En el mes de julio de este año termina el mandato del director Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, en medio de fuertes críticas de las organizaciones de la sociedad civil por las acciones del organismo tras las manifestaciones surgidas en el estallido social. Mientras por un lado cuestionan su excesiva cercanía a las consideraciones del poder político, por otro afirman que su gestión está apegada al mandato de la ley. Al mismo tiempo, en las próximas semanas el Consejo directivo deberá renovar parte de sus integrantes.

Algunos de los consejeros/as que deberán cambiar o renovar su cargo en el directorio son Eduardo Saffirio, Margarita Romero,  Branislav Marelic, Carlos Frontaura (termina su periodo el 11 de octubre) y Debbie Guerra. En el caso ésta última, su reemplazo es de responsabilidad del presidente de la República, Gabriel Boric. La sustitución de  Saffirio la debe designar la Cámara de Diputadas y Diputados. Además, sigue pendiente el reemplazo de Salvador Millaleo, designación que debe resolver el Senado y donde los socialistas reclaman que ese cupo les “pertenece”.

Estos cambios se realizarán en un ambiente de los cuestionamientos hacia la entidad, donde el último episodio controvertido se produjo el 16 de mayo cuando el INDH decidió no presentar una querella criminal por la comisión de delitos de lesa humanidad durante el estallido social, con el argumento que  “los antecedentes disponibles a la fecha no permiten configurar la concurrencia de un ilícito de tales características, conforme lo dispone el Estatuto de Roma y la propia ley chilena”.

 La sociedad civil y los funcionarios

Los cuestionamientos a la gestión de Micco no solo provienen de las organizaciones de la sociedad civil, sino también desde el interior del propio organismo, donde las y los funcionarios denuncian que debieron soportar un clima hostil, con designaciones irregulares de cargos de confianza y problemas administrativos que terminan con una entidad desacreditada, pese a la entrega personal que hicieron las y los trabajadores en el período del estallido social.

Luis Guerrero Paredes, presidente de la Asociación Nacional de funcionarios, Defensoras y Defensores de DDHH del INDH, ANDEDH, señaló que en la gestión de Micco la dirección ha estado “marcada por una pésima relación con trabajadores y trabajadores y que después de mucho tiempo se han acordado pisos mínimo de diálogos para poder desempeñar la tarea en condiciones más saludables”.

Indicó que durante los tres años han  estado abiertamente en negociaciones y críticas y  un sinnúmero de acusaciones donde “el director se desliga de muchos actos y errores que son de su responsabilidad culpando a las y  los funcionarios de las tareas, lo  que a nosotros nos parece inaceptable y hemos condenando esa situación”

Afirmó que como funcionarios han intentado incidir en las políticas públicas del INDH, pero sin el peso y respaldo de una institución que está marginada a la irrelevancia por la insuficiente credibilidad o legitimidad  que tiene su cuerpo directivo.

Guerrero afirmó que lamentablemente no gozan con el reconocimiento que debieran tener, pese al “esfuerzo que sus trabajadores han hecho para mantener la honorabilidad”.

Agregó que un hito importante en el accionar del organismo fue la toma del edificio, donde las organizaciones sociales exigieron un pronunciamiento sobre las vulneraciones a los derechos de las personas que estaban ocurriendo en todo el país.

El dirigente afirmó que pese a los antecedentes, el INDH se negó a interponer la querella por crímenes de lesa humanidad, aunque había un acuerdo en el Consejo directivo de presentar una querella contra el alto mando de carabinero, acción judicial que sí se va a presentar y se está trabajando  en su redacción y fundamentación.

 “Hay que distinguir que tanto la norma chilena como el Derecho Internacional aplicable que corresponde el Estatuto de Roma,  coinciden en que se pueden identificar los crímenes de lesa humanidad cuando ocurran graves  delitos, que se hayan cometido en el contexto de un ataque generalizado  sistemático contra una parte de la población y que ese ataque haya correspondido a una política de Estado que puede manifestarse por acción u omisión”

Indicó que la ley 20.405 obliga la institución a presentar acciones judiciales y no hacer evaluaciones anticipadas de la prueba y el INDH ha  señalado por acuerdo de la mayoría del consejo, 6 contra 4, que no presentaría la querella por crímenes de lesa humanidad. “Esa medida  se tomó adelantando un juicio una valoración de los hechos, señalando que no existen indicios  necesarios para presentar una querella por crímenes de lesa humanidad lo que es gravísimo y el INDH no tiene facultades jurisdiccionales,  ni tiene facultades para evaluar la prueba.  Lo que tiene es el mandato de la ley que dice que tiene el deber de presentar acciones judiciales”

Respecto del rol que tuvo el director del INDH frente a las violaciones a los DDHH ocurridas desde el 18 de octubre de 2019, el dirigente afirmó que “todos los cuestionamientos que se pueden hacer y se han hecho a su gestión hablan de blindaje al poder político”.

