Por primera vez en Chile personas privadas de libertad ejercerán su derecho a voto. Sin embargo, parlamentarios de la Unión Demócráta Independiente (UDI) consideran que en el transcurso del cumplimiento de su pena, éstas no tienen derecho a tomar decisiones de este tipo. 

El Ministerio de Justicia, el Servicio Electoral y la Cámara de Diputadas y Diputados discuten los protocolos, medidas de seguridad y transparencia que se deberán cumplir el 4 de septiembre para que dentro de 14 centros penitenciarios sea posible la constitución de las mesas electorales.

Mientras, los diputados UDI Felipe Donoso, Cristhian Moreira y Álvaro Carter anunciaron el sábado pasado que ingresarían un proyecto de reforma constitucional para que personas privadas de libertad pierdan el derecho a voto. Posterior a eso, tanto Carter como Donoso enfatizaron en entrevistas televisivas con CNN que quien haya incumplido con la ley, no deben tener los mismos derechos que una persona víctima de delito.

La Constitución de 1980 establece en el segundo capítulo, artículo 13, que todo ciudadano puede ejercer el derecho a sufragio, siempre y cuando no hayan sido condenados a pena aflictiva, es decir, una condena superior a los 3 años. En consecuencia, las y los reos habilitados a emitir su opinión en las urnas no son personas que hayan cometido delitos graves como atentados contra la vida, la integridad corporal, la libertad individual, la esfera de intimidad o contra la seguridad individual, así como tampoco quienes hayan cometido delitos sexuales.

De acuerdo a Ángela Hernández Ramírez, abogada de la Universidad de Talca y Magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, hay una distorsión en las palabras de este grupo de diputados respecto a cómo interpretan la actual constitución que hoy defienden.

“Los diputados olvidan que estas personas están privadas de libertad y ésa es la sanción penal que la sociedad les ha impuesto como castigo por la comisión de un delito”, declaró. 

En ese sentido, José Henriquez Muñiz, abogado en Derecho Penitenciario de la Universidad Diego Portales y director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal, señaló que el anuncio de los parlamentarios expone la eterna discordia de cómo la sociedad piensa y entiende a los presos dentro de una democracia, así como el respeto de sus derechos civiles y políticos.

“No solo para estos diputados, sino que existe una masa de la población que entiende que (las y los presos) no tienen derecho a tener injerencia en la vida social debido al daño que cometieron”, manifestó. Y en concordancia con Hernandez mencionó que “ese daño social se satisface con la condena y no en otra medida restrictiva”. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce como consecuencia que una persona privada de libertad se vea afectada en el goce de otros derechos, además del derecho a la libertad personal. Sin embargo, su jurisprudencia establece que los efectos colaterales de la condena deben limitarse de manera rigurosa.

Según explicó Hernández, quien también es funcionaria del Instituto de Derechos Humanos del Maule, para restringir los derechos humanos debe existir esa necesidad de parte de una sociedad democrática. “Claramente, para lograr una democracia plena deben estar todas las personas representadas y estas personas también tienen el derecho a estarlo”, destacó. 

La ilusión de ser partes de la sociedad

El proceso constitucional fue desarrollado a partir de distintos mecanismos de participación ciudadana, entre algunos están: las iniciativas populares de norma, las audiencias públicas y los cabildos. En este último, la población carcelaria tuvo la oportunidad de expresar qué tipo de país querían a través de los cabildos penitenciarios. 

Viviana Soto, académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y directora de la Red Chilena de Pedagogía en Contextos de Encierro, fue parte de estos encuentros mediante la Red Nacional de Cabildos Penitenciarios en los que, según ella, quedó demostrado que las y los reos quieren seguir siendo parte de la ciudadanía. Asimismo, en el marco del análisis de las medidas a implementar para hacer efectivo el ejercicio del sufragio en la Comisión de Gobierno de la Cámara Baja, el Director General de Gendarmeria, Sebastián Urra Palma, declaró que los reos se han mostrado “esperanzados” por ser parte del proceso y consideró que es una buena manera de incentivar la educación cívica en los penales.  

La socióloga opinó que los tipos de proyectos de ley, como el que pretenden ingresar los parlamentarios de la UDI vienen cargados de cierto prejuicio y dañan la democracia. Así, sostuvo que en la gran mayoría de los casos, las y los presos “son personas que por años han estado carenciadas educativa y culturalmente, mientras que por cometer un delito se les sigue condenando y privando”. 

Además, Soto expuso que tal ejercicio democrático como lo es el voto, tiene un nexo comunicante que favorece la condición de vida de las personas privadas de libertad. “Suma justamente a un proceso de inserción, de motivación a estudios, a trabajo en los cuales son parte también en los procesos de cárcel y post carcelarios”, indicó. 

De la misma manera, Henriquez, quien también fue parte de la Unidad de Derechos Humanos de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, manifestó que la prohibición del derecho a voto de la población carcelaria atenta contra los fines propios de la sanción penal.

“La sanción penal no es solo tener encerrada a una persona 10 años y después liberarla cuando haya cumplido su condena. También tiene una arista relacionada con la posibilidad que las personas puedan reinsertarse socialmente”, señaló el abogado y resaltó, que en la medida en que la población carcelaria se mantiene aislada de las decisiones políticas se incumplen los fines de la pena “y esas personas nunca se sentirán insertadas en la sociedad, por lo que influye en los aspectos de reincidencia”. 

En tanto, Hernández comentó que negar el voto a las personas que están en las cárceles del país, a su juicio, es una medida populista que busca la aprobación de la población sin entender que el ejercicio de derechos favorece la inserción social. Según la abogada, para lograr aquel cometido y para reducir las tasas de delincuencias, es importante una reinserción real. Y eso requiere que las personas se sientan parte de la sociedad, no excluidas de ella.