El contenido de los teléfonos móviles de los más altos mandos del Ejército y de civiles pero con responsabilidad sobre las Fuerzas Armadas, como el entonces secretario de Defensa, Chris Miller, el secretario del Ejército, Ryan McCarthy, y el antiguo jefe de personal, Kash Patel. Los tres son considerados testigos cruciales al momento de indagar la reacción del presidente Donald Trump y la respuesta del gobierno al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y los tres tuvieron directa responsabilidad en la respuesta del Pentágono al envío de tropas de la Guardia Nacional al Capitolio mientras se desarrollaban los graves disturbios. Por añadidura, no existen indicios de que fueran los propios funcionarios quienes borraran sus propios archivos.

La información se desprende de una demanda por la Ley de Libertad de Información que la organización American Oversight presentó contra el Departamento de Defensa y el Ejército. “Es asombroso que la agencia no entendiera la importancia de preservar sus registros, particularmente con respecto a los altos funcionarios que éstos podrían haber guardado. Las preguntas rondas y son muchas: “¿qué estaban haciendo, cuándo lo estaban haciendo, por qué lo estaban haciendo ese día?”, señaló a CNN Heather Sawyer, directora ejecutiva de American Oversight. La entidad sin afán de lucro pide al Departamento de Justicia que investigue la destrucción de ese material.

La noticia llega días después de que se conociera otra revelación como resultado de los esfuerzos por brindar transparencia a los acontecimientos del 6 de enero. El pasado 21 de julio, el Departamento de Seguridad Nacional abrió una investigación penal sobre la eliminación de mensajes que agentes del Servicio Secreto enviaron el 6 de enero de 2021, día del asalto al Capitolio.

La subinspectora general del Departamento de Seguridad Nacional, Gladys Ayala, pidió en esa ocasión, mediante una carta dirigida al director del Servicio Secreto, James Murray, que cesara su propia investigación sobre lo sucedido porque ya había otra indagación abierta en su cartera. El Servicio Secreto, el cuerpo encargado de proteger entre otros al presidente del país, respondió que no puede recuperar los mensajes de texto enviados entre el 5 y el 6 de enero del año pasado… porque fueron borrados

Por su parte, el Comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio ya había solicitado la grabación de los mensajes intercambiados, pero logró recibir sólo uno de ellos. El resto fue eliminado en el contexto de un sistema previamente planificado, por lo que el Comité cree que en el procedimiento para conservar el contenido aparentemente no se habrían respetado los requisitos en vigor y afirma que se podría haber violado la Ley Federal de Registros.

Un exfuncionario del Departamento de Defensa durante una administración anterior declaró a CNN que, cuando un nuevo empleado es incorporado al Pentágono se le informa que sus dispositivos de trabajo están sujetos a la Ley de Registros Presidenciales y que sus comunicaciones se archivarán. La fuente dijo que se suponía que cuando entregaran sus dispositivos al final de su empleo, se archivarían todos los registros de comunicación.

El reconocimiento de que los registros no se conservaron ha adquirido un nuevo significado a raíz del escándalo sobre la pérdida de los registros de los agentes del Servicio Secreto el 6 de enero. “Simplemente revela una falta generalizada de tomarse en serio la obligación de preservar esos registros, garantizar la rendición de cuentas ante sus socios en el poder legislativo y ante el pueblo estadounidense”, dijo Heather Sawyer.

Lo que el Pentágono estaba escuchando de las comunicaciones de la Casa Blanca mientras se desarrollaba el ataque al Capitolio aquel el 6 de enero ha sido el foco de la investigación de la Cámara y los legisladores afirman que abordar las fallas de seguridad de ese día es el principal objetivo de su investigación.

La pregunta que subsiste no es si podrán hacerlo sino si les dejarán hacerlo.