Esta semana, se presentó el informe “Libertad de expresión en Chile” de 2021 elaborado por la Facultad de Comunicación e Imagen (FCEI) de la Universidad de Chile . Entre los principales problemas registrados el 2021, el documento revela agresiones a la prensa por agentes del Estado y vulneraciones a la prensa por particulares, acoso legal contra voces críticas (SLAPP), presiones a medios de comunicación, problemas de transparencia en la información gubernamental sobre el COVID-19, proyectos de ley contrarios a estándares internacionales de libertad de expresión y discursos de odio y violencia digital.

Los datos recogidos fueron presentados por las académicas de la U. de Chile, Chiara Sáez y Patricia Peña, y por el director del Observatorio del Derecho a la Comunicación, Javier García. Los autores de este trabajo explicaron que esta información, además, fue analizada de forma crítica desde la doctrina internacional de los Derechos Humanos en relación a la libertad de expresión, así como a partir de la legislación nacional y la investigación previa.

El estudio da cuenta, entre otras cosas, de las 127 agresiones contra la prensa por parte de agentes del Estado, en las que Carabineros de Chile coartó la cobertura mediática de las protestas realizadas los viernes en Plaza Baquedano y alrededores, en las que se pedía la renuncia del ex presidente Sebastián Piñera y la liberación de los denominados “presos de la revuelta”. Además, el informe destacó el alza de ataques hacia los integrantes de la Convención Constitucional a través de redes sociales.

En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, la socióloga y Doctora en Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, Chiara Sáez,  resaltó que la transmisión de los medios de comunicación durante aproximadamente los últimos cuatro meses han estado marcadas por la notable alza de los hechos de violencia en el territorio nacional. Ante esto, la académica de la FCEI señaló que aquello es un mecanismo para que de alguna manera se pueda presionar la acción del Gobierno y que tome el tema de la seguridad pública como prioridad.

No obstante, la experta en comunicación, ciudadanía y cultura de masas,  sostuvo que hay un factor en el conflicto de la seguridad pública que no es abordado por los grandes medios de comunicación: la crisis de la institución de Carabineros. “Me parece importante decirlo porque si tuviéramos medios serios, en el sentido de no quedarse con el sensacionalismo de los asaltos, de la violencia y los portonazos, hablaríamos no de lo qué pasa, sino de por qué esta pasando esto“, declaró.

En la misma línea, Saez destacó que la responsabilidad de los medios de comunicación es exponer la crisis que existe en la institución policial, ya que a partir del estallido social y de las presiones de los organismos de derechos humanos “estuvimos viviendo una especie de huelga de brazos caídos de Carabineros”. Además, expuso que desde la muerte de la periodista Francisca Sandoval “posiblemente eso esté marcando un cambio, porque ahí quedó en evidencia que los carabineros estaban dejando hacer de las suyas a los delincuentes comunes”.

El proceso constitucional y el rol del CNTV en la cobertura mediática

En otros temas relacionados con los medios y la contingencia nacional. ¿Qué ha pasado durante el trabajo de la Convención Constitucional? Chiara Saez opinó que “la mala fe” en el debate constitucional, la instalación de medias verdades y mentiras tanto por personajes públicos, como periodistas que no los desmienten en programas de televisión, tienen la intención de generar una “provocación”.

“Creo que esta predeterminadamente buscándose una provocación, uno ve que esto no es espontaneo. Venimos leyendo desde octubre del año pasado estas mentiras, pero desde el 4 de julio se han intensificado”, sostuvo la académica.

De acuerdo a Plataforma Telar, la mayoría de las desinformaciones se concentran en colectivos que representan a la derecha e independientes. No obstante, las noticias 100% falsas se concentran un poco más en el sector de la derecha. “Tengo la impresión de que hay un interés de ‘hacer pisar el palito’ a personas que toman decisiones en esto, para articular un discurso que censure la información falsa y luego decir ‘siempre dijimos que iban a censurarnos’ “, argumentó Saez.

La especialista expuso que el Consejo Nacional de Televisión de Chile es la institución reguladora del correcto funcionamiento de los servicios televisivos y tal organismo recepciona denuncias ciudadanas acerca de las malas prácticas de los canales de televisión. Sin embargo, las mentiras falsas no están incluidas en el reglamento que permite las sanciones.

“Las personas pueden denunciar pero el CNTV tiene límites que le ha dado la propia institucionalidad, para que un organismo regulador tenga un campo de intervención acotado”, explicó. Asimismo, detalló que también existe el Consejo de Ética, el cual sirve para que las y los periodistas y los medios de comunicación se autorregulen en función de velar por el respeto de los principios de la ética periodística, pero este órgano tiene más de un año sin emitir declaraciones acerca de algún hecho denunciado.

Por otro lado, el CNTV ya anunció hace un tiempo que la Franja Electoral se emitirá a partir del 5 de agosto y hasta el 1 de septiembre, en dos bloques de quince minutos, uno para la opción apruebo y el otro para la opción rechazo. La nueva presidenta de la entidad, Faride Zerán, propuso y fue la única del consejo que luchó por que la sociedad civil tuviera el mismo espacio que los partidos políticos. Sin embargo lo acordado por los consejeros constó en entregar un 60% de la franja a los partidos, el 27% a la sociedad civil y el 13% a los pueblos originarios.

La también ex investigadora del Departamento de Estudios del CNTV, Chiara Sáez, sostuvo que la institución debería revisar y mejorar el reglamento de las franjas electorales en función de que no se repita lo que ocurrió en la campaña electoral pasada, que algunas de las propagandas emitidas tenían información falsa en su relato.

“Es súper delicado que el CNTV no se haga cargo de los contenidos, me preocupa que no tenga un mecanismo propio para poder ver cuando en las franjas llega material que vulnera la veracidad”, destacó. Por esa razón, la socióloga enfatizó que la entidad nacional debería ser capaz de intervenir en este tipo de materiales que desinforman a la ciudadanía.