“La gestión de Micco fue capaz de llegar hasta los altos mandos de carabineros por su responsabilidad, no de quienes dispararon en la que calle,  sino de quienes pudiendo cambiar las municiones, estando informados de los efectos que estaba teniendo en la población, permitieron y toleraron el uso de esas municiones. Hasta ahí llega el INDH al cuestionar a los altos mandos”, afirmó .

Sin embargo, añadió que “lo que está detrás de no presentar la querella por violaciones de lesa humanidad es no avanzar más allá de los mandos de carabineros, hacia el poder político que toleró por omisión o por acción y eso se demostrará el tiempo”

En ese sentido agregó que hay características que eran evidentes, patrones de conducta en todas las provincias del país con dos hechos fáciles de identificar. Uno  de ellos son los casos de trauma ocular de distinta naturaleza que se dieron contra un gran número de personas. El segundo es que  también se pueden encontrar esos patrones de conducta en distintos  tipos de violencia y vejámenes de contexto sexual, precisó Guerrero.

Frente a estos hechos, el dirigente de la ANDEDH afirmó que el organismo presentó solo un tercio de las querellas en representación de personas que fueron víctimas de violencia en el contexto del estallido social y “eso no puede ser sino una política de blindaje del poder político. Es una decisión de no ir más allá en la persecución penal y el INDH lamentablemente no puede abandonar su deber de presentar las acciones judiciales correspondientes para determinar quién exhaustivamente tuvo la responsabilidad sobre hechos que tanto dolor causaron a la población”.

La autonomía del INDH

El rol del organismo ha sido fuertemente criticado por las organizaciones sociales que cuestionan su papel de los últimos años en la crisis social y política y la represión policial hacia el pueblo, sino también su composición dentro de las lógicas del binominalismo, lo que lo convierte en una entidad sin autonomía.

La presidenta de la Comisión de DDHH de la cámara de diputadas y diputados, Lorena Pizarro, afirmó que el director del organismo no solo “no estuvo a la altura de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que hubo después del levantamiento popular desde el momento en que Sebastián Piñera le declara la guerra al pueblo, sino que  el silencio cómplice el INDH permitió una represión sin límites. Cuando hay una institución que guarda silencio en la violación sistemática de los derechos humanos,  se puede actuar por omisión o de manera directa.  Y eso es lo que nosotros observamos durante durante todo el tiempo, en que se ha reprimido de manera brutal a quienes han salido o hemos salido a la calle a manifestarnos en contra de este modelo desigual”

Añadió que Micco “no solamente fue un operador político del gobierno de Sebastián Piñera, cuando él desconoció que en Chile se violaron sistemáticamente los derechos humanos.  Cuando cuestionó incluso el actuar de la denuncia en relación a la violación a derechos humanos s y no actuó  con la ley,  con la firmeza que debía hacerlo frente a los crímenes que se estaban cometiendo nuevamente, es  y el responsable de lo que allí ocurrió”

 Pizarro dijo que que cuando presidió la AFDD, expresaron sus dudas por la creación de este organismo porque había sido decretado su existencia “en la lógica de la medida de lo posible” porque no sólo no tenía autonomía, sino que en su ámbito de atribuciones era muy acotado. Por ello, afirmó que se debe revisar su funcionamiento, la normativa que lo rige, su composición y además, “avanzar de manera resuelta a la creación del Defensor del Pueblo”

En tanto, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), afirmó que “jamás hemos compartido desde su inicio lo que fue el INDH, y se lo dijimos a la presidenta Michelle Bachelet y en las reuniones que logramos obtener con varios diputados para que votaran en contra. Primero, decir que el organismo no tiene los Principios de París. Eso significa que no tiene una total autonomía ante el Estado y el tiempo nos ha dado la razón.  Generalmente el Instituto ha sido un instrumento para algunas cosas,  que no es como el Defensor del Pueblo y durante la crisis del estallido social, nos demostró que teníamos razón”

Lira agregó que el organismo dejó  a varios jóvenes “sin defensa jurídica, sin protección en la violación de sus derechos humanos.  Hasta la fecha no ha jugado el rol que debía de tener una institución defensora del pueblo que tiene que  ver con los Principios de París. Más grave aún, desde que asume Sergio Micco como director del organismo  ha sido más negativo (…) porque realmente Micco ha sido un operador político, un manipulador a pesar del repudio,  del rechazo y de todas las denuncias que se ha hecho por su actuar, a través del INDH,  no ha tenido la ética y la moral de renunciar. Sigue en su afán y en muchos casos les negó el derecho a defensa, de protección a jóvenes que fueron violados sistemáticamente sus  DDHH durante  el gobierno Sebastián Piñera”.

