En conversación con Radioanálisis, el abogado de derechos humanos, Nelson Caucoto, abortó el cuestionamiento que políticos de derecha han dirigido a la verosimiltud de los casos de violación a los derechos humanos perpetrados por Carabineros en el marco del estallido social. Una crítica que el sector ha asentado en la falta de sentencias condenatorias contra los efectivos de la institución policial.

Al respecto, el jurista aseveró que “no hay lugar a duda de que estamos en presencia de un resurgimiento del negacionismo en materia de derechos humanos”. 

Ello porque el abuso de la fuerza policial en contexto de las protestas está vastamente documentado, señaló Caucoto, recogiendo los datos que arroja el informe de derechos humanos de la Universidad Diego Portales. “Ellos han dicho que hubo denuncias de violencia sexual como lo dijo el presidente Boric en su discurso en el propio 18 de octubre. Eso existió”.

“Lo que ocurre es que creo que estamos ante una crisis que tenemos que entrar a ver cómo la resolvemos que es la crisis de todo el sistema judicial, fundamentalmente el tema del Ministerio Público, de la institución de Carabineros, de la escasa eficacia que se ha tenido para investigar estos hechos y para llegar a conclusiones definitivas“, señaló.

En ese sentido consideró inadmisible que de “5 mil 800 denuncias tengamos solo 75 personas formalizadas. Ni siquiera alcanzan a ser formalizados todos aquellos funcionarios públicos que privaron de la visión a tantos chilenos“.

Y es que el abogado advirtió que “si hay algo que marca la violencia desatada a partir del 19 de octubre del año 2019 es precisamente eso, la privación de globos oculares”.

“Eso es un hecho que no es ni característico de la dictadura militar, no recuerdo que en la dictadura militar estuviéramos preocupados de ver a cuánta gente le volaron los ojos, no hay registro de eso, no existió como una política reiterada y sistemática. No existe en el conflicto israelí-palestino, no existe en el conflicto de Centro América, no existe en ninguna parte, es un hecho propio made in Chile y en eso hay que poner la mirada, porque si no somos capaces de resolver aquello que lo ejecuta un funcionario público con un arma que es disuasiva y no ofensiva que ha sido mal utililizada, es decir la crisis ya es casi total“, afirmó.

En ese sentido el jurista cuestionó: “¿Qué investigó entonces el Ministerio Público? ¿Qué han investigado las policías? ¿A qué resultado se ha llegado? Eso es decepcionante, pero no es pábulo para que algunos sectores nieguen que existieron esos hechos, que exitió la violencia sexual, que existieron las muertes, que existieron las lesiones, que existieron un conjunto de agresiones al ciudadano común y corriente que se manifestaba en las calles”. 

Por otro lado, el jurista afirmó que el respaldo a la labor de Carabineros no puede superponerse a la defensa de los derechos humanos, convicción que el abogado se formó en los 22 años que dirigió la oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial.

“Yo sé cómo vive un Carabinero, sé que es un chileno que está muy mal pagado, que está estresado, que no tiene controles psicológicos cada seis meses, que son muy maltratados por la propia institución, hay que decirlo. Hay Carabineros que ahí trabajan con un estrés permanente, que no se le respetan los turnos, que los oficiales también abusan de los funcionarios, entonces le tengo cariño a la institución de Carabineros porque sé cómo viven y ellos fueron aprendiendo también de los derechos humanos, fueron aprendiendo de que nosotros no somos una fuerza hostil. Los derechos humanos son una disciplina que alberga, que protege, que recibe todos estos dolores”.

Sin perjuicio de ello acotó que “quiero lo mejor para Carabineros también, pero para el Carabinero que actúa dentro del marco de sus funciones, dentro de un estado de derecho, el Carabinero que ejercita ese principio que está en la propia Constitución de Pinochet que es el principio de servicialidad“.

En esa línea el abogado relevó las repercusiones que tiene el apropiado empleo de la fuerza. “¿Qué reparación tiene el joven Gatica, la senadora Campillai? ¿Cómo podemos resarcir el daño que se les causó? No hay manera, entonces ahí actuaron mal los funcionarios públicos y no olvidemos aquello, sino no vamos a ser capaces de construir una sociedad democrática donde podamos convivir en el respeto, que nosotros respetemos a la fuerza pública, pero la fuerza pública respete también a los ciudadanos”. 

Por lo demás, Caucoto hizo hincapié en la necesidad de elevar los estándares en las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos. “Sería bueno que el Ministerio Público, que los fiscales entendieran que no se puede investigar una violación de derechos humanos como se investiga un robo, un hurto, o la acción de un ratero”.

“Al tema de derechos humanos tienen que darle la máxima importancia porque es el Estado el que está involucrado, el Estado a través de sus funcionarios, es el Estado el que tiene que instruir“, señaló.

En esa línea comentó que “cuando me fui de la Corporación llegamos a tener 300 causas que estaban radicadas en la justicia militar y esas 300 causas en la justicia militar, los abogados hicimos una reunión y dijimos bueno ¿Qué hacemos? ¿Seguimos en la justicia militar o la llevamos al Ministerio Público? Y la verdad es que tuvimos que optar por la justicia militar, lo que es un absurdo ¿Por qué? Porque el Ministerio Público todo lo cierra, todo lo archiva”.

“No investiga absolutamente nada, menos estas causas que es un arresto ilegal, que es una violencia innecesaria, no la investigan, no les dan importancia y yo creo que ahí está el tremendo error en esta ineficacia en la investigación a la violación de los derechos humanos y los hechos ocurridos con el estallido”, afirmó.

Por tanto, el jurista llamó a poner énfasis en los crímenes de lesa humanidad. “Si tuviéramos mayor interés y preocupación por investigar los temas de derechos humanos como corresponde habríamos tenido ya mucha más gente formalizada”, señaló.