Severas críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos y también -aunque más discretas- de algunos gobiernos, provocó la visita de Michelle Bachelet a la República Popular China a fines de mayo. El foco de las mismas estuvo centrado en las conclusiones que ofreció la Alta Comisionada al término de la visita, las que fueron calificadas como “muy blandas”.

Este miércoles, en una presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se reúne en Ginebra, Bachelet respondió a preguntas que los representantes de diversos países allí representados le formularon sobre ese viaje y, entre otros comentarios, reconoció que no pudo hablar con ningún detenido en los “campos de reeducación” para miembros de la minoría musulmana uigur, asentada en la provincia noroccidental china de Xinjiang.

Hay que recordar que se acusa a Pekín de haber detenido a más de un millón de uigures y otras minorías musulmanas en tales  lugares. También de obligar a las mujeres aigures a  esterilizaciones forzadas, acusaciones que China niega con vehemencia, afirmando que sus medidas de seguridad son una respuesta necesaria “al extremismo”. Estados Unidos, en pugna permanente con el gobierno de Xi Jinping, califica las acciones de éste en Xinjiang de “genocidio” y “crímenes contra la humanidad”, expresando su “preocupación” por los “esfuerzos de China para restringir y manipular” la visita de Bachelet a esa provincia.

La gira fue también duramente criticada por grupos de derechos humanos y de uigures en el extranjero. De hecho, el director ejecutivo de Human Rights, Kenneth Roth, restó importancia al argumento de Bachelet de que su visita fue valiosa porque pudo hablar con franqueza a los funcionarios chinos. “Ese tipo de conversaciones tras bambalinas es justo lo que el gobierno chino quiere, sin informes públicos, sin presión para poner fin a su intensa represión contra los uigures y otros”, señaló Roth por Twitter. Aún más fuerte fue la crítica de la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, quien afirmó que “la visita de la Alta Comisionada se caracterizó por tomarse fotos con funcionarios del gobierno y por la manipulación de sus  declaraciones en los medios estatales chinos, dando la impresión de que ella participó directamente en un ejercicio de propaganda del gobierno chino “altamente predecible”, subrayó.

Por su parte, Bachelet reiteró que no pudo hablar con ningún uigur actualmente detenido ni con sus familias. No obstante, afirmó, anticipándose a esa situación “me encontré con antiguos detenidos que están fuera del país y familias que han perdido contacto con sus seres queridos en esa región”, explicó. “Además hubo limitaciones, especialmente en relación con las restricciones por el Covid-19”, explicó la ex presidenta chilena. “Estuve acompañada por funcionarios del Gobierno durante mi visita a Xinjiang”, comentó, porque “las visitas de alto nivel no son, por definición, misiones de investigación”, aseveró. Pero hizo hincapié en que su criticado periplo a China le permitió exponer temas importantes y de mucha preocupación a los líderes y responsables políticos chinos.

Sostuvo asimismo que Pekín facilitó todas las reuniones que ella solicitó con representantes del Poder Judicial, funcionarios con responsabilidad en distintos ministerios, empresarios y académicos. “Se me ofreció un amplio espacio para discutir y hacer preguntas”, reconoció también. “El gobierno de China respetó mi deseo de reunirme con entidades de la sociedad civil y esto fue organizado por mi oficina sin presencia de funcionarios públicos”, agregó. Recordó, además, que el organismo que encabeza ha recogido de forma remota, desde hace bastante tiempo, información sobre la situación en Xinjiang y que, sobre la base de aquello, se publicará el  esperado informe sobre la situación de derechos humanos de los uigures que, inicialmente, iba a ser presentado el pasado diciembre.

La alta comisionada, quien esta semana anunció que al concluir su mandato el próximo 31 de agosto no postulará a un segundo período al frente del organismo de DD.HH. Naciones Unidas, regresará a Chile en septiembre. “Mi familia y mi país me necesitan” afirmó ante la prensa.