Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, abordó la reforma tributaria que presentó este viernes el ministro de Hacienda, Mario Marcel, con la que dio a conocer la política que se ha considerado la columna vertebral del Gobierno, en cuanto permitiría financiar compromisos trascendentales como la condonación de la deuda universitaria y la construcción 260 mil viviendas, entre otras medidas.

Al respecto, el jurista de la Casa de Bello y Master of Laws en London School of Economics and Political Science sostuvo que la reforma tributaria contempla varios elementos que debe captar la consideración de la ciudadanía. “Podemos distinguir, para las empresas, especialmente las empresas más grandes, las que están en lo que hoy llamamos el régimen 14A, es decir, con un promedio de ingresos sobre 23 mil UF, el asunto más importante es la desintegración del sistema tributario“.

Ahora bien, para las empresas más pequeñas -que son la gran mayoría de las empresas en Chile- acotó “no cambia mucho el régimen, pero sí se establecen algunos incentivos para la formalizaciones y también para que inviertan un poco en investigación y desarrollo“, relevó. En cuanto a las personas, el abogado apuntó a la distinción que se hace por ingreso. “Para aquellas personas que tienen una renta de algo así 4 millones 77 mil pesos, va a aumentar las tasas del impuesto global complementario, y digo algo así como 4 millones 77 mil pesos porque estas tablas están establecidas en unidades tributarias anuales, de modo tal que va ir modificándose este monto en pesos conforme vaya pasando el tiempo”, sostuvo.

Junto a eso, destacó los incentivos que a su juicio son interesantes, como para “descontar impuestos provenientes del arrendamiento de bienes raíces o por ejemplo algo muy novedoso es lo que dice relación con la posibilidad de descontar impuestos por los gastos asociados al cuidado de menores de edad o de personas con situación de discapacidad o situación de poca movilidad”.

Se dice que esta reforma busca recaudar mucho gravando a muy pocos, considerando sólo a un 3 por ciento de la población ¿Cómo puede conversar esa cifra con una reforma a la que se ha llamado ambiciosa?

Yo diría varias cosas respecto a esto. Primero, que el 3 por ciento de mayoría de ingresos sea el que paga la reforma tributaria, es un objetivo de política pública deseable que en general es compartido por todos los gobiernos, pero hay que recordar que no hay autoridad pública que pueda determinar quién es el que en definitiva paga los impuestos y esto por una cuestión muy obvia que es que existe una tendencia de los actores económicos de tratar de trasladar el mayor costo de los impuestos hacia otras personas.

Me explico: si tú por ejemplo, hasta este momento estás arrendando un bien raíz por 500 mil pesos y no estaba afecto a impuesto y resulta que a partir de cierta fecha 50 mil pesos van a tener que ser pagados por impuestos, entonces vas a tratar de que esos 50 mil pesos las pague tu arrendatario y no que sea una menor cantidad de ingresos para ti. Si no pasa, eso depende de la negociación, entonces es muy difícil señalar en estos momentos qué es lo que va a pasar. Tradicionalmente se aprueban las reformas tributarias y se produce una acomodo de las variables precio del mercado entonces es muy difícil aseverar en definitiva quién es el que paga las reformas tributarias”.

En segundo lugar, yo diría que el 4,1 por ciento del PIB es una cifra bien exigente. Nosotros hemos señalado que tradicionalmente estas estimaciones se hacen bajo varios supuestos, por ejemplo reducir la meta de evasión en la mitad depende de muchas circunstancias, de mucho trabajo y no siempre es una meta fácil, así que hay que mirarlo con particular cuidado. Lo digo no porque sea objeto de cuestionamiento, si todos estamos muy de acuerdo en que hay que tomar medidas decididas para reducir la elusión y la evasión, pero otra cosa es poder bajar las cifras de este fenómeno en un país que tiene altos índices de informalidad, donde todos sabemos que hay algunas personas que pagan asesoría para eludir el cumplimiento de normas tributarias, entonces es un fenómeno complejo.

¿Cómo calificaría esta reforma tributaria?

Es una reforma que tiene elementos muy diversos. Yo diría que tiene por objeto recaudar más y con un objetivo muy loable de generar una mejor estructura de nuestro sistema tributario, porque es sabido que Chile recauda mucho por concepto del IVA del impuesto indirecto, al impuesto a las ventas y a los servicios, pero este es un impuesto altamente regresivo y recauda poco por impuestos a la renta específicamente, a las personas naturales y eso es algo que había que modificar y creo que esta reforma tributaria toma pasos decisivos en ese sentido.

¿Cuáles considera que son las dificultades que tendrá la reforma en el inicio de su discusión en el Congreso?

