El diputado de Revolución Democrática, Jorge Brito, fue parte de la discusión que se retomó ayer miércoles en la Sala de la Cámara sobre la nulidad de la Ley de Pesca, también conocida por “Ley Longueira”.

Dicha iniciativa- que se encuentra en tramitación en el Congreso desde 2016- busca dejar sin efecto la Ley N°20.657 que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura.

En la instancia, el legislador oficialista señaló que “no anular una ley aprobada con corrupción y que entregó derechos de pesca a perpetuidad a 7 familias, es legalizar la corrupción”, agregando que reviste “un atentado a la democracia y al Estado de Derecho”.

De esta forma, explicó los vicios que envolvieron la tramitación de la denominada “Ley Longueira” aprobada en 2012, período en que Pablo Longueira se desempeñaba como ministro de Economía del primer gobierno de Sebastián Piñera.

“La corrupción no opera por buenas intenciones. Los millones que la industria pesquera le pagó a los políticos de la UDI eran para apropiarse del mar de Chile”, dijo Brito.

De acuerdo con el parlamentario, esto tuvo un impacto en “casi 100 mil pescadores artesanales que deben presentar papeles todos los meses para no perder su permiso de pesca, el cual no pueden heredar a sus hijos”.

Y añadió: “Entre 85 mil pescadores artesanales se reparten el 45% de la cuota de la merluza, y uno o a veces dos buques industriales de arrastre capturan el 65% de la merluza a perpetuidad”, lo que calificó como “una locura y una injusticia que trae consecuencias”.

Asimismo, el diputado RD acusó que el “principal responsable de esto es el expresidente Sebastian Piñera, aunque a muchos les incomode”.

También tuvo palabras para referirse al caso del exsenador Jaime Orpis  (UDI), quien se convirtió en el primer político chileno condenado a cárcel efectiva por delitos de corrupción.

“(Orpis) lleva exactamente 209 días en prisión desde el pasado 7 de enero, cuando se dio inicio al cumplimiento de su condena por el caso Corpesca: 5 años por cohecho y 600 días por fraude al Fisco. No fueron condenados por delitos tributarios porque el SII no perseveró”.

Una vez aprobada la nulidad por el Congreso, el plazo para que la nueva ley entre en vigencia será a más tardar de dos años, periodo que se ha dispuesto para su tramitación.

En tanto, el gobierno- tal como aseguró el ministro de Economía, Nicolás Grau- ya se comprometió a entregar un primer borrador a fines de este año que contará con la participación de todas las caletas del país.