El subsecretario del Interior, confirmó que el desalojo de la toma Edén de Lajarilla en Viña del Mar se llevará a cabo el 4 de marzo próximo, liderando el proceso el delegado presidencial de la región, Yanino Riquelme.
La entidad espera que el acuerdo alcanzado por el Gobierno con los dueños del sitio de la megatoma de San Antonio llegue “a buen término sin sentar un precedente que comprometa recursos del Estado, para no incentivar nuevas tomas de terreno”.
Entre 2022 y 2024, el número de campamentos aumentó en un 31,1%, esto porque pasaron de 1.091 a 1.432, según la información del Minvu.
Tras un protocolo de acuerdo entre las partes, se espera la suspensión del desalojo a más de 10 mil personas en la comuna puerto. Mientras, se conformará una comisión técnica que busca definir el precio del terreno y su compra vía cooperativas.
Dentro del acuerdo se contempla la conformación de una comisión técnica integrada por un representante de los dueños, el ministerio de Vivienda y el municipio de San Antonio.
Durante el fin de semana, una serie de encuentros entre el Gobierno y los ocupantes dio como resultado la creación de las primeras 16 cooperativas, que agrupan a cerca de dos mil familias interesadas en adquirir el terreno.
A través de su Informe Anual 2024, el organismo cuestiona el avance de la estrategia del Ejecutivo señalando que aún hay más de 70 mil hogares que se encuentran repartidos en mil 432 campamentos, concentrados en Tarapacá (7,2%) y Atacama (4,8%).
El abogado representante de los propietarios vinculados a inmobiliaria y constructora San Antonio, puso en duda la posibilidad de llegar a un acuerdo que permita postergar el desalojo.
Al menos 40 viviendas de material ligero han sido destruidas hasta el momento por un incendio fuera de control que se registra en el campamento Dignidad de la comuna de La Florida de la capital.
En ese sentido, dirigiéndose al Ministerio de Vivienda (Minvu), afirmó que “sabemos que el caso Fundaciones lo ha golpeado duro, pero hay que sobreponerse a eso, con una política de suelo que sea eficiente”.
En paralelo y como otra expresión de la crisis habitacional, un grupo de manifestantes de la población Lo Hermida instaló carpas en la orilla del Río Mapocho. La vocera de la protesta afirmó que se quedaran allí “hasta que lleguen las autoridades”.
El Serviu profundizará en el catastro que ya se realizó en el terreno. Asegura que “una tasación comercial dará el valor comercial del predio”. Dueños piden US$56,7 millones.
El montaje aborda el conflicto que viven dos hermanas a raíz del desalojo de un hogar en un pasaje porteño, mostrando la grave crisis habitacional que afecta al país en las últimas décadas y el impacto que esto tiene especialmente sobre las mujeres.
El titular de Vivienda y Urbanismo entregó un balance del Plan de Emergencia Habitacional, que lleva el 19,4% de la meta cumplida con más de 50 mil viviendas terminadas y entregadas. Además, hizo un llamado a los bancos a colaborar con la iniciativa.
La mañana de este martes, un grupo de manifestantes caminó por la Alameda y llegó hasta las puertas del Ministerio de Vivienda, para exigir un aceleramiento en la búsqueda de soluciones habitacionales.
“Estamos convencidos que el tema fundamental es el alto costo del suelo y la especulación con el suelo que hizo inoperables las políticas públicas que había”, aseveró el ministro Montes, respecto a las razones que explican el aumento de campamentos.
Ante la conformación del Consejo Asesor, expertos destacaron aspectos positivos y negativos de la comitiva, así como también acerca del programa que le dio vida.
