Tras casi 22 horas de tramitación en el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de presupuesto al sector público 2023 que considera un crecimiento de un 4,2% respecto del 2022.

En el caso de la partida del Tesoro Público, se rechazó la asignación de casi 15 mil millones de pesos para el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

En la partida del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se aprobaron los recursos, no obstante, se rechazó completo el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, que son 90 mil millones de pesos destinados a instituciones colaboradoras, entre ellas, Villa Grimaldi, Fundación Eduardo Frei Montalva, Londres 38, la Casa de la Memoria, Fundación Patricio Aylwin, la Corporación Estadio Nacional, Memoria Nacional, Fundación Salvador Allende, Museo de la Memoria, entre otros.

Por otra parte, se rechazaron los fondos para Conaf y Áreas Silvestres Protegidas en la partida de Agricultura. Respecto a Conaf, se llamó al Gobierno a solucionar las condiciones laborales de los guardaparques que reciben escasos sueldos en una labor de sacrificio y entrega los 365 días del año. Se llamó la atención, en este contexto, sobre la paralización de dichos trabajadores, que comenzó en el parque nacional Torres del Paine y que se extendió a otros recintos de Chile.

Lo que se aprobó

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó la partida relativa al Ministerio de Salud. La iniciativa considera ingresos y gastos por una suma superior a 12 billones de pesos. A estos montos se agregaron 6.200 millones de pesos para la renovación de infraestructura del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

En cuanto al per cápita de Atención Primaria de Salud (APS), se aumentó la cifra de 9.618 pesos por paciente a 10.000 pesos.

Entre otras partidas aprobadas están las destinadas a los Gobiernos Regionales; el presupuesto para el Ministerio de Ciencia, como también para el de la Mujer y Equidad de Género, Deporte, Medio Ambiente, Energía, Transportes y Telecomunicaciones, Vivienda y Urbanismo, Educación y Trabajo.

Se aumentará en más de 117 mil millones de pesos los recursos para financiar programas como Mejor Niñez y la entrada en vigencia de la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Adicionalmente, en Educación, se aumentarán los recursos para gratuidad en el nivel superior y para las Becas BAES. En paralelo, se incrementará la cobertura de los programas en materia de convivencia y salud mental escolar. También, se reajustará el Programa de Alimentación Escolar para mejorar las raciones y se invertirán más de 156 mil millones en infraestructura educacional.

También se aprobaron los recursos para el Ministerio Secretaria General de Gobierno, sin embargo, se rechazaron los 13 mil millones de pesos destinados para los gastos en personal. Es decir, no hay presupuesto para los salarios de los trabajadores de esta cartera a nivel nacional.

Otras partidas aprobadas es la correspondiente a la Presidencia de la República que considera ingresos y gastos por 20.437 millones de pesos. Presenta una variación total de 1,1%, respecto al presupuesto del año en curso.

La Partida del Congreso Nacional considera dineros por 152.557 millones de pesos, lo que implica una variación total de un 5%, respecto al presupuesto 2022. De este total, se financian cinco instituciones:

Senado: $53.411 millones.

Cámara de Diputadas y Diputados: $82.472 millones.

Biblioteca del Congreso Nacional: $15.178 millones.

Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias: $613 millones.

Comité de Auditoría Parlamentaria: $881 millones.

Otras luces verdes

En el caso del Poder Judicial, la partida aprobada considera ingresos y gastos por 640.648 millones de pesos. Financia cuatro áreas:

Poder Judicial: considera una asignación total de $452.880 millones.

Unidades de Apoyo a Tribunales: presenta $31.216 millones.

Corporación Administrativa del Poder Judicial: se le asignan $152.366 millones.

Academia Judicial: contempla dineros por $4.184 millones.

Por su parte, la partida de la Contraloría General de la República considera ingresos y gastos netos por 96.938 millones de pesos. Implica una variación total de 2,6% respecto del presupuesto del año en curso.