunicado el nuevo gobierno es que para ellos la consulta indígena y la consulta ciudadana son muy importantes y no van avanzar en términos legislativos si eso no se ha desarrollado”, comentó. 

Ahora, las organizaciones también esperan que surja un nuevo proyecto, reflejo del Chile constituyente. Es decir, una iniciativa que esté en sintonía con los debates que hoy existen al interior de la Convención Constitucional y que consagran el patrimonio como un derecho, reflejando la diversidad de los pueblos, la importancia del patrimonio inmaterial y la identidad del Chile profundo. Sólo así, afirman, podría solucionarse una demanda histórica del sector.