Tras revisar el último informe en el pleno de la Convención el sábado pasado, molestia causó el rechazo de las normas relativas a la nacionalización de la minería propuestas por la comisión de Medio Ambiente.

Así, por ejemplo, por 64 votos a favor, 57 en contra y 22 abstenciones, fue descartado definitivamente por el hemiciclo la indicación N°40 de la convencional de la Coordinadora Plurinacional, María Rivera. Esta estipulaba que “el Estado desarrollará de manera exclusiva la actividad minera sobre la gran minería del cobre y el litio”.

Tampoco logró concitar acuerdo el artículo 27, que establecía las directrices para el desarrollo del sector y la entrega de concesiones, los cuales se otorgarían “mediante un procedimiento transparente e informado a la ciudadanía, por un órgano autónomo creado por ley”.

Este hecho provocó cuestionamientos hacia el Colectivo Socialista, Frente Amplio e Independientes No Neutrales, puesto que varios de sus integrantes rechazaron o se abstuvieron en la votación.

En conversación con Radio Universidad de Chile, el convencional del Partido Comunista, Marcos Barraza, se refirió a esta situación, señalando que “yo creo que fue una debilidad el resultado final, nosotros hubiésemos preferido que se hubiesen aprobado normas que fortalecieran el rol del Estado en materia de explotación y exploración de los minerales y una definición clara nos hubiese gustado en relación carácter estratégico para el país de estos minerales”.

El exministro consideró que también habría sido positivo haber aprobado “algunas de las normas que posibilite una revisión de las actuales concesiones mineras, en tiempos razonables, con estabilidad política, pero el que no se hayan aprobado no es una buena noticia, sin perjuicio de que la plenitud del texto constitucional aborda y corrige importantes deficiencias del Estado en Chile”.

Sin embargo, defendió su determinación respecto del artículo 27 propuesto por la comisión- que rechazó- puesto que “básicamente establecía un mandato de revisión de las concesiones para las que entraran a regir prontamente, pero no para las ya existentes. Nos parece que es clave tener una institucionalidad en términos de autorizaciones administrativas que reemplacen a las habituales concesiones”.

Con todo, planteó que “todavía queda espacio para, en última instancia, hacer correcciones a partir de las disposiciones transitorias” y agregó que “el que se haya aprobado que el Estado de Chile tenga dominio público respecto de los minerales, minas, yacimientos, conserva el texto aprobado por el presidente Allende el ’71 y que incluso perduró en la Constitución de la dictadura. Eso es un piso mínimo”.

“Más que centrarme en una crítica directa a personas o colectivos, a nosotros (Chile Digno) nos parece que es una cuestión estratégica definir el rol del Estado en materia de explotación minera, a partir de la convicción de que aquí estamos hablando de soberanía, pero también estamos hablando de sostenibilidad fiscal en el largo plazo”, dijo Barraza, quien también integra la comisión de Normas Transitorias.

Por lo mismo, afirmó que “vamos a perseverar porque creemos que este camino es más largo y vamos a esforzarnos porque en disposiciones transitorias pueda cristalizarse un mandato claro, consistente con la soberanía nacional y, por otro lado, asegurar el rol protagónico del Estado en la exploración de los minerales”.

Así, por ejemplo, se mostró partidario de discutir en esta instancia la implementación de una entidad “que revise y provoque la adecuación de las actuales concesiones a las autorizaciones administrativas por parte del Estado en materia de minería”. “Ese sería, tanto en la creación de institucionalidad en disposiciones transitorias, como el mandato expreso para esa en un tiempo prudente desde el punto de vista político. Entonces, hay que perfilarlo de manera tal que exprese lo que no pudo ser aprobado en normas permanentes y que sí pueda ser abordado en disposiciones transitorias”, expresó.

Sobre sus proyecciones respecto al debate en la comisión, consideró que este se va a dar “con la honestidad y franqueza que se ha dado hasta ahora. Creo que hay preocupación en muchos convencionales de que el no tener normas en materia de minería no es bueno, es un problema. En ese sentido, va a existir la disposición de aquellos que votaron en contra, probablemente no, pero hay que buscar una posibilidad de que estas normas queden presentes y que no cierren el debate, sino que lo abran”.

También aseveró que “pienso que al interior de la Convención esta semana lo que se va a dar en Disposiciones Transitorias es escuchar a muchas instituciones, a los poderes del Estado a propósito de cuál es la información disponible para efectos de tomar decisiones”.