El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó este viernes que el 31 de octubre entregarán la propuesta de política nacional contra el crimen organizado, tal como lo solicitó el Presidente Gabriel Boric.

El personero encabezó en Iquique la cuarta sesión del Consejo Asesor Regional Contra el Crimen Organizado, donde también participaron las ministras de la Mujer, Antonia Orellana, de Bienes Nacionales, Javiera Toro, de Vivienda, Carlos Montes y el delegado Presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros.

En la oportunidad, Monsalve señaló que “a fines de octubre se le va a entregar al Presidente un documento que constituya una propuesta de una política nacional contra el crimen organizado”.

“El Presidente nos ha mandatado que coloquemos atención y foco en particular no solo en comentar y en discutir, sino en hacernos cargo de los problemas que afectan a las personas que viven en la zona norte de Chile”, aseguró.

La autoridad también se refirió a la situación de seguridad pública en la Región de Tarapacá y reconoció que “es evidente que desde el punto de vista del crimen organizado, hoy día la situación sin duda la consideramos grave”.

Puntualizó en que si uno “lee, no la opinión del gobierno, sino que los informes oficiales del Ministerio Público, los lee el año 2019, 2020 o 2021, el agravamiento y la complejización del crimen organizado viene siendo advertido desde hace ya bastante tiempo”.

Añadió que “vamos a tener un encuentro con la asociación de alcaldes de la zona norte y vamos a discutir cómo, en conjunto con los municipios y el Gobierno, atendemos los problemas que afectan a las personas”.

Además, confirmó que la próxima semana tendrá una reunión con los fiscales regionales de Arica y Parinacota, Antofagasta y de Tarapacá, ya que quieren “fortalecer las capacidades que están a disposición de los fiscales para la persecución del delito”.

Por su parte, la ministra Orellana indicó que su presencia en esta reunión fue porque desean “pedir una especial atención de todas las agencias de control, organismos persecutores de la justicia, y de todo el Estado para detectar a tiempo los signos de explotación sexual comercial y de trata de niños, niñas, mujeres y adolescentes”.