Con el objeto de solicitar acciones por parte del Ejecutivo, este lunes la agrupación Hijos y Madres del Silencio (HMS) entregaron una carta dirigida al presidente Gabriel Boric para pedir “de manera urgente” medidas para avanzar en las investigaciones por adopciones ilegales.

Según informó la organización- que reúne a casi 280 familias- estos crímenes fueron cometidos entre los años 1965 y 2000, ocurriendo el mayor número de casos durante la dictadura cívico-militar, mediante la cual “hijos e hijas de madres solteras y/o pobres, fueron dados por muertos al nacer y luego entregados ilegalmente en adopción en el país y en el extranjero” y que contó con la participación de funcionarios y agentes del Estado, tales como asistentes sociales, jueces, matronas, abogados, médicos y hogares que estaban bajo la tutela del Estado.

Asimismo, mencionaron que la Corte de Apelaciones de Santiago está investigando casi mil casos, aunque el Poder Judicial estima que pueden llegar a más de 20 mil.

Por otra parte, en la misiva cuestionaron una falta de voluntad política por parte del gobierno del expresidente Sebastián Piñera para avanzar en este tema y tras las conclusiones a las que llegó la Cámara de Diputadas y Diputados a través de la “Comisión Especial Investigadora de los actos de organismos del Estado, en relación con eventuales irregularidades en procesos de adopción e inscripción de menores, y control de su salida del país”, que apuntó a la ejecución de delitos de secuestro de menores “en forma sistemática y generalizada por agentes del Estado, configurándose delitos de lesa humanidad y contra los Derechos Humanos”.

“Por el contrario, una de las últimas acciones del ministro de Justicia Hernán Larraín, fue celebrar un contrato con una ONG, transfiriendo recursos públicos, para la entrega de un servicio que debiera ser una responsabilidad institucional. Dicho convenio se realizó de espalda a las víctimas y bajo procedimientos cuestionables en términos de probidad”, expresaron en el documento.

Marisol Rodríguez, vocera de la agrupación HMS. Foto: cedida

Por lo mismo, la agrupación Hijos y Madres del Silencio entre sus demandas solicitaron la promulgación de una ley para crear la “Comisión de Verdad, Justicia y Reparación”, en una medida similar a lo que sucedió con la comisión Rettig y Valech; la restitución del Banco de Huellas Genéticas o ADN del Servicio Médico Legal para la generación de una base de datos para propiciar el reencuentro entre familiares; la creación de una Ley de Derecho a la Identidad de Origen; aumentar los recursos humanos y tecnológicos para la Brigada Investigadora de Derechos Humanos (Bridehu) de la PDI y una mesa intersectorial para abordar con distintos ministerios esta situación.

En esa línea, la vocera del colectivo, Marisol Rodríguez, dijo “esperamos toda la voluntad política, ya que se supone que este gobierno viene por los Derechos Humanos”. Además, detalló en el drama por el que han tenido que atravesar las familias afectadas.

“Nosotros tenemos madres que fallecieron hasta hace poco, hace un mes murió un padre y es muy fuerte para esa madre que se entera de que su hijo está vivo en alguna parte del mundo y no poder encontrarlo, vivir todos los días pensando en ese hijo cómo está, dónde está, qué le dijeron”, expresó.

Además, manifestó que “venimos llegando hace un mes de Suecia y estábamos con la agrupación de chilenos adoptados en Suecia. Ellos quieren encontrar sus orígenes y no pueden porque los papeles están falseados, eran falsas lo que decían las historias y no se han podido encontrar. Ahora en noviembre viene una comisión del gobierno sueco y necesitamos que el gobierno actual se haga parte de una mesa de trabajo”.