La renta es este incremento, estas ganancias que tu tienes y la renta las personas las destinamos a consumir o a ahorrar, entonces claro, cuando a las personas les aumentan los impuestos tienen menos disponibilidad para esos dos objetivos y normalmente se produce una disminución del ahorro, y el ahorro es tremendamente importante para cualquier país porque en base a eso se financia la inversión entonces es sumamente importante ser muy cuidadosos al momento de aumentar la carga tributaria. No estoy diciendo que no se pueda hacer, pero hay que hacerlo con cuidado para no afectar estas variables como el ahorro.

Se ha señalado por parte de algunos sectores que no contempla incentivos suficientes para la inversión. En los anuncios del Gobierno lo cierto es que hubo algunos elementos respecto de esto como por ejemplo un incentivo para que se haga inversión o gasto en investigación y desarrollo ¿Es suficiente eso?

Yo diría que hay que ver un poquito más el detalle. Yo creo que siempre es conveniente contemplar algunos incentivos adicionales para estimular el ahorro y para que las empresas vayan renovando sus máquinas, para que construyan edificios, etc Eso nos permite crecer.

Otra dificultad, que yo creo será objeto de una conversación muy profunda es la eliminación de algunos beneficios que están muy incorporados en la mentalidad de muchas personas. Por ejemplo la limitación a las exenciones del DFL 2, hasta el momento muchas personas adquieren una segunda vivienda con el objeto de generar rentas con ello y de esa forma mejorar, por ejemplo, sus pensiones que son bastante bajas. Se estarían eliminando esos incentivos entonces yo creo que será objeto de discusión, no necesariamente habrá que eliminar esa norma sino que habrá que establecer por ejemplo algunas restricciones en cuanto a qué cantidad de DFL 2 van a ser objeto de este beneficio.

¿Cómo considera las disposiciones en torno al Royalty? El presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, indicó que se trata de una propuesta dañina para el sector en el mediano y largo plazo. 

Para decir eso tendría que conocer el detalle de la norma y solamente se tiene un anuncio. Lo que sí me parece interesante y muy bueno es que el Gobierno se haya abierto a establecer un Royalty que tiene dos variables en consideración, un impuesto ad valorem, es decir, al valor o que va a variar dependiendo del cobre pero también considera lo que es la utilidad o la renta de la empresa minera. Siempre se ha dicho técnicamente que son dos elementos que se deben considerar, especialmente considerando primero que todo que el precio del cobre varía en forma significativa en los períodos, y en segundo lugar que la industria minera es tremendamente heterogénea, entonces hay industrias que tienen un costo de operación muy bajo y hay otras que no tienen un costo de operación en tan bajo y en consecuencia, si se establece un royalty en atención solamente al precio, podría poner en serios aprietos a aquellos que tienen costos muy altos.

En segundo lugar, es importante que se considere cuál es la carga tributaria en la industria de aquellos países que son potencialmente competidores. Nosotros no podemos pretender que Chile es un país aislado y que podemos subir la carga tributaria hasta el infinito. Tenemos países como Australia, como Perú que también están en la misma industria y en definitiva los inversionistas temen tomar decisiones respecto de dónde colocan esos recursos y uno de los elementos a considerar es el tema tributario. Dicho eso, yo siempre he pensado que la industria minera puede hacer un aporte adicional a llevar recursos al fisco.

El ministro Marcel ha sostenido que la reforma “va a reducir la desigualdad” ¿Considera que este impuesto a los altos patrimonios contribuye en eso?

El impuesto a la tenencia de ciertos bienes, yo prefiero ese nombre antes que impuesto a los súper ricos o a los altos patrimonios, su imposición o no es un objetivo de política pública que debe decidir cada gobierno y no solamente su imposición no sólo dice relación con un tema de técnica tributaria sino con un tema político y eso es algo que tienen que determinar los políticos. Dicho eso, es importante que se consideren ciertos elementos si es que se pretende establecer, reglas muy claras de valoración, que sean simples de entender, que no sean muy interpretables, que se contemplen tramos para que no nos veamos en un escenario que por un dólar o un peso adicional una persona paga el impuesto y bajo ese dólar no paga absolutamente nada por ese concepto.

Además hay que ser cuidadosos, y en esto quiero poner un acento con la recaudación. Los primeros proyectos en esta materia eran tremendamente optimistas respecto a la recaudación y sin considerar, a mi juicio, la experiencia anterior. En general estos son impuestos que no presentan una recaudación muy espectacular. Eso no quiere decir que uno no lo pueda establecer, está bien, se puede establecer porque uno quiere enviar una señal a la sociedad de corregir ciertas desigualdades pero hay que ser muy moderado en cuanto a la recaudación, no alimentar expectativas porque en general son impuestos de difícil recaudación y fiscalización, y una fiscalización bastante cara. Entonces, tomando en consideración eso, yo creo que si el gobierno decidió establecerlo, hay que tomar los resguardos para que se cumplan algunos aspectos técnicos.