Independientemente del resultado el 4 de septiembre, al día siguiente no se acabarán los problemas sociales, económicos o políticos de Chile. Como dijo el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Raúl Soto, recientemente a Radio Duna, el 5 de septiembre “vamos a tener un resultado dado por el pueblo que hay que respetar”. 

Ya ha sido expresado por el presidente de la República, Gabriel Boric, y reconocido por las distintas fuerzas políticas, que el proceso constituyente debe continuar en caso de ganar el Rechazo en el plebiscito de salida. Pero, si triunfa el Apruebo ¿por dónde hay que partir para implementar la nueva Constitución?

Una de las últimas labores de la Convención Constitucional antes de armonizar el texto, fue elaborar una serie de normas que ayudarían en el proceso de transición a la nueva carta fundamental. La Comisión de Normas Transitorias determinó 57 artículos sobre la implementación del sistema político, del Estado Regional, de los derechos fundamentales, de los derechos de aprovechamiento de aguas y de los sistemas de justicia, entre otros temas.

En conversación con nuestro medio, Jennifer Mella, abogada de la Universidad de Chile y exconvencional integrante de la Comisión de Normas Transitorias, sostuvo que el traspaso de la Constitución de 1980 a la de 2022, será progresivo y ordenado en el tiempo para que no se realicen todas las gestiones de manera simultánea. Así, Mella resaltó el artículo segundo transitorio, el cual dice que “toda la normativa vigente seguirá en vigor mientras no sea derogada, modificada o sustituida, o bien, mientras no sea declarada contraria a la Constitución por la Corte Constitucional de acuerdo con el procedimiento establecido en esta Constitución”. 

De la misma manera, Eduardo Castillo, abogado de la misma casa de estudios y excoordinador de la Comisión de Normas Transitorias, señaló que de aceptarse la propuesta constitucional, ésta “pondera un cambio gradual que va a estar en manos del Presidente de la República y del actual Congreso Nacional porque se trata de materias de ley y por tanto de debate democrático”.

“Los plazos dan cuenta de esa gradualidad y de los necesarios cambios que hay que implementar”, afirmó Castillo.

En ese sentido, Mella indicó que “alrededor de 70 leyes van a ser modificadas para poder implementar la nueva Constitución y ello se programa en un plazo de cuatro años siguientes desde la entrada en vigencia del texto que se está proponiendo al país”.

Las normativas de transición pretenden ser una hoja de ruta para la puesta en marcha de la nueva Constitución, equilibrando los cambios y la estabilidad. Si bien, han existido rumores respecto a ciertas cuestiones que permitiría la propuesta constitucional, conforme al avance del debate público y la campaña electoral se han esclarecido varios puntos. Por ejemplo, la reelección del presidente en ejercicio. 

Vanessa Hoppe, también exconstituyente integrante de la comisión en cuestión, destacó que Gabriel Boric “no podrá presentarse como candidato presidencial en las siguientes elecciones presidenciales”.

De acuerdo a lo establecido en el artículo quinto transitorio “la o el Presidente de la República elegido para el período 2022-2026 no podrá presentarse a la reelección para el período siguiente y continuará en el cargo con las atribuciones constitucionales para las cuales fue elegido”. 

Respecto a derechos sociales, la propuesta constitucional prioriza el envío de leyes en materia de pensiones y seguridad social, salud, cuidados, educación y vivienda. De hecho, según las normas transitorias aprobadas, el Ejecutivo deberá presentar proyectos de ley en estas materias, en plazos máximos que van desde los seis meses hasta los dos años, desde la entrada en vigencia del nuevo texto fundamental.

Además, las normativas también señalan la responsabilidad del Poder Legislativo en cuanto a la promulgación de las nueves leyes, puesto que debe concluir la tramitación de los proyectos de ley en un máximo de cuatro años, dependiendo de la materia. 

“Si la manifestación de la voluntad soberana es aprobar el nuevo texto constitucional, efectivamente nuestro representantes políticos y también el gobierno de turno tienen la obligación de implementar esta constitución, que va hacer nuestra norma fundante más importante y de la mayor jerarquía”, manifestó Jennifer Mella.

Se puede decir que el proceso de adaptación entre la Constitución de 1980 y la de 2022, implicará cierto estrés legislativo. Sin embargo, la abogada de la Universidad de Chile recalcó que las leyes que deberán entrar en vigencia no depende de la voluntad política o técnica de las y los parlamentarios, sino que de la voluntad ciudana manifestada en la urnas y que debe ser implementada por el Poder Legislativo.