En medio del complejo panorama social, político y económico que atraviesa el país, el Observatorio del Derecho a la Comunicación (OCD) informó que “desde la crisis social de 2019 se ha producido un preocupante aumento de las agresiones a periodistas y comunicadores durante sus labores”, registrando más de 400 ataques por parte de fuerzas del orden público mediante seguimiento de casos, revisiones de prensa y solicitudes de acceso a la información a través de transparencia.

En ese sentido, la ONG dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión recordó el ataque con disparos que sufrió un equipo de TVN en 2021 en la Región de la Araucanía y el fallecimiento de la periodista Francisca Sandoval, reportera de la Señal 3 de La Victoria luego de recibir un disparo mientras cubría una protesta en el marco del Día del Trabajador en el Barrio Meiggs, el pasado 1 de mayo.

Frente a estos hechos, la organización comunicó el desarrollo del proyecto ‘Aplicación de los Indicadores de Seguridad de Periodistas en Chile’, el que señalaron “contará con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el que será ejecutado por investigadores del ODC entre noviembre de 2022 y junio de 2023, con el objetivo de contribuir a la protección de las y los trabajadores de la prensa e impulsar el perfeccionamiento de políticas públicas en la materia”.

El director del Observatorio, Javier García, expresó que “Chile se encuentra en una crisis de libertad de expresión que se ha agudizado desde el estallido social y la emergencia sanitaria afectando el ejercicio pleno de la democracia. Por eso con este proyecto buscamos generar conciencia entre los diferentes agentes involucrados: periodistas, fiscales, investigadores, legisladores, entre otros, para impulsar el debate y el desarrollo de medidas efectivas para la promoción de la seguridad y la protección de las y los trabajadores de la prensa”.

La entidad apuntó que la iniciativa toma como base las recomendaciones e indicadores de Seguridad de Periodistas realizados por la Unesco y contempla la realización de informes sobre la situación en Chile, una base de datos sobre las agresiones registradas a la prensa desde 2019 y dos talleres sobre seguridad física y digital para el desarrollo de la actividad informativa.

Además, indicaron que los principales hallazgos se presentarán al finalizar el período de ejecución del proyecto durante un seminario en el que se debatirá sobre posibles mejoras para proteger la labor periodística con agentes de organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas.

De acuerdo a los datos recopilados por la ODC, desde octubre de 2019 hasta noviembre de 2021 se contabilizaron 403 ataques contra la prensa, a través de amenazas e intimidaciones contra periodistas, comunicadores, fotógrafos y medios de comunicación y añadió que la mayoría de las agresiones y actos de hostigamiento ocurrieron cuando las y los trabajadores se encontraban realizando cobertura informativa de las protestas y fueron cometidas principalmente por funcionarios de Fuerzas Especiales.

En el marco del denominado estallido social, el informe sobre Libertad de Expresión en el Contexto de las Protestas y Movilizaciones en Chile – elaborado por ODC y Fundación Datos Protegidos con la colaboración de académicas de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile – apuntó que “solamente entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019 se documentaron 171 ataques: 102 a causa de disparos de armas disuasivas, 5 por gases lacrimógenos, 3 por vehículo lanza aguas, así como 27 detenciones arbitrarias y 34 relativos a distintas formas de hostigamientos como golpes, empujones o controles de identidad. Es decir, un 60% del total de ataques correspondían a impactos de proyectiles de armas disuasivas (perdigones y bombas lacrimógenas), destacando entre los casos más graves dos personas con pérdida ocular y denuncias por maltrato y violencia sexual contra dos periodistas detenidas en Arica por parte de funcionarios policiales”.

“Ya en pandemia, según el Informe sobre Libertad de Expresión 2020 (ODC – FDP – FCEI), se observa un nuevo escenario donde los ataques a la prensa continuaron, pero cambiaron de forma. En total se contabilizaron 105 ataques, 75 de ellos fueron detenciones arbitrarias bajo el pretexto de incumplimiento a la normativa de prevención sanitaria o de resistirse a la autoridad. Además, se identificó un incremento del uso de gases disuasivos y carros lanza aguas contra la prensa”, agregaron.

En tanto, durante 2021 se constataron 127 agresiones contra la prensa por parte de agentes del Estado y si bien señalaron que se redujeron las detenciones arbitrarias bajo causa de medidas sanitarias o de acciones contra la autoridad, se incrementaron los ataques con gas pimienta a fotoreporteros y actos de hostigamiento para impedir o dificultar el ejercicio de la labor de periodística.

En esa línea, sostuvieron que “más del 86 % de los registros de casos corresponden a la Región Metropolitana y se refieren, en su mayoría, a agresiones producidas en el contexto de la cobertura informativa de las protestas en Plaza Baquedano. Las víctimas de los ataques han sido principalmente reporteros freelance y de medios independientes”.