Ante el grave déficit habitacional que enfrenta el país a principios de julio el presidente Gabriel Boric anunció el Plan de Emergencia Habitacional (PEH), encabezado por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes y la subsecretaria de la cartera, Tatiana Rojas.
Es por eso que el ministro Montes anunció hoy quienes serán las y los integrantes del Consejo Asesor para el PEH, un comité que estará conformado por representantes del Poder Legislativo, municipalidades, exministros Minvu, dirigentes sociales, representantes de asociaciones gremiales, de la sociedad civil, de la construcción y del mundo académico.
Ante el anuncio de este miércoles, expertos del mundo de la arquitectura y la construcción destacaron aspectos positivos y negativos del Consejo, así como también acerca del programa que le dio vida.
Ernesto López, académico de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad San Sebastián, opinó que el Minvu está dando una señal de participación y transparencia, lo que es muy positivo particularmente en el tema de vivienda. No obstante, hizo algunos reparos en cuanto a la conformación de la comitiva que asesorará al PEH.
“Me falta más sector privado, creo que esta muy volcado al tema social. Encuentro que la triada virtuosa sería con más actores del mercado, pero no los actores de siempre”, expuso López.
En la misma línea, el investigador del Centro de Estudio del Conflicto y la Cohesión Social sostuvo que faltó “participación de la diversidad amplia de actores que participan en la construcción y producción de las viviendas”, como por ejemplo: representantes del rubro de las tasaciones, del Colegio de Arquitectos y de las pequeñas constructoras.
“Es un mito que todas las constructoras son capitalistas y depredadoras. Eso es falso. Son empresas que generalmente están formadas por arquitectos y constructores que con mucho esfuerzo contribuyen al país de manera importante”, destacó.
¿Qué dicen los expertos del PEH?
Como lo dice el título del programa, la estrategia tiene la finalidad de abordar con sentido de urgencia el déficit de viviendas que presenta el país. Entre sus principales objetivos está recuperar el rol central del Estado en la planificación y gestión habitacional; diversificar las formas de acceso a la vivienda, como la autogestión, las cooperativas y el impulso al arriendo a precio justo.
Al respecto, especialistas valoraron que el proyecto del Ejecutivo contribuya a generar un enfoque distinto al que han tenido las políticas habitacionales durante los últimos años, así como valoraron que en el Consejo Asesor se hayan incluido sectores que nunca habían estado presentes en la discusión de las viviendas, como las comunidades religiosas.
“La Iglesia Católica ha tenido un rol muy fundamental en la formación de políticas, planes y programas de vivienda a lo largo de la historia de Chile desde temprano del siglo XX”, expuso Ernesto López.
Por su parte, el jefe de carrera de arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile (FAU), Juan Pablo Urrutia, reconoció la importancia de que exista un programa que enfrente lo que podría llamarse como la peor crisis habitacional del país en los últimos 30 años. El académico destacó que los mejores aspectos del proyecto son la diversidad de programas habitacionales en cuanto a niveles de tenencia, no sólo en propiedad sino que también en arriendo y en arriendo de emergencia.
“Por lo tanto, una de las mayores virtudes del programa es que es amplio y es diverso. Tiene foco en la descentralización donde compromete a los gobiernos locales y regionales”, declaró Urrutia y añadió como otras virtudes “el enfoque de derechos y de perspectiva de género que plantea el Plan Habitacional completo”.
Asimismo, Andrés Weil, académico de la FAU señaló que uno de los aspectos que marca un nuevo rumbo en las políticas habitacionales, es la diversificación de las formas de acceso a la vivienda. El académico consideró que volver a la autogestión y la activación de las cooperativas, significa que el lucro de las empresas inmobiliarias dejaría de ser la única vía de solventar las necesidades habitacionales.
El arquitecto explicó que el rol de los profesionales pertinentes a esta materia ha sido acorde a las fuerzas del mercado y “una re-significación de ese rol va a permitir nuevas soluciones y participaciones como era antes con esta diversidad”.
Urrutia, quien también es secretario del Colegio de Arquitectos de Chile, concordó con Weil en ese punto y destacó que el programa plantea al Estado como garante de derechos. “Lo que significa que el Estado no solo se va a dedicar a transferir recursos financieros a personas para que estas adquieran una vivienda en el mercado, que es como tradicionalmente ha funcionado la política de los subsidios. Eso se va a seguir haciendo, pero lo que se esta comprometiendo es la creación de un Banco de Suelo para tener las mejores viviendas localizadas”, explicó.
Por otro lado, López, ex académico de la misma casa de estudios indicó que el plan encabezado por el Minvu debería dialogar con la reforma tributaria propuesta por el Gobierno y criticó que hasta el momento ninguna de los dos proyectos plantean su articulación.
“Hay que ser más realistas, tiene que haber reforma tributaria a cargo de esto también porque creo que falta apoyo financiero para la adquisición de suelo de las pequeñas y medianas empresas”, indicó el especialista. En ese sentido, Juan Pablo Urrutia señaló que la creación del Banco de Suelo es uno de los elementos que puede contribuir a la designación de mejores ubicaciones para las viviendas de los y las ciudadanas.
Sin embargo, López señaló que esta no debería ser la única opción para generar el espacio de nuevas construcciones habitacionales, sino que podrían también incentivarse los acuerdos entre pequeñas empresas y particulares venderos de suelo. De manera de proteger los recursos del suelo del Estado y generar un respaldo económico a los accesos de las tierras.