A poco menos de 48 horas de anunciado el denominado “Acuerdo por Chile” para habilitar un segundo proceso constituyente, si hay algo que ha concitado la atención en la opinión pública ha sido el rol que desempeñarán los 24 expertos designados por el Congreso Nacional en la redacción de la nueva constitución.

De hecho, una de las preguntas que saltan a la palestra tiene que ver con ¿Qué se entiende por un experto? Esto, considerando que, según el consenso suscrito por los partidos, los señala como personas con “indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica”, pero que en la práctica algunas propuestas abarcan desde abogados constitucionalistas hasta ex presidentes.

El diputado socialista y miembro de la comisión de Constitución, Marcos Ilabaca, comentó que “esta va a ser una discusión que se va a zanjar cuando se presente el proyecto de reforma constitucional en la comisión. Creemos y estamos súper seguros de que es importante desarrollar un proceso de nominación de personas que tengan una dilatada trayectoria, en particular del área de las ciencias jurídicas y del derecho constitucional”, agregando que tanto la modalidad como los requisitos para determinar estos nombres también se profundizarán en la discusión legislativa.

En ese sentido, afirmó que “lo que hace el acuerdo es entregarnos los grandes lineamientos respecto a lo que va a desarrollarse en la reforma constitucional. Tenemos que esperar el texto de la reforma propiamente tal y respecto al tema de la remuneración de los expertos soy de aquellos que creo que toda persona que presta un servicio, como es trabajar en la construcción de una nueva Constitución, debe recibir una remuneración porque si esto no fuera así, estaríamos dejándole a una elite que nadie sabe quién la financia a cargo de llevar este proceso”.

Esto último, en referencia a las dudas que surgieron sobre las características que rodearían el papel de los expertos y respecto al cual el Presidente de la República, Gabriel Boric, fue enfático en señalar a través de redes sociales que estos cargos serán remunerados, contraviniendo lo previamente dicho por el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, quien aseguró que los que formen parte de este comité no recibirían pagos.

El Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales y ex constituyente independiente, Agustín Squella, consideró que el acuerdo firmado por los partidos plantea más bien “una definición de notables que de expertos”. “La verdad es que espero que en esto, como tantas otras materias que el acuerdo no logró a desarrollar, la próxima reforma constitucional sea más precisa, de manera que lo que se defina como expertos responda a lo que habitualmente se entiende como tales y no personalidades o notabilidades”, dijo.

En esa línea, mostró sus reparos ante la idea de que ex mandatarios puedan formar parte del órgano que redactará el anteproyecto de la nueva Constitución, expresando que “tal vez sería mejor que ellos continuaran como lo han hecho Frei, Sebastián Piñera, Ricardo Lados, Michelle Bachelet, dando opinión, orientación desde sus puntos de vista para esta fase continuadora del proceso constituyente, que instalarlos en el grupo de expertos”.

“Ahora si alguno de ellos se quisiera postular a convencional lo podría hacer, pero tampoco creo que lo hagan. La condición de ex presidente en Chile siempre ha tenido una connotación muy positiva, incluso cuando a uno u otro expresidente no es de su agrado, hay una posición que a mí me parece buena, de respeto. Creo que sería más eficaz que siguieran hablando desde esa tribuna, que formando parte del equipo de los expertos”, recalcó.

En tanto, el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, manifestó respecto a este último punto que se trata más bien “de una discusión artificiosa que no conduce a nada. Primero porque no veo que los ex presidentes y la expresidenta vayan a estar muy interesados en participar en esta instancia. No los veo en una lógica deliberativa, ellos están en una situación muy distinta. Entonces, creo que es una discusión que no es conducente a nada y que alguien lo planteó, pero finalmente no tiene ningún asidero”.

Asimismo, planteó que sobre el perfil de los expertos “la descripción que se hace en el acuerdo es bien genérica, es amplia respecto de quién podría caer en esa categoría, pero lo verdaderamente importante de eso es que quien califique esos atributos o esas competencias es el Congreso. Al final esta es una decisión política, no es técnica”.

No obstante, mencionó que “cuando hablamos de expertos o de técnicos la referencia que uno tiene son personas que tienen competencias en lo que podría ser la discusión de un texto constitucional, no tienen que ser expertos en redactar las leyes. Es deseable que tengan grados académicos sí, pero no creo que sea excluyente. Tuvimos expertos en la Convención pasada y vimos que, a pesar de su gran expertise, resultaron incluso más complicados los planteamientos que ellos hacían que los no expertos”.