El Movimiento por el Agua y los Territorios criticó lo que sostiene es el intento de las empresas sanitarias y mineras de impedir la aprobación durante esta jornada en la Convención Constituyente de las normas transitorias relacionadas con el agua y que dejaría a este elemento como un bien de uso público con el cual no se puede lucrar.

La agrupación señala que este jueves deben ser votadas estas normativas, las que restituyen al vital elemento como un derecho humano fundamental para las comunidades.

“Las empresas sanitarias están presionando para defenderse de un riesgo inexistente en la práctica, y pretenden impedir que al promulgarse la constitución, se haga de inmediato realidad el cambio de los actuales derechos de agua por autorizaciones de uso, dado su carácter de bien común inapropiable”, indican en un comunicado.

El MAT calificó como “inaceptable que las sanitarias y sus eventuales aliados en el gobierno, pretendan colocarse por sobre las necesidades urgentes de los territorios y comunidades en hipotético resguardo de sus intereses, que no están amenazados por los artículos transitorios”.

Además, recordó que “las sanitarias, así como otros conglomerados empresariales de la minería y el agronegocio, se relacionan con el agua desde la mirada del modelo de privatización que hemos tenido hasta ahora, desde la lógica del lucro y el negocio”.

En ese sentido recalcó que “en numerosas ocasiones a lo largo de la historia reciente,  ha habido empresas  sanitarias que han fallado en su servicio a las comunidades, ya sea por no haber realizado las inversiones necesarias o por una administración cuestionable en la que también han existido casos de corrupción comprobada”.

Por otro lado, apuntó al “rol jugado por Aguas Andinas con el proyecto Alto Maipo, con un convenio que contravino todas las normas sanitarias y de aseguramiento del agua para los usuarios. También llamamos la atención sobre las denuncias a ESVAL en Valparaíso en tiempos de la construcción del colector de aguas servidas Valparaíso-Viña, que se agregan a este desprecio por el bien común y las necesidades de los usuarios”.

Para el movimiento, “la maniobra actual de las sanitarias, es dilatar indefinidamente las medidas que permitan enfrentar de forma urgente la crisis hídrica existente en más de 260 comunas del país, asegurando el derecho humano al agua y los ecosistemas, con los mecanismos existentes en la actual institucionalidad y con efectos en los actuales dueños del agua”.

“Como MAT estimamos que tanto las empresas como el Estado deben respetar el poder constituyente y sobre todo, atender a las necesidades de las comunidades, lo cual en concreto significa la aprobación inmediata de los artículos transitorios 36, 37 y 38 referidos a ese tema”, sostiene en el comunicado, señalando además que deberá ser la Agencia Nacional de Aguas la que posteriormente deberá abordar los aspectos que no estén contenidos en la nueva normativa que deberá ser plebiscitada el próximo 4 de septiembre.