La mañana de este martes, Rodrigo Bustos y Sofía Lanyon, director ejecutivo y presidenta de la junta directiva de Amnistía Internacional (AI) Chile, respectivamente, entregaron el Informe Anual 2021/22 del organismo titulado “La Situación de los Derechos Humanos en el Mundo”, que abordó la crisis de los derechos humanos en América Latina como uno de los principales efectos de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, y que reflejó la desigualdad entre países, tanto por el acceso a las vacunas por los pactos de gobiernos con empresas farmacéuticas como la recuperación económica.
En el informe de Amnistía Internacional se confirmó que, una vez más, la región sigue siendo la más letal para quienes defienden los derechos humanos y se dedican al activismo ambiental. Además, la organización criticó la impunidad por las violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional, que afectan a más de la mitad de los países de la región y también advirtió el aumento de los ataques contra la independencia judicial.
“Hemos señalado que el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera ha dejado un legado sombrío en materia de derechos humanos, por las graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período del estallido social”, aseguró Rodrigo Bustos, y señaló que durante el 2021 el Estado de Chile, y en particular la administración anterior, no estuvieron a la altura “de adoptar medidas tendientes a avanzar en verdad, en justicia, en reparación integral y en garantías de no repetición”. En esa línea, enfatizó que lo principal “es una reforma estructural y profunda a Carabineros de Chile”, ya que los hechos de violencia por parte de efectivos durante las primeras semanas del nuevo Gobierno reflejaron que “es indispensable avanzar en ella con urgencia”.
Además, desde AI advirtieron “la falta de justicia” con respecto a las denuncias “de graves vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en el estallido social”, ya que de las 10.796 denuncias que activaron investigaciones por parte del Ministerio Público y luego de dos años de indagatorias, sólo existen 9 sentencias condenatorias que representan un 0.83% de los casos. “Eso nos muestra un escenario de mucha impunidad y creemos que el Estado de Chile debe hacerse cargo de manera urgente adoptando un conjunto de medidas para revertir esa situación”, criticó Bustos.
En ese contexto y en esta jornada donde se conmemora un nuevo Día del Joven Combatiente y se cumplen 37 años del secuestro y asesinato de Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero, Rodrigo Bustos señaló que desde AI vigilarán los avances que permitan saldar deudas por parte del Estado en múltiples temas, ya que “los derechos humanos no son favores que se conceden a las personas y la ciudadanía, sino que son derechos que deben que ser garantizados”.
Al ahondar en las múltiples deudas del Estado chileno en materia de derechos humanos, Sofía Lanyon abordó los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y criticó el rechazo por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley de despenalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación. Incluso, denunció que “la tardanza de casi un año de la dictación del reglamento que permitía la implementación de esta ley” provocó que mujeres gestantes fueran impedidas de acceder a un aborto seguro por alguna de las tres causales permitidas.
Además, la presidenta de la junta directiva de AI Chile expresó su preocupación por la violencia de género y aseguró que “las medidas para proteger a niñas y mujeres son insuficientes y son tardías, ya que las investigaciones de los casos de violencia intrafamiliar, de género, violaciones y feminicidios son siempre deficientes”, y recordó que durante el 2021 en Chile se cometieron 44 feminicidios, que calificó como “una cifra escalofriante”. En esa línea, advirtió la vulnerabilidad de la comunidad LGTBIQ+ en las Américas y señaló que “nuestro Gobierno debe ser acucioso y esmerarse en la investigación y sanción de los delitos” hacia ella. Además, destacó la promulgación del matrimonio igualitario y valoró la educación temprana como una herramienta fundamental para generar un cambio cultural que permita erradicar la discriminación por causas de género.
Sobre el trabajo en la Convención Constitucional, Sofía Lanyon aseguró que desde AI observan con esperanza el Proceso Constituyente para redactar un texto constitucional que proteja de mejor manera los derechos humanos. “Hace tiempo venimos afirmando que la Constitución de 1980, con todas las modificaciones que ha sufrido con posterioridad, no cumple con estándares mínimos de derechos humanos”, subrayó, y señaló que el texto actual “no contiene una norma robusta que permita incorporar el derecho internacional de los derechos humanos en nuestro ordenamiento jurídico y la institucionalidad también presenta debilidades”, lo que no permite ejercer o reclamar el respeto a los derechos humanos cuando éstos son vulnerados.
Por otra parte, Rodrigo Bustos valoró el retiro de las querellas por Ley de Seguridad del Estado en contra de los denominados ‘presos del estallido social’ y también la firma del Acuerdo de Escazú durante las primeras semanas de la administración de Gabriel Boric. “Hay algunas medidas que creemos van en el camino correcto”, aseguró. No obstante, señaló que “la magnitud de las deudas que hay que saldar por parte del Estado chileno es tan grande que queda mucho por hacer”, y agregó la importancia de “relevar algo que se ha vuelto a mostrar estas últimas semanas: la necesidad de una reforma profunda, estructural y urgente a Carabineros de Chile para que tengamos una policía que, junto con controlar el orden público y prevenir los delitos, sea una policía respetuosa de los derechos humanos”.
Al ahondar en la ley de amnistía para los ‘presos del estallido social’, el director ejecutivo de AI aseguró que en relación a los detenidos “han existido importantes vulneraciones de derechos humanos de las cuales el Estado de Chile tiene que hacerse cargo”, y criticó el uso abusivo de la prisión preventiva ya que “termina siendo aplicación de penas anticipadas, lo que es absolutamente contrario a los estándares internacionales de derechos humanos en la materia”. Además, recordó las absoluciones luego de años con privación de libertad por falta de evidencias o “en casos donde se ha determinado producción de pruebas ilícitas por parte de agentes del Estado”, y llamó al Congreso a legislar sobre el proyecto que actualmente está en el Senado. “En ningún caso puede ocurrir que haya personas presas por haber ejercido el derecho a la protesta”, fustigó.
Y al referirse a una eventual reforma estructural de Carabineros, Rodrigo Bustos señaló que “lo primero que queremos dejar en claro es que, más allá de la nomenclatura que se discute sobre si tiene que ser una reforma o una refundación, lo importante es que ésta no puede ser una pequeña modificación, no pueden ser cambios cosméticos a una institución que requiere transformaciones profundas”, y agregó que, a juicio de AI, es necesario “un cambio en su doctrina, en su malla curricular y en los diversos procesos formativos para que los derechos humanos estén transversalmente en la formación de las y los carabineros”.
“Se requiere que haya procesos de rendición de cuenta efectivos. Hemos podido constatar que, en general, las investigaciones administrativas y los sumarios en la gran mayoría de los casos quedan en nada”, explicó y detalló que “más que simples protocolos que vayan cambiando cada cierto tiempo, se requiere una regulación legal del uso de la fuerza” por parte de agentes del Estado, como ocurre en muchos países, y “no meramente a través de protocolos que haga el Ministerio del Interior de turno”. Además, recordó que el derecho a manifestarse es un derecho humano, y debe ser regulado “a través de una norma de carácter legal que sea coherente con los estándares internacionales de derechos humanos”.
