El pasado jueves 17 de marzo, el Tribunal Constitucional publicó la sentencia definitiva que acogió tres de los seis requerimientos de inaplicabilidad presentados por compañías aseguradoras y declaró como inconstitucional la reforma constitucional que permitió el tercer retiro del 10% de los fondos previsionales. Esta enmienda fue aprobada por más de dos tercios en el Congreso Nacional, ya que obtuvo 107 votos a favor en el primer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, y 199 en el tercer trámite, además de los 30 votos en el Senado, para luego ser promulgada por el ex presidente Sebastián Piñera.

En detalle, dos de los requerimientos aceptados fueron presentados por el grupo Penta, propiedad de Carlos Alberto Délano y Carlos Lavín, quienes fueron condenados por financiamiento ilegal de la política, y otro por el Grupo Bice. Y en las conclusiones del fallo, el organismo señaló que con el mérito de lo razonado, se acogió el requerimiento presentado por los requirentes, ya que hubo una afectación patrimonial para las empresas aseguradoras, y criticó que “la Ley N° 21.330 se presente como una ‘Reforma Constitucional’, con vistas a arrebatar una atribución que es del Jefe de Estado, según se ha demostrado, y de paso enervar la acción del Tribunal Constitucional”.

No obstante, el fallo redactado por el ministro Iván Aróstica recordó el rechazo del requerimiento presentado por la administración anterior para impugnar el tercer retiro y señaló que el proyecto se tramitó en ambas cámaras como uno de reforma a la Constitución. “En lo que atañe a este proceso, es evidente que la incorporación de normas sobre tercer retiro de fondos previsionales, incluyendo a pensionados de rentas vitalicias, es norma constitucional y no precepto legal, y este Tribunal no solo lo entendió así, sino que lo expresó, razonó y resolvió detallada, fundada y expresamente (…) Es por ello que no cabe sino concluir que la normativa cuestionada no solo no es precepto legal, sino que no podría serlo, ya que los órganos constituyentes derivados y este mismo Tribunal ya han reconocido su indiscutible carácter de norma constitucional”, señaló el documento.

La decisión del Tribunal implicaría que las compañías de seguros podrían demandar al fisco para exigir indemnizaciones por pérdidas provocadas debido al tercer retiro de fondos de pensiones, y uno de los votos a favor del fallo vino por parte del ex diputado y ex militante de la UDI, Cristián Letelier, quien el 21 de marzo asumió como presidente interino del Tribunal Constitucional. Sin embargo, el actual ministro estuvo involucrado en las platas políticas del grupo Penta, situación que se hizo pública en 2013 al conocerse el correo electrónico enviado a Carlos Alberto Délano para solicitar recursos a fin de desplegar la campaña de la Unión Demócrata Independiente en la comuna de Melipilla.

En este contexto, el actual diputado del Partido Comunista por el distrito 2 y abogado querellante de la causa SQM, Matías Ramírez, calificó como “impresentable” la decisión del Tribunal al pronunciarse sobre una reforma constitucional aprobada por el Congreso Nacional, ya que la decisión adoptada “entra a un fondo tan complejo que permite a las Aseguradoras de Fondos de Pensiones ejercer acciones contra el Estado”, y subrayó que el fallo hace dudar sobre la pertinencia de mantener el Tribunal Constitucional como institución. “Al menos yo tengo una posición de que no debiese existir, porque creo que no se justifica y en aquellas discrepancias de índole constitucional o interpretativa de ciertas normativas podría ser una potestad que puede tener la Corte Suprema y que podría ser conocida por el Pleno de Ministros”, sostuvo.

Además, Ramírez manifestó su molestia y criticó el accionar del actual presidente interino del organismo, ya que “los antecedentes que hay en la indagatoria del caso Penta dan cuenta de cómo el financiamiento de esta empresa fue a parar, precisamente, a la Unión Demócrata Independiente para financiar a dicho partido y a personas en particular”, donde estuvieron implicados Pablo Wagner, Iván Moreira, Laurence Golborne, Ena Von Baer, Pablo Zalaquett y el fallecido Jovino Novoa, entre otros políticos. “Lo que correspondía a todas luces era que el ministro Cristián Letelier no participara del debate de una cuestión tan importante como esta presentación realizada por las Aseguradoras de Fondos de Pensiones”, expuso.

En esa línea, el parlamentario precisó que el ministro “debiese haberse inhabilitado del conocimiento de esta materia” y aseguró que, en vista de los antecedentes que están siendo analizados por él y su equipo, eventualmente podría existir la posibilidad de realizar una indagatoria de carácter penal. “Se podría hablar de algún conflicto de interés, de algún tráfico de influencias o de alguna prevaricación administrativa. Pero creo que, en este caso, puede haber un tráfico de influencias que debe ser indagado por el organismo correspondiente que sería el Ministerio Público”, advirtió, y explicó que si bien la Cámara Baja no tiene facultad de fiscalización directa respecto al Tribunal Constitucional, “sí la tiene en razón de los antecedentes y se podrían ejercer otro tipo de acciones”.

“Una razón más para consagrar una Corte Constitucional paritaria en la nueva Constitución”

Por su parte, el diputado de Acción Humanista y representante del distrito 11, Tomás Hirsch, aseguró que el fallo del Tribunal Constitucional demuestra que “una vez más termina actuando como una suerte de tercera cámara” al oponerse a la voluntad de la ciudadanía expresada democráticamente en la elección para la composición del Parlamento, y recalcó que, en el caso de Letelier, “lo menos que uno esperaría es que se abstuviera de participar y, sin embargo, lo que vemos es que lo hace en forma activa y hay un conflicto de interés que es absolutamente brutal”. Además, advirtió que abrir la puerta a demandas por parte de las compañías aseguradoras “puede terminar siendo un daño patrimonial para todos por la vía de juicio que puedan iniciarse en contra del Estado”.

“Ese conflicto de interés está por todos lados. En primer lugar, en el diseño mismo del Tribunal Constitucional y, en segundo lugar, en que hayan personeros que están vinculados e involucrados en situaciones de empresas que están alegando ante el organismo. Aquí no hay ninguna decencia en la forma en que están actuando”, criticó Hirsch, y aseveró que esa situación “nos lleva a considerar que en la nueva Constitución tiene que modificarse completamente la estructura, el diseño, las funciones y los nombramientos de un eventual Tribunal Constitucional en el país”.

Mientras que para el convencional del Partido Comunista por el distrito 13, Marcos Barraza, la decisión adoptada por el organismo “es claramente ilustrativa de que el Tribunal Constitucional actúa a favor de la industria de las pensiones y no del interés de los derechos fundamentales de la ciudanía”, y aseguró que el fallo a favor de las aseguradoras “una vez más contribuye a deslegitimar el carácter de esta institución”. Y en esa línea, el constituyente coincidió con el diputado Tomás Hirsch e indicó que lo ocurrido “es una razón más para que en la nueva Constitución se fortalezca y se consagre la idea de una Corte Constitucional paritaria que aborde derechos fundamentales, no como este Tribunal Constitucional que reiteradamente ha dado muestras de sesgos de carácter siempre neoliberal”.