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Gaby Rivera, afirmó que el organismo  “nunca estuvo a la altura de los acontecimientos. Hay que  cambiar absolutamente las  normas para que de verdad sea un órgano  que garantice la defensa de los DDHH. Además,  no es un organismo autónomo y como agrupación nunca estuvimos de acuerdo con la creación de éste órgano. Hoy el tiempo  nos da la razón”.

A su juicio, Sergio Micco “ha sido  el  operador político de Piñera, nunca defendió a los jóvenes del estallido social. Siempre justificó los maltratos y torturas a los que fueron sometidos  miles de chilenos a nivel nacional. O sea, no hicieron nada. Ojalá el presidente Boric haga un cambio profundo”.

La defensa desde el Consejo

Para Cristián Pertuzé, magíster en Ciencia Política y consejero designado por la Cámara de Diputados para el periodo julio 2019- julio 2025, el proceso de recambio en el INDH es normal de acuerdo a lo que establece la ley, por lo tanto el organismo continúa su labor y enfrentando las criticas que han sido una parte sustancial desde que existe.

Sobre la decisión de no presentar la querella por crímenes de lesa humanidad, Pertuzé afirmó que “hicimos un análisis como Consejo en función de diferentes informes jurídicos y si estaban los antecedentes necesarios para presentar una querella por delitos de lesa humanidad.  En el contexto que plantea tanto el derecho internacional como el derecho nacional,  el Consejo decidió por mayoría que no estaban los antecedentes o las condiciones para presentar una querella por el delito de lesa humanidad por la seriedad que implica”

“Esto no es presentar querellas por presentar.  Por ejemplo se presentó una querella en la Corte Penal Internacional por delito de lesa humanidad y la misma corte la desechó y señaló que no existían los antecedentes como para iniciar un proceso por los delitos de lesa humanidad en Chile. Aquí es lo mismo y no fue una decisión de Sergio Micco. El director presentó los antecedentes, se estudiaron,  se debatieron en el Consejo, algunos consideraron que sí y otros consideran que no existían los antecedentes, se votó y se decidió que no se iba a presentar la querella” precisó el consejero.

Además, respecto al cuestionamiento en relación a que la entidad solo presentó un tercio de las acciones judiciales, Pertuzé puntualizó que todas las querellas que se presentaron por las violaciones a los DDHH ocurridas en el marco del estallido social fueron en virtud de los antecedentes necesarios y suficientes que se tenía de las denuncias que se recibieron. “En ningún caso se dejaron querellas sin presentar donde existían esos antecedentes. En algunos casos, hubo presentaciones iniciales, personas que decidieron iniciar acciones contras instituciones o no entregaron los antecedentes necesarios que se requerían” puntualizó.

Frente a las críticas hacia la gestión del director del organismo, Sergio Micco, y de un supuesto rol de protector del poder político, Pertuzé dijo que muchos de los cuestionamientos vienen de sentimientos legítimos de personas que sufrieron las violaciones a los derechos humanos, pero “las decisiones se han tomado en el consejo y lo que ha presentado el director, como antecedentes, en ningún caso es de protección a algún poder político”.

Recordó que INDH presentó más de 3.000 querellas en el contexto del estallido social. “Hemos seguido trabajando de día y de noche durante el estallido, concurriendo a las manifestaciones, a los centros hospitalarios, a las cárceles para ver la situación de las distintas personas. O sea, el Instituto actuó dentro del mandato legal. Creo que las críticas pueden venir de ciertos sentimientos de cómo creen o esperan que trabaje el Instituto, pero no tiene que ver necesariamente ni con su mandato ni con sus atribuciones legales. Además, el Instituto tiene que tener la seriedad como un organismo autónomo del Estado y tener todos los antecedentes necesarios para poder cumplir su función.  Creo que las críticas son más bien infundadas”.