Este lunes en la sede de Gobierno la titular de la Segegob, Camila Vallejo, abordó algunas aristas de la medida poco antes oficializada por la ministra Izkia Siches, sobre la extensión del estado de excepción en el Biobío y la Araucanía bajo las mismas condiciones de los días previos, vale decir, radicado para el resguardo de los caminos. En ello, Vallejo manifestó la postura del Ejecutivo sobre la denuncia que realizó el Gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, quien acusó que desde el 2018 el Servicio de Impuestos Internos dejó de perseguir la ruta del dinero de la madera robada desde los fundos forestales en la región. Esto por razones que la autoridad interpretó como políticas.

Además Díaz denunció que “hay una organización criminal que se dedica a robar madera” en la zona, “que maneja del orden de 100 millones de dólares en madera robada”. Por tanto, la falta de persecución de parte del SII era inentendible para la autoridad. “No tengo ningún argumento ni razón lógica para saber por qué lo dejaron de hacer. A mí me parece absolutamente irracional que se haya dejado de seguir la ruta del dinero”, expresó.

Al respecto la ministra Vallejo consideró la denuncia de particular interés para el Ejecutivo en cuanto atentaría contra una de las mayores tareas del Estado en la región, que es dar con el origen del crimen.

“Lo de Servicio de Impuestos Internos me parece grave. Nosotros obviamente vamos a recabar todos los antecedentes porque uno de los compromisos que hemos asumido como Gobierno y en lo que hemos ido trabajando es que vayamos a la raíz de los problemas y no solamente nos preocupemos del resultado final de la cadena de la comisión de delitos, sino en su origen y eso implica perseguir la ruta del dinero, por lo tanto es un tema de especial interés por parte de este Gobierno”, sostuvo.

Otras materias por las que fue requerida la ministra fue por el aumento de los recursos de la Armada en la zona de Arauco, que fue parte de los anuncios que realizó la jefa de Gabinete, Izkia Siches. Si bien Vallejo señaló que el detalle de esos montos corresponde ser especificados por Interior, explicó que estos corresponden a cuestiones operativas.

“Para que puedan funcionar las instituciones, requieren centros operativos donde instalarse y eso requiere un despliegue. Montos yo no puedo adelantar al respecto, pero tiene que ver más con el desarrollo logístico”.

En cuanto a la extensión de la medida, Vallejo aseveró que la decisión del Gobierno pasó por “una consulta previa a las fuerzas que están operando en el territorio del Ejército y de las policías” y tras un consenso conjunto respecto a que “esto se tenía que prorrogar bajo las condiciones que se había decretado”. Por tanto reafirmó que esta “no es una decisión unilateral, sino que es una decisión a partir de un diagnóstico compartido común y una recomendación hecha de parte de las instituciones correspondientes”.