La decisión de la Corte Suprema, de completar la quina de candidatos para el cargo de Fiscal Nacional sumando a la fiscal de Ñuble, Nayalet Mansilla y fiscal de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, estuvo cruzada por una polémica protagonizada por la vocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco. 

Ello porque previo al pleno que completaría la quina, la portavoz de la Suprema reconoció haber sostenido reuniones con Patricia Muñoz, Marta Herrera y Carlos Palma, juristas que postularon al cargo que detentó Jorge Abbott.

En lo relativo a Palma, Vivanco dio cuenta de un encuentro que tuvo con el fiscal de Aysén en su domicilio junto a la presencia de otros cuatro ministros de la Corte. Una cita que según señaló la vocera de la Suprema, no pasa por Ley de Transparencia. “La reunión con Carlos Palma es una reunión que se realizó en mayo, cinco meses antes de que dejara el cargo el fiscal Abbott y mucho antes de que se pensara en las candidaturas al Fiscal Nacional porque como todos recordarán, incluidos los medios de comunicación, en ese tiempo nuestra principal preocupación y tema era fundamentalmente todo aquello que estaba pasando en la Convención Constitucional”, señaló.

Y agregó que “nosotros como ministros no tenemos la obligación de transparentar nuestra vida social privada, porque incluso las normas que acabo de mencionar se refieren a las reuniones que tenemos en ejercicio del cargo y con fines justamente relacionados con el ejercicio del caso”.

Por tanto afirmó que “las reuniones que yo realizo privadamente en mi casa y muchos meses antes de que en definitiva este fuera un proceso formal, entiendo que no tengo ninguna responsabilidad de transparentarlas, tampoco me lo exigen las normas de transparencia, pero sí al ser interrogada sobre ella explique cuál era la naturaleza de esa reunión, porque no tengo nada que ocultar”.

En cuanto a las reuniones con Herrera y Muñoz, Vivanco indicó que se trató de reuniones desarrolladas en su despacho por iniciativa de las juristas. “Este tema para mí no es un tema que se discuta, si una persona pide que yo la reciba para saludar o para presentarse, normalmente yo así lo acepto, salvo que esté en un periodo cercano a una votación que no es el caso de las personas que me visitaron porque faltaba tiempo todavía para el cierre de las candidaturas, en consecuencia no tenían la calidad legal de candidatos, sí de postulantes”, sostuvo.

Consultada por su reunión con Vivanco, la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, indicó que “yo solo puedo decir que esa reunión es pública, está en la página del Poder Judicial, no tengo nada que esconder ni he tenido que esconder nunca”. 

Así las cosas, el accionar de la vocera de la Corte Suprema ha concitado cuestionamientos desde el mundo político. El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, consideró que las declaraciones de Vivanco tienden a confundir sobre el proceso. “Creo que a veces es mejor guardar un poquito de silencio porque los dichos de la vocera respecto de lo que es privado, lo que es público, qué tan privado, qué tan público, la verdad es que enredan un poco las cosas. Yo creo que el lobby debe ser siempre registrado y público y abierto”, indicó.

En tanto, el senador del Frente Regionalista Verde Social, Esteban Velásquez, consideró que “tenemos que revisar el procedimiento de cómo se nominan los candidatos a Fiscal Nacional. Los procedimientos ya están muy manoseados con errores de por medio y hay que revisarlos para que en ocho años más no estemos cometiendo los mismos errores”.

Consultado por esta materia, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, señaló que “no voy a opinar respecto a decisiones que adoptan otros poderes del Estado, solo quiero destacar que en el caso del Senado existe un reglamento que establece que toda reunión que tenga un senador o senadora con un nombre propuesto por el Presidente de la República para ser designado en el cargo, debe declararse conforme a las normas de transparencia y por tanto se le aplican algunas medidas de la normativa respecto lobby”.  

Respecto a los plazos para la designación del próximo Fiscal Nacional, Elizalde indicó que el tribunal “debe informar sobre el resultado del pleno al Presidente de la República conforme lo establece la ley orgánica constitucional del Ministerio Público, el Presidente tiene cinco días corridos para elegir un nombre de la quina, envíe el oficio al Senado y el Senado tiene cinco días también corridos para pronunciarse”.

Por tanto, señaló que “de acuerdo a los tiempos estimados, nosotros vamos a convocar a una sesión especial el próximo martes o miércoles para que el Senado se pronuncie respecto de la decisión del Presidente de la República“.