El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, pidió al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que se investiguen las graves irregularidades que se han detectado en el proceso de pago de deudas previsionales luego del traspaso del servicio educacional desde la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia al Servicio Local de Educación Barrancas entre los años 2018 y 2020, mientras ejercían como ministros de Educación, Marcela Cubillos y Raúl Figueroa.

En el oficio al CDE, el municipio señala que “el 1º de marzo de 2018, se produce el traspaso efectivo del servicio educacional que prestaba la Corporación Municipal de Cerro Navia, cesando en dicha oportunidad su carácter de sostenedor de los establecimientos educacionales. Debido al calamitoso estado en que la administración de Mauro Tamayo recibió la Corporación Municipal a fines del año 2016 –asuntos que actualmente se están conociendo en sede penal–, fue imposible realizar el pago de la totalidad de las deudas previsionales que se mantenían con los trabajadores/as antes del traspaso, ´por lo que se tuvo que recurrir el mecanismo contemplado para dicho caso en la ley N°21.040, esto es que el Ministerio de Educación, con autorización de la Dirección de Presupuestos, diere curso a pagos directos a las instituciones¨.

“Luego de que el Ministerio pagase esas deudas pendientes, la cartera de educación podría recuperar esos fondos por tres vías, una de las cuales es la retención de los montos que corresponda recibir por concepto del Fondo Común Municipal”, destaca.

De acuerdo a la información del municipio, el traspaso desde la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia se llevó a cabo en medio de deudas previsionales y demandas laborales en curso, que según las disposiciones de la ley N°21.040 debían ser resueltas y solventadas por el Ministerio de Educación a través de un procedimiento estipulado en la misma ley.

Es en ese contexto, que el alcalde de Cerro Navia denunció que “los ex ministros de Educación de la época, Cubillos y Figueroa, llevaron a cabo mediante la dictación del Decreto Exento N°732 un procedimiento desprolijo e irregular que no resolvió las deudas previsionales pendientes. Algunos ejemplos de este actuar negligente es que se pagaron deudas en forma incompleta por lo que los remanentes siguen cobrándose a la Corporación”.

Añade que  también “se detectó que fueron pagadas directamente a instituciones previsionales deudas previsionales que estaban en litigio, y no se puso en conocimiento oportuno al tribunal para tener por cumplida la obligación, por lo que los juicios siguen pendientes; y como peor demostración del actuar ministerial se llegaron a pagar deudas previsionales de funcionarios del sector salud, cuando la ley 21.040 estableció un mecanismo para el pago de deudas provenientes exclusivamente de funcionarios de educación”.

“Tal es la gravedad de la situación, que actualmente siguen en tramitación juicios de cobranza laboral en contra de la Corporación Municipal en los que se ha perseguido con apercibimiento de arresto a sus representantes legales para el pago de estas deudas, aun cuando se les ha expuesto en variadas ocasiones que el obligado al pago es el Ministerio de Educación, argumentos que reiteradamente han sido desestimado en sede judicial laboral”, destaca la denuncia del alcalde.

Debido a esta situación, se informó que solo a fines del 2021 el municipio tuvo conocimiento de estas irregularidades cuando se inició el proceso de retención de recursos por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. “Como podrá advertirse si el Ministerio de Educación pagó mal, no solo se perdieron fondos públicos, sino que se generaría un perjuicio considerable ya que la Municipalidad recibirá menor aporte de fondos públicos”, señaló el gobierno comunal.

Frente a este perjuicio contra el patrimonio fiscal, el alcalde Tamayo solicitó al Consejo de Defensa del Estado vía oficio adoptar las medidas judiciales que correspondan en virtud del artículo 3° del Texto Refundido Coordinado y Sistematizado de la Ley Orgánica Constitucional del CDE en contra de los funcionarios/as y autoridades del Ministerio de Educación de la época.